LA NULIDAD IMPOSIBLE

EDITORIAL

Cuando la confesión antecede a la coartada

Por Carlos Mira

El Dr. Carlos Beraldi, abogado de la condenada Cristina Fernández de Kirchner, solicitó la nulidad del proceso conocido como “los cuadernos”. Un nombre casi pudoroso para lo que en realidad es: el juicio por corrupción pública más grande de la historia argentina. El planteo no sorprende. Cuando el fondo es indefendible, la forma suele convertirse en el último refugio.

El argumento central es tan simple como extremo: todo el proceso está basado en una mentira. Según esta tesis, los negociados con la obra pública no existieron, las licitaciones no fueron amañadas y los empresarios que confesaron lo hicieron extorsionados y presionados. No hubo corrupción; hubo, aparentemente, una alucinación colectiva de jueces, fiscales, empresarios, funcionarios, planillas, contratos, rutas y bolsos.

Cristina Fernández de Kirchner acompaña esta estrategia con un recurso ya conocido: repetir su inocencia de manera mecánica, como si la reiteración tuviera la virtud alquímica de convertir una afirmación en un hecho. Pero hay un problema que ninguna nulidad puede borrar: la propia Cristina confesó.

Lo hizo sin coerción, sin fiscales y sin arrepentidos. Lo hizo cuando era presidenta, en el momento en que las sospechas -y denuncias, impulsadas, entre otros, por Elisa Carrió- comenzaban a cercar al poder. Allí lanzó una frase que hoy resulta imposible de desoír:

“¿Ustedes creen que la ‘camarita’ empezó con Julio De Vido?”

La palabra no fue casual. Camarita resumía todo: cartelización, acuerdos espurios, licitaciones amañadas, coimas, sobreprecios. Y no aludía a una abstracción moral, sino a un entramado concreto entre el Estado y la Cámara Argentina de la Construcción, de donde surge precisamente el término.

Kirchner no dijo “mi gobierno no hace nada de eso”. Admitió algo mucho más grave: mi gobierno lo hace, como lo hicieron todos.

Esa admisión es clave. Porque incluso si mañana se decidiera revisar con idéntica severidad a todos los gobiernos anteriores, eso no la absuelve. La incrimina. No negó el delito: lo normalizó. No lo rechazó: lo inscribió en una continuidad histórica, como si la repetición fuera atenuante y no agravante.

Si bien Cristina Kirchner no se jactó explícitamente de haber robado más, esa conclusión surge de los hechos comprobables. Lo que ella admitió fue la existencia previa de corrupción en la obra pública y, al hacerlo, confesó la continuidad del sistema. Lo que omitió -y lo que resulta decisivo- es que el kirchnerismo no se limitó a reproducir viejas prácticas: las llevó a un nivel de sofisticación, planificación y escala nunca antes visto en la Argentina.

La corrupción existió siempre, sí. Pero nunca había sido diseñada como un modelo de negocios estatal, con empresas creadas específicamente para capturar el flujo del dinero público. El caso paradigmático es Austral Construcciones, constituida apenas 15 días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia. No fue una empresa que creció con el país: fue una empresa creada para el poder, pensada desde el origen para absorber obra pública dentro de un esquema cerrado, cartelizado y políticamente blindado.

Ese es el salto cualitativo del kirchnerismo: no la corrupción ocasional, sino su institucionalización. No el desvío marginal, sino la transformación del Estado en una maquinaria sistemática de extracción, donde las reglas se escribían desde el poder para garantizar que el dinero público terminara, una y otra vez, en los mismos bolsillos.

Por eso, cuando Cristina habla de la “camarita”, no se defiende: se delata. No describe una desviación, sino un método. No discute si hubo delito, sino quién lo inauguró. El problema para su relato es elemental y letal: en el derecho penal no importa quién empezó, sino quién ejecutó, perfeccionó y se benefició.

La actual puesta en escena —nulidades, discursos de inocencia reiterados, relatos de persecución— intenta borrar lo único que no se puede anular: la confesión pública. No arrancada bajo presión, sino pronunciada con poder, ironía y desprecio por la inteligencia colectiva.

Pretender hoy hacer pasar por inocente a quien fue la principal responsable política del sistema de corrupción más grande de la historia argentina —con la única excepción de su propio marido, fundador del entramado y salvado por la muerte del juicio que le correspondía— no es una estrategia jurídica.

Es una farsa. Y como toda farsa prolongada, ya no indigna: fatiga.

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