OPINIÓN
Y vuelve la ilusión de legislar por plebiscito
Por Francisco Sotelo
La compulsión solo puede tener éxito si el compulsivo tiene mucho poder y mucha fuerza.
Javier Milei y los suyos se dieron cuenta recién en la sesión que los votos que le permitieron la aprobación en general del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos no eran voluntades cautivas, sino el resultado de un principio de acuerdo de gobernabilidad entre dirigentes, gobernadores y legisladores de diversas procedencias políticas, que no necesariamente iban a acordar en el detalle del articulado. Concretamente, no todos le iban a extender al presidente un cheque en blanco en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Y tampoco iban a aprobar sin dilaciones las privatizaciones de empresas públicas ni avanzar en la reforma previsional sin garantías.
Apenas avanzó la votación, tras una reunión de bloques, el presidente de la bancada libertaria, Oscar Zago, pidió la vuelta a comisiones del proyecto. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, esto significa que la votación en general lograda el viernes queda sin efecto. Esa fue una decisión tomada por el oficialismo, con el visto bueno del presidente Milei.
Para una Cámara tan desacostumbrada a sesionar en los últimos cuatro años, fue sorprendente el maratónico tratamiento que le dedicaron en las últimas semanas a la megalítica reforma del Estado, de la economía y, en definitiva, del país. Y apenas dieron los primeros pasos en el articulado, vuelta a empezar con todo y sin un calendario de trabajo.
Mensaje dinamita
Y aunque fue decisión propia, el oficialismo intentó cargar el sayo sobre los gobernadores y legisladores no libertarios que habían tratado de contribuir al avance del proyecto.
Las declaraciones del presidente y el tenor del comunicado de la Casa Rosada mostraron al mismo tiempo la indignación por el fracaso y el voluntarismo de seguir utilizando los mismos recursos que les dieron el éxito en la campaña, como si no repararan que la situación cambió hace dos meses: ahora hay que responder con logros, no con agravios.
Desde Israel, Javier Milei expresó su decisión de seguir con su proyecto "con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó" al país. Incluso, acusó a "la casta" de oponerse "al cambio que los argentinos votamos en las urnas". El mensaje a través de la red social X -ex Twitter- de Milei recordó que "nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país".
La pregunta es, entonces, ¿para qué encomendó al ministro Guillermo Francos y a su asesor Santiago Caputo que acordaran las reformas con los gobernadores y legisladores dispuestos a acompañarlo? ¿Para qué semejante desgaste si los consideraba tan irrescatables para su causa como los kirchneristas, o más aún?
El comunicado oficial, directamente, dinamitó los puentes con los gobernadores acusándolos de "destruir la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos artículo por artículo".
El escenario muestra un fracaso rotundo del oficialismo o, tal vez, la búsqueda de un pretexto para gobernar sin la incomodidad que supone depender del Congreso.
La amenaza (o el sueño) de gobernar por decreto, apelando al plebiscito, es decir, a un sistema de democracia directa, decisionista, en definitiva, populista, muestra una vocación autoritaria que les hace creer al presidente y a sus colaboradores que ganar en un balotaje por el 56% de los votos no es contar con el apoyo de las mayorías: antes, el mismo Milei había obtenido apenas el 30% de los votos en las elecciones generales. Y lo más importante, en las elecciones legislativas solo consiguió conformar una bancada de 38 diputados y otra de 7 senadores. El dato es crucial; ignorarlo supone desconocer la intrínseca pluralidad de la opinión ciudadana y, sobre todo, la naturaleza de la representación.
La democracia, hoy
La sociedad liberal y capitalista construyó la democracia en base a la representación y a la división de poderes. El populismo, aunque con discursos antagónicos no es conciliable con el liberalismo.
En todo Occidente se erosiona el prestigio de la democracia; por eso surgen movimientos intolerantes, algunos de perfil identitario, a veces ultranacionalista y otras, secesionistas por narrativas étnicas o culturales.
En la Argentina, Javier Milei y el movimiento libertario son emergentes de una crisis prolongada de insatisfacción por la falta de resultados en las gestiones de gobierno, y de saturación por la presión cultural que intentó imponer Cristina Fernández desde 2011, junto con el cepo, la inflación y la desperonización del kirchnerismo.
El balance de los cuatro años de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el poder explica el surgimiento de una figura que promete romper con todo. La pobreza creció exponencialmente, con un Congreso indolente e inactivo, una economía en bancarrota y un enfrentamiento con la Suprema Corte en una cruzada personal de la vicepresidenta.
Pero si la escalada del actual presidente fue vertiginosa, con la inflación galopante la gloria puede durar poco.
Milei y su gobierno se apresuraron a mostrar que tienen un proyecto: el ministro de Economía Luis Caputo anunció a los pocos días una serie de decisiones económicas; el Ejecutivo promulgó el mega decreto; Patricia Bullrich, con un protocolo para impedir los cortes de calles, el "ómnibus" de 664 artículos.
Pero Caputo jamás fue al Congreso a explicar y defender el proyecto. Todas las iniciativas se tomaron sin consulta previa con los demás actores. El presidente no habló con los gobernadores en el menudeo del articulado y nadie dialogó con los senadores de los que se puede esperar un apoyo esencial para el proyecto oficial.
El vocero Manuel Adorni cree que el éxito de noviembre sigue intacto. Ningún presidente sale indemne de la inflación. Y si, como insinúan, el gobierno cree factible ejercer una autocracia debería mirar la realidad. Por mal que estemos, la Argentina no la Venezuela de 1998, no es el Perú de Fujimori ni la Nicaragua de Ortega.
Los fallos adversos al mega decreto y el frenazo de la Ley Ómnibus lo demuestran.
(El Tribuno)
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