OPINIÓN
Por qué Argentina teme abrir su economía y reconvertirse
Por Carlos Mira
Cada vez que en Argentina se insinúa la posibilidad de abrir la economía, el reflejo es casi automático: aparece el fantasma del “industricidio”. La idea se repite como un mantra —sin industria no hay país grande— y funciona como una frontera simbólica que, para muchos, no debería cruzarse jamás. Abrir equivale a destruir, competir equivale a perder y dejar de proteger equivale a resignarse al atraso. Sin embargo, basta con correr el eje geográfico para que ese razonamiento empiece a crujir.
Australia es el ejemplo incómodo que suele quedar fuera del debate local. No porque sea secreto, sino porque desarma demasiadas certezas a la vez. Con enormes limitaciones naturales, aislada de los grandes centros industriales del mundo y sin un mercado interno capaz de sostener economías de escala masivas, Australia figura desde hace décadas entre los países con mejor nivel de vida del planeta. Salarios altos, bajo nivel de pobreza estructural, Estado sólido y finanzas públicas financiables. Todo eso sin haberse convertido jamás en una potencia industrial manufacturera clásica.
El punto clave, muchas veces omitido en el debate argentino, es que no existe ninguna ley económica ni histórica que establezca que un país solo puede ser grande si tiene una industria manufacturera pesada y protegida. Lo que hace grande a un país no es la forma de su aparato productivo, sino su capacidad de generar valor, sostener ingresos altos, innovar y ofrecer calidad de vida a su población. Hay países grandes sin industria, países industriales pobres y países con industrias gigantescas que no logran bienestar. La industria no es un fin en sí mismo: es apenas una de las posibles herramientas. Convertirla en condición moral de la grandeza nacional es confundir medios con objetivos.
Australia no negó su realidad ni intentó forzar un modelo que no le calzaba. Hizo exactamente lo contrario: abrazó sus ventajas comparativas sin complejos. Minería, agro altamente tecnificado, energía, servicios financieros, educación, salud y logística se convirtieron en el corazón de su economía. No buscó fabricar de todo ni levantar industrias por motivos simbólicos. Apostó a hacer pocas cosas, pero hacerlas mejor que casi todos, orientadas al mundo y con estándares globales.
Eso no significa que haya renunciado a la industria. La tiene, pero sin romanticismo. Es una industria ligada a sus recursos naturales, al agregado de valor posible y a la exportación. No existe la noción de que una fábrica deba sostenerse indefinidamente por el solo hecho de existir. Si no es competitiva, se reconvierte, se transforma o desaparece. La lógica no es salvar estructuras, sino preservar bienestar. El costo social de los cambios se gestiona con políticas públicas, no con cierres de fronteras eternos.
La comparación deja en evidencia una diferencia más profunda que la económica. En Argentina, la resistencia a un modelo como el australiano no es solo técnica: es cultural, política y emocional. La adaptación y la reconversión suelen leerse menos como herramientas de supervivencia que como señales de derrota. Cambiar equivale a admitir que algo fracasó, y admitir un fracaso —individual, sectorial o colectivo— es casi un tabú nacional.
Buena parte de esa resistencia está anclada en un relato histórico persistente: el de un país “destinado a ser grande” al que algo, siempre externo, le impide cumplir su promesa. En ese marco, la industria no es solo una actividad económica; es una prueba simbólica de que esa grandeza sigue siendo posible. Por eso, cada cierre, cada reconversión, cada desplazamiento hacia otro sector se vive como una amputación identitaria más que como una evolución natural.
Esa carga simbólica se traduce en política pública. La reconversión suele plantearse como un problema a evitar, no como un proceso a gestionar. En lugar de acompañar transiciones, el Estado tiende a congelar estructuras. Se subsidia para que nada cambie, no para que algo nuevo nazca. El resultado es una economía donde muchos sectores no compiten por eficiencia, innovación o productividad, sino por cercanía al poder y capacidad de presión. Adaptarse queda asociado al ajuste, y el ajuste, al castigo.
También pesa el temor al costo político del cambio. Proponer reconversiones reales implica asumir conflictos, atravesar períodos de incertidumbre y explicar verdades incómodas que rara vez coinciden con los tiempos electorales. Sostener empleos inviables resulta, en el corto plazo, más rentable que admitir que esos empleos, tal como existen, no tienen futuro. La promesa de protección reemplaza así al proyecto de transformación.
A esto se suma una desconfianza estructural hacia el mundo. Mientras Australia partió de la premisa de que integrarse era una necesidad y que competir era inevitable, Argentina suele acercarse a la apertura desde la sospecha. El exterior aparece como amenaza antes que como oportunidad. La competencia no se concibe como estímulo para mejorar, sino como sentencia anticipada de fracaso. En ese marco, reconvertirse suena a rendirse, no a reorganizarse para jugar mejor.
La inestabilidad crónica termina de cerrar el círculo. Cuando las reglas cambian todo el tiempo, adaptarse deja de ser una estrategia racional y se convierte en una apuesta riesgosa. ¿Para qué reconvertirse si mañana cambia el tipo de cambio, el esquema impositivo o el marco regulatorio? La paradoja es que esa misma inestabilidad, que exigiría flexibilidad, genera rigidez defensiva. Se sobrevive como se puede, no como se debería.
Finalmente, hay una dimensión menos mencionada pero decisiva: en Argentina, la reconversión suele vivirse como una pérdida de estatus. Pasar de la fábrica al servicio, del taller a la tecnología o de la industria tradicional a la logística y el conocimiento no siempre es leído como progreso. Australia nunca tuvo ese conflicto identitario: el trabajo valioso fue siempre el que generaba bienestar, sin importar su forma.
Australia no es un modelo copiable de manera mecánica. Las historias, las instituciones y las sociedades son distintas. Pero su experiencia deja una enseñanza que el debate argentino suele esquivar: los países no se hacen grandes por el simple hecho de tener industria, sino por su capacidad de crear valor sostenible y transformarlo en ingresos reales y calidad de vida. La verdadera discusión no es cómo proteger estructuras, sino cuándo y cómo animarse a dejarlas atrás sin miedo a perder la identidad en el camino.
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