OPINIÓN
Los derechos de exportación nacieron como una herramienta transitoria de recaudación, pero se han convertido en un mecanismo permanente
Por Ángeles Naveyra
Este miércoles 9 de abril se reabre el debate por los derechos de exportación (DEX). La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados abrirá los micrófonos a diferentes actores de la cadena agrobioindustrial para exponer sus ideas.
Luego de 17 años del recordado voto “no positivo”, el Congreso abre nuevamente el debate sobre las -mal llamadas- “retenciones”, en respuesta a un paquete de iniciativas legislativas de todos los bloques. Actualmente hay 6 proyectos en agenda, presentados por casi todos los bloques: el PRO la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Unión por la Patria que apunta a un mismo objetivo: la eliminación de los derechos de exportación.
El trabajo de los Legisladores del Agro
Recientemente, unos treinta diputados y senadores de la Nación de todos los bloques tuvieron un adelanto en una jornada de trabajo. En las oficinas de la Fundación Barbechando pudieron analizar los escenarios de baja y eliminación de los derechos de exportación y se generaron debates para lograr los consensos previos con análisis y datos técnicos. Distintas instituciones de la Agrobioindustria expusieron datos sobre el marco jurídico, el impacto en la cadena agroindustrial y el nivel de incidencia en las arcas del Estado.
Un debate que concluye en crecimiento económico y mayor competitividad
En base a datos técnicos, el impacto positivo de la reducción de la carga impositiva en el agro -a través de la eliminación de los Derechos de Exportación- se reflejaría en toda la economía nacional, con generación de empleo, mayor actividad productiva y mejor distribución de recursos en las provincias.
Los derechos de exportación nacieron como una herramienta transitoria de recaudación, pero se han convertido en un mecanismo permanente que atenta contra la inversión, la generación de empleo y el crecimiento federal. Esta carga ha sido, además, implementada históricamente por decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sin intervención del Congreso, en clara contradicción con lo que establece la Constitución Nacional. Además, la Corte Suprema de Justicia se expresó en la misma línea a través del fallo “Camaronera Patagónica” (2014): los derechos de exportación son impuestos y, como tales, solo pueden ser creados o modificados por ley.
Desde la Fundación Barbechando insistimos en la importancia de este debate. La competitividad del agro es clave para la economía argentina, y cualquier reforma debe realizarse en el ámbito del Congreso de la Nación. Es tiempo de darle al sector la previsibilidad que necesita para seguir siendo uno de los motores de desarrollo y generación de empleo.
(Infobae)
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