OPINIÓN
Mientras un millón de personas contamina el Río de la Plata
Por Carlos Mira
Hay algo particularmente obsceno en la política argentina: la facilidad con la que ciertos dirigentes construyen discursos épicos mientras ignoran —o directamente conviven— con realidades que huelen, literalmente, a cloaca.
El caso del vertido de desechos sin tratar en el Río de la Plata, a la altura de Berisso y Ensenada, no es una metáfora. Es una postal concreta: arroyos a cielo abierto transportando residuos de cerca de un millón de personas, un emisario roto desde hace décadas, y una ausencia total —estructural— de una planta de tratamiento adecuada. El resultado no es solo contaminación. Es degradación ambiental, sanitaria y moral.
Y sin embargo, quienes hoy deberían dar explicaciones son los mismos que se presentan como custodios del planeta.
Axel Kicillof gobierna la provincia desde 2019. Cuatro años largos en los que este problema —que no es nuevo, pero sí persistente— sigue exactamente donde estaba: en el abandono. No hubo prioridad, no hubo urgencia, no hubo decisión política. Lo que sí hubo fue relato. Mucho relato.
Porque mientras el Río de la Plata recibe materia fecal sin tratamiento, el discurso oficial se llena la boca hablando de “sustentabilidad”, “cambio climático” y “justicia ambiental”. Conceptos nobles, sin duda. Pero vaciados de sentido cuando ni siquiera se resuelve lo más básico: que los desechos humanos no terminen flotando en el agua.
La hipocresía se vuelve aún más grotesca cuando aparecen figuras como Juan Grabois, siempre dispuesto a pontificar sobre la moral ambiental, la “Casa Común” y los pecados del capitalismo, pero curiosamente silencioso frente a estas tragedias concretas que ocurren bajo gobiernos que él mismo apoya.
¿Dónde está la indignación de Grabois ante un millón de personas cuyos residuos contaminan el río sin tratamiento? ¿Dónde está la denuncia, la movilización, el escrache moral que sí aparece cuando el enemigo es otro?
La respuesta es incómoda pero evidente: el ambientalismo de estos sectores no es un compromiso con la naturaleza, sino una herramienta política. Se activa o se apaga según la conveniencia ideológica del momento.
Esto quedó en evidencia años atrás, durante el debate por la ley de glaciares. Allí sí hubo épica, denuncias, discursos inflamados sobre la protección de recursos estratégicos. Allí sí se construyó una narrativa de defensa del ambiente frente a intereses económicos.
Pero cuando el problema no es una multinacional ni un proyecto extractivo, sino la propia incapacidad del Estado —su desidia, su ineficiencia, su abandono— el silencio es ensordecedor.
Porque no hay nada más difícil de admitir para este modelo que su propia responsabilidad en la degradación ambiental.
Es más fácil denunciar a una minera en la cordillera que explicar por qué, en pleno siglo XXI, la capital de la provincia de Buenos Aires y sus alrededores siguen arrojando excremento al río como si viviéramos en el siglo XIX.
Es más cómodo hablar de “derechos de la naturaleza” que garantizar algo tan elemental como una planta de tratamiento de efluentes.
Y es, sobre todo, más rentable políticamente sostener una indignación selectiva que enfrentar la evidencia de que el problema no es el sistema que critican, sino la gestión que defienden.
El olor nauseabundo que describen los pescadores de Berisso no es solo el de los desechos. Es el de una política que perdió toda coherencia.
Porque cuando el ambientalismo se convierte en un discurso vacío, deja de ser una causa para convertirse en una coartada.
Y en ese proceso, el río —y la gente— pagan el precio.
The Post
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