EL GOBIERNO CONCENTRA PROYECTOS SENSIBLES EN EL SENADO

POLÍTICA

Discapacidad, salud mental y propiedad privada, impulsan la agenda en el Congreso, priorizando a la Cámara alta como la de origen de las iniciativas

El Senado afrontará en los próximos dos meses un paquete legislativo extenso y de alto impacto político, luego de que el Ejecutivo decidiera priorizar ese cuerpo para el envío de los proyectos más controvertidos. Entre las iniciativas remitidas recientemente figuran las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental, que se suman a proyectos ya enviados desde diciembre como el de Propiedad Privada.

La prioridad dada a la Cámara alta responde a la composición de fuerzas en ese recinto: la jefa del bloque de la La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consolidó una mayoría que articula al espacio violeta con bloques dialoguistas, como la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Frente de la Concordia (Misiones), Despierta Chubut, Primero los Salteños, la Neuquinidad y los representantes de Santa Cruz, alcanzando entre 40 y 44 votos. A ese número se le suman en algunos casos los tres legisladores de Convicción Federal, desprendimiento del interbloque peronista que redujo a este último a una minoría de 25 senadores.

Por esa configuración política, el Senado contará con la facultad de dirimir definiciones finales sobre los proyectos más polémicos en los cuales se introduzcan modificaciones en Diputados. Además del debate legislativo, la cámara alta tiene previsto tratar cerca de 90 pliegos, lo que configura una agenda parlamentaria especialmente cargada en el corto plazo.

Con el bloque que comanda Bullrich más los sectores aliados, La Libertad Avanza se garantiza entre 40 y 44 votos en el Senado.

En materia de discapacidad, la reforma propuesta establece un reempadronamiento obligatorio de los titulares de pensiones por invalidez laboral, con la exigencia de acreditar la condición médica y la situación económica: quienes no cumplan podrán ver suspendido el pago del beneficio. Se contempla la incompatibilidad entre percibir la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y mantener un vínculo laboral formal o estar inscripto en los regímenes general o simplificado. El monto de la Pensión No Contributiva se mantendría equivalente al 70% de la jubilación mínima, sin aumentos adicionales previstos por el Ejecutivo.

La iniciativa incluye además un sistema de auditorías periódicas y la utilización de cruces de datos entre organismos públicos (ANSES, AFIP/Sistema de Identificación Fiscal y Social, entre otros) para verificar el cumplimiento de requisitos. Frente a incumplimientos objetivos, la ley habilita la suspensión preventiva de la prestación. También se prevé el reempadronamiento de beneficiarios otorgados bajo el artículo 9° de la Ley N° 13.478 y sus modificatorias, con el objetivo de actualizar información personal, socioeconómica y médica.

La reforma de Salud Mental introduce cambios relevantes en la conducción de la atención: establece equipos interdisciplinarios con la presencia obligatoria del médico psiquiatra y otorga mayor peso a la evaluación médica en decisiones sobre diagnósticos, tratamientos e internaciones. Aunque mantiene la internación como recurso excepcional, la redacción admite internaciones no voluntarias en situaciones de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, ampliando los supuestos respecto de la ley vigente. Asimismo, incorpora el consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental y faculta a la autoridad de aplicación a definir dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación.

En cuanto a la ley de Propiedad Privada, el proyecto modifica restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros, eliminando el tope vigente de 1.000 hectáreas y limitando las autorizaciones a países o entidades vinculadas a los mismos. Se introducen cambios que reducen las posibilidades de expropiación, lo que complica la regularización dominial en barrios populares. También se suprime la prohibición de suspensión de desalojos por diez años, se elimina la obligatoriedad de destinar el 25% de las obras a organizaciones de los propios barrios y se instrumenta un procedimiento acelerado para desalojos: se reduce el plazo de intimación por falta de pago de 10 a 3 días y acorta a 5 días el proceso para ejecutar el desalojo, requiriéndose solo el título de propiedad en lugar de caución real.

Finalmente, el proyecto suprime artículos de la ley de Manejo del Fuego que impedían la venta por 60 años de humedales, bosques nativos y áreas protegidas afectadas por incendios, y elimina la prohibición de cambiar el destino de zonas agrícolas incendiadas por 30 años. Las modificaciones propuestas generan expectativas de debate intenso en el Senado debido a su alcance sobre derechos sociales, protección ambiental y ordenamiento territorial.

El Canciller