OPINIÓN
El comunicado de la Cancillería argentina reiteró el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Pero de afectar a empresas británicas en el país, ni una palabra
Por Irina Santesteban
El 2 de abril se conmemoró el 41 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, en homenaje a los/as Veteranos/as y Caídos en esa contienda bélica.
Luego de la derrota infligida por las tropas británicas el 14 de junio de 1982, hubo un “manto de neblina” sobre los 73 días de recuperación de aquel territorio, que se trasuntó en indiferencia hacia los ex-combatientes. Las negociaciones del gobierno de Raúl Alfonsín en Naciones Unidas, fueron un fracaso, hasta que en 1989 se adoptó la fórmula del “paraguas de soberanía”. Se seguían las relaciones diplomáticas dejando de lado el reclamo por la soberanía. Luego vinieron los Acuerdos de Madrid 1 y 2, bajo el gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo: Argentina cedió la negociación por la soberanía y permitió la explotación de los recursos marítimos al Reino Unido.
Ese tratado desconocía la Resolución 2065 de 1965 de Naciones Unidas, que reconoció que la disputa entre Gran Bretaña y Argentina era por soberanía. Innumerables resoluciones de la ONU definen a Malvinas como uno de los 19 enclaves coloniales que se mantienen en el Siglo XXI.
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, esta fórmula fue abandonada, y se volvió al reclamo de soberanía, cuestión que el presidente Kirchner llevó en 2004 al entonces primer ministro británico, Tony Blair. Sin embargo, ni laboristas ni conservadores cedieron.
Mauricio Macri fue el primer presidente que no mencionó a Malvinas en su discurso de asunción. Y en 2016 se firmó el acuerdo Foradori-Duncan, que establecía “el fortalecimiento de la relación bilateral y la búsqueda de soluciones de los problemas globales dentro de los marcos multilaterales que correspondan” y “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.
Así, la usurpación británica siguió con la ocupación militar y explotación de los abundantes recursos ictícolas y petroleros en esa zona.
El presidente Alberto Fernández, con la lentitud que lo caracterizado, a través del canciller Santiago Cafiero, anunció en marzo de este año la finalización del acuerdo Foradori-Duncan, al cual calificó como “uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas”. Más vale tarde que nunca.
Otras medidas.
Está claro que la fórmula del “paraguas” sostenida por Menem, como la negociación basada en el “fortalecimiento de las relaciones económicas” del macrismo, fueron altamente perjudiciales para la continuidad del reclamo argentino contra la usurpación que cumple 190 años.
Tampoco hubo éxitos en otras posiciones diplomáticas más firmes. Inglaterra ha ido avanzando en materia militar y económica, y mantuvo una base de la OTAN en Malvinas, Mount Pleasant con 1.300 efectivos y armas de todo tipo.
Urge entonces adoptar otras medidas y estrategias, para recuperar lo que pertenece a Argentina histórica y geográficamente. Sin llegar al extremo de una guerra, existen políticas más efectivas que podrían obligar a Londres a sentarse a negociar.
Su argumento es que los isleños (kelpers) manifestaron en un plebiscito realizado en 2013, que quieren pertenecer a la comunidad británica. El gobierno argentino desconoció esa consulta, pues fue resultado de la política colonialista del usurpador.
Afectar intereses.
Ninguno de los gobiernos democráticos posteriores a la guerra de Malvinas intentó siquiera una tímida afectación de intereses económicos británicos en nuestro país. Así, carecen de efectividad las declaraciones de estos días reclamando soberanía. Hasta la oposición de derecha de Juntos por el Cambio se pronunció de manera oportunista, en un sentido pro-malvinense. No hay que olvidar que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sugirió en 2020 entregar las Malvinas en garantía a Pfizer, pidiendo vacunas contra el Covid 19.
El 10 de enero pasado, en su cuenta de Twitter, la Embajada británica en Argentina publicó: “El Reino Unido comparte fuertes vínculos comerciales con la Argentina, donde operan más de 100 empresas británicas”. Dio cuenta de una reunión del ministro de Política Comercial Greg Hands con el embajador argentino en el Gran Bretaña, Javier Figueroa. A confesión de parte…
En la página oficial del gobierno de Jujuy, en julio pasado, se informaba una reunión entre el ministro de Producción de la provincia, Exequiel Lello Ivacevich con la embajadora del Reino Unido en Argentina, Christine Hayes. La entrevista fue para la generación de “mayores oportunidades de exportación y atraer inversores británicos a la provincia”, y para mayores vínculos con empresas británicas en una agenda del litio y el cannabis medicinal.
Lello destacó la reunión como “muy positiva”, porque se hizo eje en las energías renovables, litio y exportaciones de frutas finas y alubias. Se habló de un proyecto de energía termosolar que está desarrollando la provincia junto al Invap, como una “gran oportunidad de inversión” para la British Petroleum.
Además de BP, en materia energética está Shell, de capitales británicos y holandeses, cuyo CEO fue ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, y responsable de los tarifazos en 2016.
Pese a las declaraciones de tinte patriótica pronunciadas el pasado 2 de abril, las relaciones comerciales con el país usurpador de Malvinas siguen tan campantes.
Empresas.
Algunas de las empresas británicas en nuestro país son: Cadbury (chocolates y alimentos), Unilever (alimentos e higiene), AstraZeneca (laboratorio farmacéutico), Bridgestone (Neumáticos), en conflicto con el sindicato (SUTNA) por el despido injustificado de personal, luego que fuera denunciado por las malas condiciones laborales de sus trabajadores. En bancos, operan HSBC, Standard Bank y Banco Patagonia.
Ninguna de estas empresas ni otras que pertenecen a la Cámara de Comercio Argentino – británica, como OCA, han sido siquiera molestadas, cuando pertenecen a capitales de un país que no le reconoce al nuestro el derecho a negociar la soberanía en las Islas.
Sin llegar a un conflicto armado, una medida como la expropiación o el cobro de impuestos, sería adecuado para llevar a los ingleses a la mesa de negociación.
A 41 años de la guerra de Malvinas y a 190 años de su usurpación por parte del gobierno de Su Majestad, es hora de pasar de las palabras a los hechos.
(© Irina Santesteban / LA ARENA)
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