ROSARIO EN EL MURO

OPINIÓN

El Estado es responsable del avance narco en Rosario. ¿Está a tiempo de combatirlo y ganarle? 

(Imagen: Daniel Sonzini)

Por Javier Acuña 

Nadie sabe en qué momento se jodió Rosario. O tal vez nadie quiere fijar ese hito en un momento que no le conviene. Desde los dirigentes políticos hasta los ciudadanos comunes, pasando por fiscales, jueces, empresarios, periodistas, militantes, cada uno señala el mojón de la historia reciente que no compromete sus responsabilidades ni afecta sus preferencias políticas: la droga empezó cuando entró el kirchnerismo; la culpa es del socialismo que pactó con el narco; fue el peronismo que pactó con la policía santafesina en los ’80 y le dio autonomía para manejarse como una asociación ilícita; fue la privatización del puerto en los ’90 y la eliminación de controles en la hidrovía; todo arrancó en los ’70 con el acuerdo entre las dictaduras de Argentina y Bolivia para ingresar cocaína al país, transportarla por la ruta 34 hasta Rosario y enviarla hacia Europa a través de la zona franca boliviana que existe en el puerto rosarino desde 1969. ¿Será una mezcla de todo?

En una entrevista con Seúl en febrero de 2023, Maximiliano Pullaro dijo que “la génesis de la narco criminalidad en la Argentina comienza a gestarse y a consolidarse desde 2002-2003 en adelante”. Un año antes, en mayo de 2022, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, había planteado, también en Seúl, una cuestión estructural: “En 40 años no pudimos ni debatir una ley de inteligencia, ni resolver el problema de la inteligencia criminal penitenciaria, ni implementar el sistema acusatorio a nivel federal, ni tener un sistema serio de contralor sobre funcionarios y la penetración institucional de las redes delictivas, ni organizar en serio instituciones que controlen el lavado”. Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad durante el mandato de Omar Perotti, esta semana participó en el programa de Jorge Rial en C5N y lo hizo con su histrionismo frontal (“es bocón y desprolijo, pero tiene razón”, suele decirme una fuente judicial de la provincia). Habló de un pacto fundacional necesario “de aquí en adelante, quizás no miramos para atrás, ¿de acuerdo?” para cortar el vínculo entre Estado y crimen, luego fue más allá con honestidad brutal: “La política tiene que decir ‘no jodemos más con la guita de la falopa’”. La conclusión es unánime: por acción u omisión, por negligencia o complicidad, el Estado es responsable.

Es la misma tesis que recorre Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de una ciudad, el libro de los periodistas Hernán Lascano y Germán de los Santos, un extraordinario trabajo de investigación que reconstruye una trama compleja de marginales descartables y financistas de alta gama, de líderes criminales que están presos pero siguen manejando el delito y administrando la muerte desde la cárcel. Un libro clave para entender el contexto de la situación actual, que narra la degradación en tiempo real de una ciudad donde todo parece estar salpicado por el dinero narco y en las últimas semanas se destrabó un nuevo nivel de violencia. Luego de que el gobierno provincial asumido en diciembre endureciera las condiciones de detención de los presos de alto perfil, el sábado 2 de marzo llegó la respuesta en forma de balacera contra un colectivo que transportaba a personal policial y del Servicio Penitenciario. Nadie murió ni resultó herido. Por azar.

Tres días más tarde aparecieron las fotos que provocaron adhesión y escándalo en la misma proporción y con idéntico entusiasmo. Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe, copió la estética de Nayib Bukele y el 5 de marzo subió a su cuenta de Instagram las imágenes que todos ya vimos, musicalizadas con un tema de la banda de death metal Arch Enemy y el siguiente texto: “Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”.

