OPINIÓN
Cumple 20 años el delirante conflicto internacional por la pastera Botnia, que reflejaba el espíritu asambleísta de la época y fundó la praxis kirchnerista de cooptar y radicalizar hasta el absurdo los conflictos sociales
Por Gustavo Noriega
“Papá Noel se va a morir, cuando pase por el río Uruguay”. Cualquier consumidor de momentos bizarros en TV reconocerá este glorioso clip de unos niños sosteniendo un cartel que decía “No a las papeleras” y cantando sobre sus peligros. Previamente, una madre había explicado que Papa Noel era una tradición mítica de origen finlandés, misma procedencia que las papeleras instaladas en Fray Bentos, Uruguay, y que cuando bajara por las chimeneas iba a contaminarse de dioxinas, contraer cáncer y ahí, dijo explícitamente antes de dar paso a la voz de los niños cantores, “chau Navidad”. El remate de este gran momento fue la vuelta al piso del noticiero, con un correcto y articulado conductor como Rodolfo Barili tranquilizando a la población infantil: “Chicos, Papa Noel no se va a morir”.
El episodio televisivo resume algunas de las locuras de la época, como por ejemplo, la paranoia apocalíptica mezclada con lenguaje científico. La madre invoca en su simplificación delirante una palabra específica, “dioxinas”, blindando al discurso de una respetabilidad adquirida. El resultado fue una ciudad movilizada para impedir que los vecinos del otro lado del río instalaran una industria legal.
El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de fábricas de celulosa de la papelera Botnia arrancó en 2005 y tuvo su momento más candente en 2006, hace 20 años. Como anticipaba Barili, Papa Noel no se murió. El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó en 2010 que no había evidencia de contaminación significativa. Hubo otra contaminación: la de la metodología que el gobierno empezó a usar para las discusiones públicas. Esa se potenció con el tiempo.
Adhesiones sencillas
Sin gente preocupada por las repercusiones ambientales de los efectos de la industria, estaríamos viviendo en un mundo peor. Sin embargo, la adhesión a las causas ecológicas, como demostró el episodio de las pasteras, es demasiado sencilla, muy propensa al discurso demagógico que puede unir menciones sentimentales a la “vida” con terminología científica, se puede arropar sin dificultades con la vestimenta de los buenos y muestra al protagonista enfrentado heroicamente contra empresas extranjeras, lo cual le suma el fervor nacionalista.
Los ejemplos son infinitos y como muestra baste recordar el speech de Dolores Fonzi el otro día al agradecer en los premios Goya, en España, haciendo una alusión a la Ley de Glaciares, diciendo que en la Argentina habíamos “puesto en venta el agua”. Las consignas y simplificaciones funcionan como una manera de llamar la atención sobre un tema. El riesgo que presentan es que a menudo reemplazan el debate público. Eso es lo que suele pasar en los reclamos ambientales. No hay discusión seria sino intercambio de consignas.
La primera pregunta que debían haber hecho los argentinos en el momento del conflicto no era la de la contaminación del río, cuyo cuidado, como quedó demostrado posteriormente, estaba garantizado por los estudios ambientales responsables, sino por qué una empresa finlandesa decidía instalar plantas en un país pequeño como el Uruguay y no en la Argentina. La respuesta tiene que ver con varios factores. Uno es la actitud favorable a los negocios por parte de los uruguayos, con tradición de estabilidad jurídica, sin cambio de las reglas de juego y niveles de corrupción insignificantes comparados con los nuestros. Políticas de largo plazo que daban como resultado que ese país pequeño tuviera una superficie de plantaciones forestales similar a la de la Argentina, teniendo un tamaño notablemente inferior. (Chile, con políticas similares a las de Uruguay, tiene hoy el doble de superficie forestal que la Argentina.) Cuando Botnia quiso instalarse en la región, Uruguay ya estaba preparado para recibirlo. Argentina, en cambio, producto del desastre de 2001, pensaba que las asambleas de vecinos eran el camino más corto hacia la prosperidad. El espíritu asambleístico confirmó a nuestro país como un territorio desconfiado de los negocios y propenso a enarbolarse en causas generales por las cuales valía la pena militar.
