OPINIÓN
En el debate político argentino suele instalarse una dicotomía simplista: o se defiende el Estado Benefactor o se es un enemigo de los pobres
Por Carlos Mira
En el debate político argentino suele instalarse una dicotomía simplista: o se defiende el Estado Benefactor o se es un enemigo de los pobres. Esa narrativa ha sido durante décadas una herramienta retórica formidable para quienes hicieron de la demagogia su principal instrumento de poder. Sin embargo, la experiencia histórica argentina obliga a formular una pregunta incómoda: ¿el problema fue realmente la idea del Estado Benefactor o la manera en que se la utilizó en la Argentina?
La noción europea del Estado Benefactor no nació como un dispositivo perverso. Surgió en sociedades con instituciones relativamente sólidas, baja tolerancia social a la corrupción y una cultura política donde el Estado era concebido como administrador de recursos públicos, no como botín de guerra para la clase gobernante. En muchos países europeos —con matices y dificultades— ese modelo permitió financiar sistemas universales de salud, educación y protección social que, aunque imperfectos, funcionan razonablemente bien.
Pero trasladar esa idea a la Argentina implicó ignorar una diferencia fundamental: aquí el problema no es sólo el diseño del sistema, sino la naturaleza de quienes lo administran y la cultura política que lo rodea.
En lugar de un Estado Benefactor que garantice servicios públicos de calidad para todos, lo que se construyó fue una estructura gigantesca de distribución arbitraria de privilegios. Subsidios, empresas públicas, regulaciones y programas sociales se transformaron en herramientas de clientelismo, favores políticos y enriquecimiento personal.
El resultado fue una perversión completa del concepto original. Mientras se invocaban los nobles objetivos de “igualdad” y “justicia social”, una parte significativa de los recursos terminaba en bolsillos privados o en redes de poder destinadas a perpetuar a los mismos dirigentes en el gobierno.
El truco político fue siempre el mismo. Los dirigentes argentinos citaban como ejemplo a países con altísimos estándares institucionales —Suecia, Dinamarca, Alemania— para justificar programas estatales ambiciosos. Lo que nunca mencionaban era que esos países tienen niveles de corrupción bajísimos, administraciones públicas profesionales y sociedades que castigan duramente el abuso del poder.
En la Argentina se quiso importar el gasto, pero no la institucionalidad que lo hace viable.
Así, la promesa de “servicios para todos” se convirtió en una ficción funcional al poder. El sistema producía déficits, inflación, servicios públicos deteriorados y una economía cada vez más frágil. Cuando los resultados inevitables aparecían, el relato oficial encontraba rápidamente un culpable externo: los “grupos concentrados”, el “neoliberalismo”, “la derecha” o cualquier otro enemigo útil.
La ecuación era perfecta para quienes vivían de la política: el Estado crecía, el poder también, y las responsabilidades siempre recaían en otros.
El drama argentino, entonces, no es simplemente económico. Es cultural e institucional. Una idea que en otros contextos puede funcionar razonablemente bien fue degradada aquí por una combinación letal de demagogia, corrupción y manipulación política.
Durante décadas se vendió a la sociedad una promesa imposible: un Estado generoso financiado por una economía cada vez más debilitada y administrado por dirigentes que trataban los recursos públicos como propiedad privada.
El resultado está a la vista.
Quizás el problema nunca fue la idea del Estado Benefactor en sí misma. El problema fue pretender aplicarla en un sistema político donde demasiados actores ven al Estado no como un proveedor de servicios públicos, sino como la caja de la cual servirse.
En ese contexto, el “Estado Benefactor” dejó de ser un instrumento de bienestar colectivo para convertirse en algo muy distinto: la máscara moral detrás de uno de los mecanismos de saqueo más persistentes de la historia argentina.
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