Otra vez, la réplica fueron las balas. Entre el 6 y el 9 de marzo, ejecutaron a sangre fría a un taxista, otro taxista, un colectivero y un playero de una estación de servicio, víctimas seleccionadas quirúrgicamente por sus empleos. El crimen narco ya había producido asesinatos al voleo como forma de intimidación pública, pero a individuos sueltos (cuyas muertes también generaron pánico social); con esto buscaron la reacción gremial, que los sindicatos de taxistas, colectiveros y de trabajadores de estaciones de servicio se vieran forzados a suspender sus actividades y así paralizar a la ciudad. También amenazaron con matar a comerciantes y recolectores de residuos.

LA RESPUESTA ESTATAL

El lunes pasado, en medio de un clima social a media asta, Patricia Bullrich y Luis Petri llegaron a la ciudad para lanzar el Comité de Crisis junto a Pullaro y Javkin; según la resolución ministerial, su fin es “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano”. Al margen de la letra escrita, lo central fue el discurso monolítico de los cuatro en la conferencia de prensa.

Dijo Javkin: “Esta acción narco terrorista no permite ningún retroceso”. Dijo Petri: “Hay que hacerles la vida imposible”. Dijo Pullaro: “Queremos herramientas excepcionales y extraordinarias para llevar adelante los procedimientos que necesitamos”. Dijo Bullrich: “El que tiene miedo es un peligro, porque el que tiene miedo no puede actuar, el miedo es el peor enemigo del combate contra el narcotráfico”.

El mensaje es claro: el Estado va a ejercer el monopolio de la fuerza para reprimir “el accionar narco terrorista” y anunció que lo hará a través de un trabajo conjunto entre Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, en coordinación con la policía santafesina. En una ciudad donde la cultura mainstream se regodea en su sensibilidad progre, el despliegue callejero de uniformes provoca escalofríos, tristeza, preocupación, indignación, dolor en el pecho, temor a las botas. “Me arruga la ropa”, como decía aquella publicidad de prevención vial en la que alguien rechazaba el uso del cinturón de seguridad.

El progresismo denuncia que se trata de un circo represivo y advierte sobre la estigmatización a los pibes de los barrios, pide abordaje integral, que haya políticas activas de integración social que promuevan la educación, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Exige un Estado presente en todas las áreas, excepto en una: el control, la represión y la sanción a quienes delinquen. Casi una negativa per se a la facultad estatal de desplegar legítima y legalmente coacción sobre cualquier persona. Los sectores de la sociedad que más sufren a diario la violencia urbana (por lo general, los más pobres) suelen percibir esa actitud como abandono y desamparo: hagan algo, nos están matando, no podemos seguir viviendo así.

El avance de propuestas punitivas y de mano dura puede tener una de sus explicaciones en la falta de respuesta eficaz a las demandas de las víctimas de delitos violentos. Después de casi 35 años de hegemonía de voto local con perspectiva de centroizquierda (al Partido Socialista y al Frente Progresista Cívico y Social), el ballotage presidencial en Rosario terminó 57% a 41% a favor de Milei, una diferencia más amplia que el resultado nacional. En las elecciones a gobernador de septiembre, Pullaro le había ganado al candidato peronista 58% a 30%. Ricardo Iorio lo había dicho más simple: “La yuta existe por ustedes”.

También se equivocan quienes piensan que la solución es únicamente represiva (sobre todo los que piden un Estado en modo Charles Bronson: “basta con los derechos humanos”, “hay que salir a los tiros”, “el que mata debe morir”). Lo explicó Juan Belikow en la primera entrega del newsletter Materia gris, de Seúl: “Con políticas de ‘mano dura’ solamente nunca se ha logrado nada. Generan impacto de corto plazo. El problema es que producen un desplazamiento del delito, sin eliminarlo. Para eliminar al delito hay que atender a las causas profundas. Ir con un modelo de represión pura sin ofrecerles a los soldaditos una alternativa, un trabajo digno para construir un proyecto de vida, es una pérdida de tiempo”. Además, la propia policía es parte del problema. Lo ilustra un testimonio que Lascano y De los Santos recogen en Rosario: “Ya entramos en un momento en que se matan mujeres y niños, eso lo facilitó la policía cuando metió la mano en la droga”.

