OPINIÓN
Acerca de Martín Menem y el fin de la transparencia
Por Nicolás Sanz
La Cámara de Diputados de la Nación, bajo la conducción de Martín Menem, funciona con una evidente opacidad que contradice las promesas de transparencia y la propia lógica del liberalismo que pregona el presidente Javier Milei.
Uno de los retrocesos más significativos se observa en la restricción del acceso a la información sobre los asesores con los que cuentan los diputados, en un contexto donde el nepotismo es moneda corriente.
De manera silenciosa, tal como pudo comprobar Tribuna de Periodistas, Menem dispuso que ya no sea pública la cantidad del personal asignado a cada legislador que ejerce funciones en la Cámara baja del Congreso de la Nación.
Esta decisión eliminó una herramienta de control ciudadano fundamental, ya que anteriormente cualquier usuario podía verificar en la web oficial cuántas personas integraban el equipo de cada legislador y bajo qué categorías.
Al ocultar estos listados de los despachos, se impide conocer el destino real de los fondos públicos y se facilita el nombramiento de personal sin el debido escrutinio, transformando la estructura del Congreso en un sistema de información de acceso restringido.
Esta falta de visibilidad sobre los equipos de trabajo coincide con el desembarco de diversos integrantes del “clan Menem” en estructuras clave del Estado, apalancados por su pertenencia al riñón político de la secretaria General de Presidencia Karina Milei.
Tanto Martín como su primo Eduardo “Lule” Menem son hombres de extrema confianza de la hermana del presidente, ocupando lugares estratégicos en la estructura del poder libertario.
En tal contexto, el caso más resonante dentro de la propia Cámara es el de Federico Sharif Menem, sobrino del presidente de Diputados, quien con apenas 23 años fue designado como director general de la Secretaría Privada de la Presidencia.
Estas designaciones, validadas por el propio Martín Menem bajo el argumento de contar con personas de su entorno íntimo, se dan en un contexto donde el acceso a la nómina completa de empleados se volvió un laberinto prácticamente inaccesible.
La opacidad se extiende también a las licitaciones a las que tuvo acceso Tribuna de Periodistas, ya que existen procesos iniciados hace meses cuyos resultados finales permanecen en el anonimato, sin que figuren las actas de adjudicación correspondientes.
Como ejemplo se puede mencionar el caso de la adquisición de insumos para el Taller de Cerrajería (llaves, cerraduras y picaportes), cuyos sobres se abrieron el pasado 26 de noviembre, o la provisión de pisos vinílicos y zócalos con apertura realizada el 16 de diciembre.
Incluso tareas de mantenimiento en áreas sensibles, como el desmonte y colocación de alfombras en la galería reservada del recinto, cuya apertura de sobres se dio el 19 de diciembre pasado, carecen de una adjudicación que identifique a los proveedores ganadores o los montos que finalmente fueron destinados para tales fines.
La resistencia a rendir cuentas parece ser una política de Estado para la presidencia de la Cámara de Diputados, de hecho, la publicación de los gastos durante el 2024 no surgió de un compromiso, sino que fue el resultado de pedidos de acceso a la información y fuertes presiones ejercidas por Tribuna de Periodistas, que puso en evidencia las dilaciones oficiales.
A pesar de aquel antecedente, la situación no hizo más que empeorar. Ya finalizando el primer trimestre del 2026 no existen registros sobre la ejecución de los gastos realizados por la Cámara de Diputados durante el 2025.
Es algo en lo que coincide Karina Milei, cuya Secretaría mantiene la página donde deberían estar expuesto los datos de ejecución presupuestaria “en mantenimiento” hace aproximadamente un año.
Pero, tal como se mencionó más arriba, no son hechos aislados, todo indica que se trata de una política de Estado que contradice a la “moral” que supo enarbolar el propio Milei durante la apertura de sesiones ordinarias.
Esta opacidad se asienta sobre un historial de contrataciones que ya generaron fuertes escándalos y polémicas durante el pasado reciente. La gestión de Menem quedó en el centro de las críticas por el contraste entre el ajuste pregonado y los gastos internos del Congreso.
Entre los episodios más escandalosos se encuentran las órdenes de compra por más de 448 millones de pesos en servicios de catering de lujo para los legisladores y la contratación directa de la firma de limpieza La Bizantina SA por montos cercanos a los mil millones de pesos.
Sin embargo, el escándalo de mayor envergadura refiere a una contratación realizada por el Banco de la Nación Argentina a mediados del año pasado.
El BNA adjudicó un contrato por casi 4.000 millones de pesos para servicios de seguridad a la empresa Tech Security SRL, la misma en la que hasta diciembre de 2023 el propio Martín Menem figuraba como socio, transfiriendo sus acciones a su hermano Adrián días antes de asumir la presidencia de la Cámara.
La licitación despertó denuncias penales y sospechas de corrupción, no solo por el vínculo familiar evidente, sino por la abismal diferencia de costos. Cabe destacar que otra de las empresas preseleccionadas, briefing Security, había cotizado el mismo servicio por un monto 94% menor al que finalmente se le otorgó a la firma de los Menem.
Este patrón de beneficios familiares y falta de transparencia proyecta una sombra de duda sistemática sobre el manejo de los fondos públicos en la era de una casta que fue reinventada.
Tribuna de Periodistas
Comentarios
Publicar un comentario