OPINIÓN
La creación de una Oficina de Respuesta Oficial que presiona al sector, resurgen viejas alertas sobre el rol del periodismo como contrapoder y la necesidad de actualizar, sin eliminar, las garantías que protegen a los trabajadores de prensa en una democracia saludable
No es casualidad. Cada vez que las situaciones políticas degeneran en crisis el poder central reacciona doblando la apuesta para desbaratar las objeciones y las oposiciones. Ahora, en el intento de hacer una reforma laboral imperfecta que conmueve a toda la estructura de los trabajadores, se suma el asedio al periodismo con la amenaza de “eliminar” la Ley 12.908, es decir el Estatuto del Periodista Profesional.
Los periodistas argentinos viven siempre el asedio del poder. Hay infinidad de episodios promovidos por dictaduras militares y gobiernos democráticos que apuntaron contra, no solo de la libertad de prensa y de expresión, sino también de los derechos adquiridos para la función periodística a través de los años.
Afortunadamente, la libertad de informar, de resguardar la confidencialidad de las fuentes de información, están protegidos por la Constitución Nacional reformada en 1994. No es ese el punto en cuestión, aun cuando el actual Gobierno nacional se empeñe en contradecir noticias o informes de los medios a través de una Oficina de Respuesta Oficial (ORO), algo así como una trinchera dispuesta a atajar penales desde el Gobierno.
Con ese nombre la flamante oficina, que será apenas un usuario más de X, se dispone a “desmentir” cualquier cosa que no le guste, y de paso zarandear al periodista, buchonearlo públicamente y, por qué no, causarle daño al medio periodístico. Es de público conocimiento que “desmentir” tiene un valor relativo después que se instaló la noticia -cualquiera sea-. El desmentido siempre llega tarde, y casi no tiene efecto a menos que esté impulsado desde el poder central.
La oficina digital ORO anunció que se propuso atacar lo que denomina “desinformación”, y dice en su comunicado: “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”. Excelente propósito, pero debe funcionar en ambos sentidos porque las mentiras se impulsan también desde el poder. La descalificación sin argumentos de una información no es suficiente, el insulto contra el mensajero es un agravante, las respuestas deben tener contenido y bases de refutación, no solamente gritos y jajaja.
Los periodistas no están preocupados por eso, quieren que nadie intente “eliminar” el Estatuto, donde varios artículos los preservan en sus derechos elementales como trabajadores de prensa, compensan la vulnerabilidad del puesto de trabajo en relación a los mandatos empresariales con instrumentos indemnizatorios elevados para reducir los despidos injustificados por conflictos profesionales o presiones de distinta índole.
Sin embargo, hay que reconocer que el estatuto ha quedado vetusto respecto de esos objetivos primordiales. Es sumamente necesaria una readecuación de sus contenidos, especialmente para proteger e incorporar a los periodistas que usan las nuevas tecnologías, entre ellas la Inteligencia Artificial.
Llevar a esta ley a los requerimientos del siglo XXI. Son innumerables las previsiones que hay que tomar al respecto. Este reconocimiento no avala la eliminación del Estatuto, por el contrario, lo fortalece. Urge conservar el espíritu de protección que permite que el periodismo siga siendo el contrapoder necesario en toda democracia saludable.
Dentro del Estatuto existen cláusulas que determinan la pirámide de crecimiento profesional dentro de los medios, y hasta ahora se ha respetado en general, y también incluye algunos artículos que se refieren a los sueldos por categoría. Es, en realidad, una suerte de estatuto con convenio de trabajo incluido. Contiene valores desactualizados, ha caducado la relación dineraria con el puesto de trabajo.
Esta etapa de gobierno libertario, no liberal, ha generado además una declinación apabullante en los salarios que ahora son raquíticos hasta en los más grandes medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos. La compensación está dada por el arraigo personal a la imagen pública de los periodistas, a costa de sueldos miserables.
No se incluye en esta observación a los programas de televisión con conductores y columnistas que funcionan en base a sus preferencias políticas, oficiales u opositoras. Esos programas tienen pautas privadas, y oficiales, y sus recaudaciones provienen de negocios hábiles provenientes de las relaciones publicitarias.
El trabajador de un medio gráfico no huele un centavo de esas ganancias, y en algunos casos hasta el medio periodístico tiene dificultad para recibir publicidades de gran monto. De allí que se hable, por el Estatuto, de la vulnerabilidad de los puestos de trabajo y la caída de los salarios de forma estrepitosa.
El Estatuto del Periodista Profesional Ley 12.908 nació formalmente en 1946, como ley, y han pasado 79 años desde entonces. Hubo algunas reformas, pero ninguna actualizó la herramienta a los tiempos presente y futuro. FOPEA es la institución que realmente conoce este tema y mantiene el prestigio necesario para enfocarse profesionalmente en la reforma.
Los sindicatos de prensa de todo el país, nucleados dentro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), también reclaman participar del debate y, entre otras cosas, piden modernizar la ley con la incorporación de nuevas categorías nacidas de la digitalización de las noticias, la incorporación de la inteligencia artificial, las nuevas plataformas, los streamings y las redes sociales que inciden en la circulación y consumo de noticias.
La posición adoptada por el Gobierno sobre el tema no es distinta a las ya conocidas en épocas pretéritas, incluyendo las intervenciones en los medios oficiales, como Télam, desguazada esta vez hasta su eliminación total.
Recordemos, en 1955 la dictadura militar decidió que los medios periodísticos adherentes al peronismo fueran lisa y drásticamente censurados, cerrados. Pregunta: ¿qué pasó con los periodistas profesionales y los administrativos de esos medios? Virtualmente el Estatuto del Periodista Profesional quedó congelado. Los medios tradicionales, como La Prensa, La Nación y Clarín salvaron sus papas por su rol de opositores.
El 28 de junio de 1966, cuando el general Juan Carlos Onganía dio el golpe contra el presidente Arturo Illia, implantó una censura rígida que alcanzó no solo a la prensa sino también a las expresiones culturales como el cine, el teatro y hasta la lírica, con la prohibición de la ópera Bomarzo, de Mujica Lainez y Ginastera.
El mismo 24 de marzo de 1976 la labor de la prensa quedó regida bajo el Comunicado Nº 19 que en los hechos suprimía la libertad de prensa al reprimir con la cárcel a quien difundiera actividades “subversivas” o desprestigiara a las Fuerzas Armadas o de Seguridad.
Por el lapso de dos semanas funcionó dentro de la Casa de Gobierno una oficina de censura donde los responsables de las publicaciones debían acercar sus materiales para que su publicación fuera leída y autorizada. Y, en abril de 1976, la Secretaría de Prensa y Difusión emitió otro comunicado a los medios prohibiendo difundir información sobre muertes de “subversivos”, aparición de cadáveres o desaparición de personas, a menos que lo informara una fuente oficial.
Si el Gobierno de Javier Milei avanza en esas direcciones, ya se sabe cuál será el resultado. Disgusta esta memoria, solivianta los ánimos. Si los periodistas, cualquiera sea su orientación política, evitan interceder en esta cuestión, estarán haciendo el caldo gordo para que se produzca el desbande.
Es importante recordar: los gobiernos pasan, los periodistas quedan.
Parlamentario
Comentarios
Publicar un comentario