CAUSAS PROFUNDAS

Corrupción estatal (de fuerzas de seguridad, de funcionarios políticos y judiciales), informalidad económica, marginalidad social, ausencia de futuro, delincuentes de traje que lavan y blanquean el dinero ilegal, el rompecabezas tiene muchas más piezas que las visibles, las que se hacen explícitas cuando en la línea de montaje interviene un sicario. En el discurso oficial durante la presentación del Comité de Crisis, también estuvieron presentes algunas de esas dimensiones. La ministra Bullrich habló de combatir el lavado, de brindar contención a los jóvenes (“que los jóvenes no tengan como única salida el narcotráfico también nos parece un tema fundamental porque cambia condiciones estructurales”) y de trazar una línea clara contra el delito (“la peor traición que se puede tener es que un miembro del Estado argentino, en cualquiera de sus niveles, colabore con la narcocriminalidad)”.

Jorge Depetris es abogado, tiene una maestría en Administración Pública en Harvard, un doctorado en Ciencias Sociales en Flacso y fue director de Riesgo de la Dirección General de Aduanas de Argentina. Dice que el problema de Rosario es que tiene un puerto exportador que mueve muchísimos barcos al año con decenas de miles de tripulantes y que a comienzos de los 2000 en Europa se reemplazó el consumo de heroína por el de cocaína. “El kilo de cocaína cuando entra en Salta tiene un precio, en Rosario se multiplica por cinco y cuando llega a Europa puede valer 40.000 dólares. Eso en el puerto, una vez que entra en la ciudad y la degradan, el gramo puede costar 120 dólares. Ése es el negocio, exportar droga es un negocio fabuloso. ¿Cómo lo sacás? ¿Cómo hacés para controlar la hidrovía? Es imposible, pasa un barquito, con un gancho te suben una mochila con 20 kilos y con eso juntan un montón de plata. El control hay que hacerlo en otro lado, ¿y si los paramos en el Río de la Plata y les subimos veinte tipos con perros?”. La idea es, al menos, entorpecer un poco el negocio, no facilitarles el caldo de cultivo, aumentarles el riesgo y disminuir su rentabilidad. Dice que ahí está la clave para atacar la enfermedad y no tanto los síntomas.

De acuerdo a un cálculo que se hace a partir del número de adictos en recuperación, se estima que en Argentina la cocaína mueve entre 200 y 250 millones de dólares, en cambio en Europa puede alcanzar los 50.000 millones. Ahí está el negocio fabuloso de exportar droga del que hablaba Depetris. La deducción es simple: a mayor volumen de dinero, mayor capacidad de las organizaciones criminales para imponer condiciones a la política y corromper el aparato estatal.

¿La violencia en Rosario se explica por esta razón? El ex ministro Saín lo descarta, en sus constantes apariciones públicas suele asegurar que el circuito internacional de tráfico de droga es completamente independiente del circuito local de abastecimiento y que el problema en Rosario es que la policía no tiene capacidad para ordenar el territorio. Vuelvo a citar un fragmento de su charla con Rial de hace unos días: “Los mercados de droga en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal también son robustos y diversificados y generan mucha guita, ¿cuál es la diferencia? Que la policía te maneja el territorio y te gerencia el mercado de droga de forma pacífica”. Podrá ser una descripción de la realidad pero no es una realidad que tranquilice.

Hay un autor norteamericano que se llama Peter Lupsha y dice que las organizaciones criminales son una amenaza grave para estados débiles. Describe su evolución en tres etapas: una predatoria, en la que pelean por su participación en el mercado contra competidores locales; otra parasitaria, cuando establecen su posición y comienzan a infiltrarse en las diferentes élites; y una última simbiótica, que se produce una vez que están completamente integradas a la estructura política.

¿En qué etapa estará Rosario? ¿Y Argentina?

(Revista Seúl)