SOCIEDAD
Denuncia por presunto maltrato infantil y separación forzada
Por Pablo Trapiani
Yamila Gisela Caffa, una vecina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y madre de dos niñas, denunció ante Tribuna de Periodistas una serie de hechos que, según afirma, derivaron en la separación forzada de su hija mayor, Muriel Altair, hoy de 10 años, y en un proceso judicial que busca declarar su estado de adoptabilidad pese a que cuenta con familia.
Los hechos se remontan al año 2018, cuando Muriel, por entonces de tres años, asistía a un Centro de Primera Infancia (CPI) ubicado en el barrio porteño de Constitución. Los CPI son dispositivos creados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la falta de vacantes en jardines de infantes estatales.
Según relata la madre, un día al retirar a su hija del establecimiento, la niña le contó que una de las docentes, identificada como “seño Ana”, la había retado y golpeado en las muñecas. Además, Muriel habría sido castigada tras una pelea con otro niño, siendo dejada sola en una sala conocida como “sala de bebés”, un espacio en desuso que, de acuerdo con el testimonio, se utilizaba como método de sanción.
Caffa solicitó una reunión con la directora del CPI, Laura Cepeda, quien —según su relato— habría reconocido que, ante situaciones de conflicto, algunos niños eran aislados hasta que se “calmaran”. Tras ese encuentro, la madre decidió retirar a su hija del establecimiento y radicó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, aportando pruebas, testigos, una grabación del relato de la menor y conversaciones con otra madre del mismo curso, cuyo hijo también habría referido episodios de violencia por parte del personal docente.
En 2019, ya embarazada de su segunda hija y en pareja, Caffa asegura haberse enterado de que la directora del CPI la había denunciado penalmente, acusándola de amenazas y agresiones verbales, hechos que la madre niega y que, afirma, no contaron con pruebas ni testigos. Paralelamente, Cepeda habría realizado una “señal de alerta” ante el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, acusando a la madre de intentar encubrir supuestos malos tratos hacia Muriel.
A raíz de esa denuncia, profesionales de la Defensoría Zonal 3 de la Comuna 3 —integrada por trabajadoras sociales, psicólogas y una letrada— iniciaron una investigación que pasó a formar parte de un expediente de “control de legalidad”.
El 26 de agosto de 2019, al momento de retirar a Muriel del jardín estatal al que asistía entonces, Caffa fue informada de que su hija había sido retirada por personal policial y una trabajadora social y trasladada a un Centro de Atención Transitoria (CAT). Posteriormente, la niña fue derivada al Hogar Pimpinela, en la provincia de Buenos Aires.
La Defensoría Zonal inició el expediente N.º 57730/2019 con el objetivo de declarar a Muriel en estado de adoptabilidad y dictó medidas cautelares que impiden a la madre todo tipo de contacto con su hija, incluida la posibilidad de que conozca a su hermana menor.
La causa se encuentra a cargo de la jueza subrogante Lucila Califano, del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 9, con intervención del defensor de menores Marcelo Gustavo Jalil. Según denuncia la madre, ninguno de sus pedidos de revinculación fue admitido.
En el expediente, el Hogar Pimpinela habría presentado informes señalando que la niña se encuentra “bien adaptada” y solicitando la asignación de una nueva familia. Asimismo, la madre afirma que Muriel fue evaluada por profesionales de centros de salud mental —entre ellos el CONICET y el Centro Hugo Rosales— a instancias de personas vinculadas al hogar, con el objetivo de producir informes favorables a la adoptabilidad.
Caffa también denuncia que el hogar publica imágenes de niños institucionalizados, incluida su hija, en redes sociales, y sostiene que Muriel no se encuentra en situación de abandono, sino que tiene familia y fue separada de ella de manera injustificada.
“Mi hija tiene familia. Lo que están haciendo es una apropiación por parte del Estado, un secuestro institucional”, afirma la madre, quien sostiene que este tipo de prácticas se repiten desde hace años y que muchas mujeres son rotuladas como “incapaces de maternar” por las defensorías zonales, dando lugar a procesos de separación definitiva.
Tribuna de Periodistas
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