El caso de las pasteras llegó a un punto extremo tal que generó un conflicto internacional serio con el país más hermano que podamos imaginar, refugio de argentinos perseguidos desde el siglo XIX y lugar de paseo y veraneo para nuestra clase media. Fue fundamental para eso la postura del gobierno argentino, que dejó hacer a los vecinos ambientalistas de Gualeguaychú en su corte de la ruta internacional que une ambos países. Las asambleas vecinales cortaron la ruta en reiteradas ocasiones desde 2005, pero de manera permanente entre 2006 y 2010. A menudo, los cortes fueron extendidos hacia los otros pasos fronterizos, el que une Colón con Paysandú y el de Salto Grande, haciendo imposible el paso entre países por vía terrestre. Es una metodología de protesta claramente ilegal que no podría haberse logrado sin la aquiescencia del gobierno argentino, que no desalojó la ruta ni buscó convencer a los asambleístas de deponer la medida.
En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner, que había asumido el 25 de mayo de 2003, estaba explorando las posibilidades que le daba su súbita popularidad. Se estaba gestando el sistema de obra pública como ente recaudador personal, pero lo más importante para su proyecto eran los espacios de legitimación política que le sumaban a su escaso capital inicial. En esos años de equilibrio fiscal y recuperación económica, Kirchner tomó algunas decisiones arriesgadas y novedosas, como el retiro de los cuadros de los dictadores en el Colegio Militar, la operación contra Enrique Olivera antes de las elecciones legislativas de 2005 y desde noviembre de 2005 la asunción en la práctica de las política económica luego de la renuncia del ministro Roberto Lavagna (lo que culminaría en enero de 2007 con la intervención del Indec).
El anuncio de la instalación de las papeleras y la reacción de los vecinos de Gualeguaychú encontraron al gobierno dominando el espacio político y jugando apuestas fuertes y arriesgadas. Así como ya había hegemonizando a las organizaciones de derechos humanos, vio que la pueblada de los entrerrianos enfrentados a Uruguay era otra posibilidad de cooptar un movimiento civil. Se inauguró un método que se iba a repetir en el futuro, especialmente con el feminismo y la Ley del Aborto.
El conflicto de las papeleras reflejó el paso de un gobierno que pretendía ser responsable en lo fiscal e integrador a nivel nacional a adoptar formas partisanas y extremar las posiciones en cada uno de los conflictos, llevando las cosas al extremo en que se terminaría conociendo como la grieta. Si la decisión política de avalar en la práctica el corte de una ruta internacional era extrema y desconcertante, pocos meses después, una vez liberados del tutelaje del ministro Lavagna, llegaría la intervención al Indec, algo que fue no solo de una gravedad impensada sino que además dejaba al país, como en el caso de las papeleras, con una pésima imagen internacional.
La historia nos juzgó. El corte fue levantado recién en 2010, casi cinco años después de haber comenzado, luego del fallo de La Haya. El tribunal internacional dictaminó que Uruguay había violado el procedimiento de consulta pero que no se comprobó contaminación significativa y que las fábricas debían seguir funcionando. El gobierno kirchnerista ya no estaba preocupado con la contaminación y la soberanía ambiental. Había pasado a usar la metodología del enfrentamiento para luchar contra los productores agropecuarios (algunos de los cuales eran de Gualeguaychú y habían participado del movimiento vecinal) y para dominar a la fuerza los números del Indec. En 2011, Argentina seguía siendo un país refractario a los negocios y amigo del asambleísmo, políticas que fueron plebiscitadas por la sociedad al consagrar el segundo período de Cristina Kirchner con el 54% de los votos en primera vuelta. Desde aquellos años, las cosas no harían más que empeorar. Uruguay, por el contrario, siguió siendo un país con crecimiento continuo del PBI, baja de la pobreza y una inflación bajo control.
Revista Seúl
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