OPINIÓN
La situación del empleo y los salarios en la Argentina es, cada vez más, un asunto central en la agenda pública
Más que eso, un drama de la ciudadanía común, esa que no forma parte del 10% de la población que tiene botes salvavidas en el recurrente Titanic nacional. El restante 90% comienza cada mes desde cero, en el mejor de los casos, y los consejos sobre en qué invertir los ahorros le suenan a sarcasmo. Para una parte importante de ese segmento, hasta el empate entre ingresos y gastos es un marcador inalcanzable, y sus niveles de endeudamiento crecen.
En abril, la consultora Focus Market realizó una encuesta que involucró a 2670 hogares. De ella surgió que 6 de cada 10 familias afrontan deudas bancarias y no bancarias por un total -en promedio- de 5,8 millones de pesos. En enero, la tasa de morosidad bancaria estaba en el orden de 11%, cuando un año antes era una cuarta parte de ese registro. Uno de los orígenes de esta tendencia es que se toma financiamiento para atender otras deudas ya vencidas. Deuda adicional que, si las cosas no cambian, habrá que volver a bicicletear con nuevos créditos.
Es patear hacia adelante una pelota que los bancos se encargarán de convertir en bola de nieve. Las tasas de refinanciación que vienen aplicando las entidades establecen un costo financiero total (CFT) del orden de 170% anual. Casi seis veces la inflación interanual actual y de diez a veinte veces la evolución salarial de los sectores no bendecidos por el actual modelo económico.
Implosión
El debilitamiento de los salarios frente a la variación del costo de vida derivó en un obvio enfriamiento del mercado interno, del que viven las pequeñas y medianas empresas. Se estima que menos de 2% de las pymes argentinas comercian regularmente con el sector externo. El 98% restante depende del poder de compra de la población nacional.
Por eso, el cuadro de situación de las pymes replica en gran medida el de los consumidores. La tasa de morosidad bancaria de las pequeñas y medianas empresas se incrementó 93% en enero de este año con respecto al mismo mes de 2025, llegando a 8,2% (contabilizando firmas con retrasos mayores a los 90 días en sus pagos). Las empresas con atrasos de más de 180 días en sus compromisos bancarios también son muchas más, redondeando un incremento de 84% interanual.
Arca, pero no de Noé
Hay otro aportante clave a la crisis de las pymes: el nuevo organismo ARCA, ex Afip. La agencia recaudadora nacional aplica en su misión una política de tolerancia cero y cargos desmesurados que expone todo el cinismo de un Estado que obliga al empresariado a subsistir en condiciones totalmente adversas (mercado interno moribundo, estructura impositiva asfixiante, legislación laboral jurásica, tasas bancarias de usura) y al mismo tiempo le impone tributos como si las compañías se desempeñaran en el mejor de los mundos y obtuvieran, gracias a ello, ganancias descomunales.
La realidad es totalmente otra: el Estado, gracias la inestimable labor de sucesivos gobiernos manejados por funcionarios nefastos, destruyó la economía del país y obliga a los empresarios pyme a vender en el cementerio. Remata la faena poniendo sobre los hombros de los contribuyentes obligaciones desmesuradas. En los últimos dos años cerraron 24.000 pymes, y de las que quedan 42% dice estar hoy peor que en 2025 y 59% considera inviable planificar inversiones.
Cuando, previsiblemente, las víctimas de este sistema se ven imposibilitadas de pagar sus compromisos con el fisco, la oficina recaudadora no tiene empacho en bloquear cuentas o disponer embargos que suelen ser el punto culminante de tanto estropicio. El mismo Estado que lleva a los pequeños y medianos empresarios a la terapia intensiva es el que luego les retira el respirador. Según datos de Cgera (Confederación General Empresaria), 4 de cada 10 pymes tienen deudas vencidas con ARCA y teme por embargos que serían difíciles de levantar por la caída de ventas y el encarecimiento del crédito. Agua al cuello, y subiendo.
Por si esto no bastara, de un día para el otro el gobierno actual abrió de manera casi indiscriminada las importaciones, con el argumento de que las empresas locales, y particularmente las industrias, deben "reconvertirse" para competir con productos de compañías que en sus países tienen todo lo que las firmas argentinas no tienen en el nuestro: apoyo estratégico para ganar mercados, contextos protegidos ante la competencia externa, acceso a financiamiento blando, marcos regulatorios favorables, políticas de incentivo y sistemas impositivos que vuelven tentadora la inversión, además de reglas de juego que se mantienen en el tiempo, más allá de los recambios gubernamentales. Es decir, el Estado argentino les dice hoy a los industriales locales que salgan a la cancha a jugar de igual a igual con los extranjeros, y desde hace décadas los obliga a calzarse botines de plomo.
Justos y pecadores
El resultado está cantado. ¿Qué chances tiene de competir un empresario textil argentino con uno chino y ganarle? Más o menos las mismas que si a Colapinto en Fórmula 1 lo obligaran a correr con un Renault 12.
Es verdad, a la vez, que bajo el discurso del proteccionismo y la defensa de "lo nacional" las administraciones anteriores armaron un sistema de subsidios turbios y regulaciones distorsionadoras hechas a la medida de funcionarios lábiles y empresarios bandidos, pero son los menos. No se puede hacer ahora pagar a todos los emprendedores del país por las avivadas de una minoría.
Por otro lado, la teoría de que la mejor manera de enseñar a nadar es arrojar al alumno hacia el agua profunda, de modo que no tenga otra opción para salvarse que hallar por su cuenta la manera de mantenerse a flote, a veces funciona. ¿Pero cada cuántos ahogados hay uno que lo logra? Concretamente, ¿cuántos miles de empleos más habrá que destruir para que llegue el momento en que las pymes argentinas logren sobrevivir no solo a la competencia que llega libremente desde afuera sino también al propio Estado?
Porque conviene insistir en algo: no es verdad que haya un Estado ausente. Está presente, muy presente. El Estado nunca falta, asiste cada día y se hace notar todo el tiempo: en la ausencia de límites a la usura bancaria sobre empresas y ciudadanos comunes, en las imposiciones y refinanciaciones incumplibles de ARCA, en la telaraña impositiva perversa que logró que el sector público no sea una herramienta al servicio de la sociedad sino un fin en sí mismo, en el empobrecimiento general que deja sin ingresos al emprendedor y al trabajador sin empleo, en la destrucción de la calidad educativa que tarde o temprano se traduce en menor generación de riqueza, en la carencia de infraestructura adecuada para estimular y movilizar la producción, en los beneficios constantes y descarados a los grandes grupos, en el sostenimiento de leyes laborales que atentan contra una mejora de los pésimos índices de productividad de la economía, en el tironeo ficticio -"para la gilada"- con una dirigencia gremial decadente, en la pobreza de ideas que hizo que antes la emisión monetaria fuera presentada como la llave mágica que podía resolver los problemas y que hoy sea reemplazada por la teoría de que el ajuste sobre el ajuste del ajuste traerá por sí sola prosperidad y bonanza.
Milei se definió no hace mucho como un "topo" cuyo objetivo es "destruir el Estado desde adentro". Pero sin embargo lo mantiene saludable y rozagante en sus aspectos más desesperanzadores. La posibilidad de un auténtico desarrollo nacional, el crecimiento inclusivo, no son posibles ni con el curanderismo económico del kirchnerismo ni con el motosierrismo obtuso de la gestión libertaria, que tienen, paradójicamente, un punto de encuentro: la destrucción progresiva de la inversión nacional y, consecuentemente, el desmoronamiento del mundo del trabajo. Como para que no digamos que están en desacuerdo en todo.
NORTE
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