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Las Fuerzas Federales afectadas a brindar seguridad en Santa Cruz atraviesan exactamente las mismas circunstancias que las familias policiales santacruceñas que protestan
El acuartelamiento del 85% de la Policía de Santa Cruz no es un conflicto provincial. Es el síntoma más visible de una crisis económica e institucional que devora a las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Federales bajo la órbita de Seguridad Nacional y a todas las policías del país.
Desde el 2 de junio, carpas frente a la Casa de Gobierno, adhesión del Servicio Penitenciario y Bomberos, y un reclamo que no admite eufemismos: “sueldo digno” y “mejores condiciones laborales”. La respuesta del gobernador Claudio Vidal ante un conflicto anunciado fue pedir auxilio a Nación. El gobierno de Javier Milei ordenó que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria patrullen las calles de Santa Cruz.
El Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva, confirmó la conformación de un Comando Unificado. Según su entorno, la ministra se comunicó “desde el primer momento” con Vidal y el ministro de seguridad provincial. Hoy, las Fuerzas Federales reemplazan a la policía local con el despliegue ya existente en la provincia.
La paradoja es brutal: las Fuerzas Federales afectadas a brindar seguridad en Santa Cruz atraviesan exactamente las mismas circunstancias que las familias policiales santacruceñas que protestan. Mismos sueldos que no alcanzan, mismo endeudamiento, misma obra social vaciada que descuenta pero no atiende. Se manda a tapar un incendio con personal que también se está quemando.
“Vidal tiene miedo”, corearon los oficiales el viernes por la noche, según registró el medio Señal Calafate. Miedo tiene el personal que no llega a fin de mes. Miedo tienen las familias que ven cómo el uniforme dejó de ser sostén para ser condena.
Paralelamente al grave deterioro económico, que ya es la marca personal de La Libertad Avanza, se profundiza otra crisis que indigna: la sanitaria. El vaciamiento y colapso de las obras sociales es total. Desde hace años no prestan servicios, los turnos no existen, las prestaciones se cortan, pero el descuento al afiliado llega todos los meses sin falta. El cuadro lo completa la entrega descarada de miles de afiliados a empresas privadas de salud, rompiendo por completo el principio solidario que rige a las obras sociales. Los primeros experimentos ya se están haciendo con Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, seleccionadas como conejillos de Indias para evaluar si se avanza con las tres fuerzas federales restantes. El sistema de prepaga está especialmente diseñado para usuarios con altos ingresos. Con sueldos por debajo de la línea de la pobreza y familias numerosas, la imposición de copagos deja claramente fuera del sistema al personal uniformado. Mientras tanto, se atiende en hospitales públicos saturados o paga de su bolsillo lo que debería estar cubierto.
A esto se suma un gran vacío de poder. La incompetencia en la gestión y la pérdida de legitimidad de los altos mandos completan el cuadro. No conducen, no contienen, no representan. El personal está solo. Huérfano de conducción política. Huérfano de conducción y representatividad.
Cuando un Estado necesita que las Fuerzas Federales reemplacen a las policías provinciales para garantizar la seguridad mínima, usando para eso personal que sufre la misma crisis, el problema ya es estructural. No es Santa Cruz. Es todo el sistema. No se resuelve con parches ni con despliegues de emergencia. Se resuelve con salarios que permitan vivir, con obras sociales que funcionen y con mandos que tengan autoridad moral para conducir.
Hoy la pobreza y la indigencia no distinguen jurisdicción ni uniforme. Y el hambre y la necesidad no esperan órdenes.
Tribuna de Periodistas
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