OPINIÓN
La última medición conocida ayer confirmó que la economía argentina creció 4,4% en 2025
Por Carlos Mira
La última medición conocida ayer confirmó que la economía argentina creció 4,4% en 2025. El dato, en sí mismo, es relevante: implica un quiebre respecto de años de estancamiento y marca la existencia de un proceso de recuperación real de la actividad. Sin embargo, la cifra también deja al descubierto una tensión central del momento económico: ese crecimiento no se tradujo en un aumento del empleo privado registrado.
La explicación no está en una falla del proceso, sino en su naturaleza. El crecimiento estuvo concentrado en tres áreas muy precisas: agro, minería y petróleo. Es decir, en sectores donde la Argentina posee ventajas comparativas claras, tangibles y sostenibles en el tiempo. Lo que muestran los números es que el país está atravesando un cambio de matriz económica: del esquema artificial sostenido por subsidios y ficciones de productividad, hacia otro basado en actividades reales, competitivas y con demanda genuina.
Ese tránsito es inevitable si la Argentina aspira a construir una economía sólida. Pero también es, por definición, lento y socialmente complejo. Porque mientras las actividades eficientes se expanden, aquellas sostenidas por transferencias, regulaciones o privilegios tienden a reducirse o desaparecer. La cuestión central no es evitar esa transformación —sería condenarse al fracaso— sino administrar la transición.
Ahí radica el verdadero desafío político y económico del presente. El crecimiento que proviene de sectores de alta productividad no siempre genera empleo masivo en el corto plazo. Requiere inversión, capital, tecnología y escalas de producción que no se traducen automáticamente en puestos de trabajo. La creación de empleo aparece cuando el resto de la economía se adapta al nuevo patrón productivo, y para eso se necesitan reglas que faciliten la movilidad laboral, reduzcan costos de contratación y promuevan la formalización.
En ese marco debe leerse la reforma laboral en ciernes. Su sentido no es meramente “flexibilizar”, como repite la caricatura ideológica, sino acompañar un cambio estructural. Si la economía se orienta hacia sectores competitivos globalmente, el mercado laboral debe dejar atrás los marcos diseñados para sostener un modelo cerrado, subsidiado y de baja productividad.
El problema es que la transición no ocurre en el vacío. Se desarrolla en un contexto político donde aún persisten actores dispuestos a bloquearla. La administración de este proceso será, inevitablemente, más compleja con gobernadores como Ricardo Quintela, que llama abiertamente a terminar con el gobierno de Javier Milei antes de diciembre de 2027. La paradoja es evidente: quien promueve la desestabilización conduce una provincia en default, con un aparato estatal sobredimensionado y una crisis estructural que se arrastra desde hace años.
Ese clima político no es inocuo. La llamada “alarma peronista” se reflejó en los propios números difundidos ayer: el crecimiento económico venía proyectándose cerca del 7% en el primer semestre del año pasado y terminó siendo 4,4%. El factor que explica esa desaceleración no fue productivo sino político: el aumento del riesgo asociado a la incertidumbre electoral y a la posibilidad de reversión de las reformas tras las elecciones de medio término.
La economía argentina es particularmente sensible a ese tipo de señales porque su historia reciente está marcada por ciclos de avances y retrocesos. Cada vez que el país insinúa un rumbo de normalización, emerge la amenaza de regresar a esquemas de intervención masiva, gasto sin respaldo y subsidios generalizados. Esa inestabilidad reduce inversión, posterga decisiones y termina afectando el crecimiento.
El punto de fondo es más profundo que una coyuntura. La Argentina debe terminar de convencerse de una verdad económica elemental: las únicas economías que logran sostenerse en el largo plazo son aquellas que explotan al máximo las eficiencias derivadas de sus ventajas comparativas y consiguen lo que les falta a través del comercio.
El agro, la energía y la minería no son un “modelo extractivo”, como insiste cierta retórica ideológica, sino la base natural desde la cual el país puede construir una plataforma de desarrollo. A partir de allí se expanden cadenas de valor, servicios, infraestructura, tecnología y empleo. Es el mecanismo que siguieron todos los países que lograron transformarse productivamente.
Lo contrario —intentar crear sectores enteros mediante subsidios permanentes, protección artificial o estímulos desconectados de la productividad— ya fue ensayado durante décadas. El resultado es conocido: industrias frágiles, dependientes del Estado, incapaces de competir y sostenidas a costa de inflación, déficit y presión fiscal.
Mientras se siga creyendo que la Argentina puede darse el lujo de financiar fantasías productivas para las que no cuenta con ninguna ventaja real, el costo lo pagarán precisamente aquellos a quienes se les promete protección. Porque los subsidios no crean riqueza: la redistribuyen, la distorsionan o la destruyen. Y cuando se agotan los recursos para sostenerlos, lo que queda es desempleo, inflación y frustración social.
El crecimiento de 2025 muestra que el país comenzó a moverse en otra dirección. Pero crecer no alcanza. La transformación exige persistencia, estabilidad política y una comprensión colectiva de que el desarrollo no se decreta ni se subsidia: se construye sobre la base de lo que una economía sabe hacer mejor que las demás y de su capacidad para integrarse inteligentemente al mundo.
La transición será incómoda, desigual y, por momentos, ingrata. Pero es el único camino posible si la Argentina quiere dejar atrás el espejismo de las economías artificiales y construir, de una vez, una estructura productiva real, sostenible y capaz de generar prosperidad duradera.
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