OPINIÓN
Las pruebas sugestivas que prometen vincularla
La causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) escaló hasta convertirse en uno de los mayores escándalos dentro del Gobierno del presidente Javier Milei luego de los procesamientos dictados por el juez Sebastian Casanello a 19 personas incluyendo a Diego Spagnuolo, el ex titular del organismo.
La investigación, que busca descubrir una asociación ilícita, puso bajo la lupa un sofisticado sistema de retornos donde las droguerías proveedoras del Estado simulaban una competencia que en los hechos no existía.
Lo que más interés genera por estas horas es el acceso a una serie de audios y capturas de pantalla que hacen alusión reiteradamente a las siglas “KM” como la destinataria de una comisión de aproximadamente el 3% de cada contrato adjudicado.
La justicia puede no tener dudas al respecto de a quién se refieren al hacer mención a “KM”, aunque por el momento no pudo (o no quiso) demostrarlo sin miedo a cometer una equivocación.
En ese sentido, el avance judicial fue implacable contra los mandos medios y los empresarios del sector de la salud, pero existe un área gris que la justicia aún no logró despejar referente a la participación de las altas esferas del poder.
Mientras los investigadores analizan teléfonos y computadoras incautados en los allanamientos para reconstruir la cadena de mandos, tal como contó Tribuna de Periodistas, el apoderado de LLA, Santiago Viola, ejerce como operador judicial realizando gestiones reservadas para tratar de zafar a la secretaria General de Presidencia de la responsabilidad que podría tener en este complejo entramado de corrupción.
No es algo nuevo, mucho menos novedoso. El operativo comenzó en el mismo momento en el que se realizaron medidas cautelares para prohibir la difusión de nuevos audios que por entonces podrían complicar a la hermana del presidente.
Paralelamente a esta situación, el organismo enfrenta un revés jurídico por la suspensión masiva de pensiones no contributivas, lo que obligó a la justicia a ordenar la restitución de beneficios a más de 100.000 personas, sumando una capa de conflicto social a un organismo que, en medio del escándalo, ya tiene fecha de disolución para ser absorbido por el Ministerio de Salud en un intento de limpiar la gestión.
Más allá de lo antedicho, es necesario insistir en que la gran incógnita que mantiene en vilo a la política y la sociedad toda es si el peritaje definitivo sobre los dispositivos electrónicos logrará transformar la sospecha de las siglas “KM” en una imputación formal o si el muro judicial construido alrededor de la funcionaria más poderosa del gobierno resultará impenetrable.
Prueba sugestiva
El primer indicio de la participación de Karina Milei en el entramado surge de una serie de audios filtrados de Diego Spagnuolo, un hombre de extrema confianza de los hermanos Milei, en los que menciona explícitamente que la recaudación de retornos provenientes de contratos con droguerías tenía como destino final a “El Jefe” y a Eduardo “Lule” Menem.
Estos audios, que el oficialismo intentó desestimar inicialmente como una creación de inteligencia artificial, ganaron peso en el expediente tras peritajes preliminares que validaron la autenticidad de la voz del funcionario.
A esto se suma el hallazgo de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete, un empresario procesado en la causa, donde aparecen anotaciones manuscritas con las siglas “KM” junto a porcentajes que oscilan entre el 3% y el 4%, coincidiendo con los montos de las coimas descritos por los investigadores.
Esas mismas iniciales aparecieron en chats de Ornella, la hija de Calvete, en los que se lee el mensaje “con el 3% para KM está bien”.
Otro punto de sospecha tiene que ver con que se detectaron maniobras de borrado de chats de parte de Diego Spagnuolo mantenidos con Karina Milei en fechas que coinciden con licitaciones millonarias de medicamentos, lo que a las claras podría ser interpretado como un posible intento de destrucción de pruebas.
Asimismo, la decisión judicial de prohibir temporalmente la difusión mediática de dichos audios no hace más que agregar sospechas sobre la participación de la secretaria General de Presidencia.
Las gestiones de Santiago Viola para tratar de blindar a Karina Milei suman otro capítulo a esta telenovelesca trama de corrupción. ¿Quién intenta despegarse desde la sombra de algo que no hizo?
Finalmente, la relación de subordinación directa de los principales procesados —todos nombrados por la confianza personal que los unía a los Milei antes de la función pública— sugiere la existencia de una estructura de recaudación donde es difícil que estas decisiones de tal magnitud pasaran inadvertidas para la cúpula del poder.
Tribuna de Periodistas
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