EDITORIAL /
El huevo de la serpiente
Por Walter R. Quinteros
Dice Víctor Muñoz Fernández del sitio Red Historia que: Una de las obras más críticas es “El espíritu de las leyes”. Obra redactada por Montesquieu y publicada en 1748. En ella, el autor francés estudia las relaciones de las leyes políticas con la constitución de los estados, las costumbres, la religión, el comercio, el clima y los tipos de suelo de cada nación.
Montesquieu recibió grandes influencias de sus viajes por Europa, en especial el que realizó a Gran Bretaña, y lo plasmó en su obra, donde recreó el modelo político anglosajón de la separación de poderes y la monarquía constitucional. El escritor francés lo consideraba como el mejor sistema para luchar contra el despotismo ilustrado.
“El espíritu de las leyes” habla de los conceptos de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial pero, sobre todo, de la relación de los tres. Montesquieu rechaza las teorías absolutistas en las que una persona debería concentrarlos todos en su figura y apuesta por un “equilibrio de poderes”. Este se debería producir de manera muy sencilla, donde cada uno de los poderes controle al otro y todos se controlen entre sí. ¡Eso es un país de maravilla!
En Literatura europea leemos que: El espíritu de las leyes es un tratado de teoría política publicado por el noble francés Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en Ginebra en 1748. La obra está dividida en treinta y un libros, cada uno de los cuales consta a su vez de varios capítulos. Del libro I al VIII, Montesquieu desarrolla una detenida descripción de los tres modelos básicos de gobierno que, según él, se dan en las sociedades humanas desarrolladas: la república, la monarquía y el despotismo.
La república (que se subdivide a su vez en república democrática y república aristocrática), fundada en una organización más o menos igualitaria, es gobernada por la virtud de los ciudadanos.
La monarquía, basada a su vez sobre una desigualdad asumida, se rige por la búsqueda de los honores.
El despotismo, por último, es un régimen de igualdad en la sumisión y su principio es el temor. Al contrario de lo que podría parecer en un primer momento, la tipología de los regímenes políticos de Montesquieu es en el fondo dualista pues el despotismo se corresponde con una degeneración posible en cualquier régimen. Nos encontramos, pues, frente a dos posibilidades: un gobierno sano (democrático, aristocrático o monárquico), garante de la paz y de la libertad, o un gobierno degenerado en el que reina la opresión, el despotismo.
Parece que para allá vamos, si usted no tiene en cuenta esto a la hora de votar
En el libro XI Montesquieu hace un análisis de lo que es la libertad y concluye con la necesaria separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para que esa libertad quede asegurada.
Pero haciendo un poco de historia, recordamos a Mariano Moreno que durante su estadía como estudiante en Chuquisaca entra en contacto con los "libros prohibidos" de la época, escritos por autores ilustrados como Rosseau y Montesquieu, y empieza a sentir una gran simpatía por ellos (y por la señorita Cuenca) y traduce "El Contrato Social" al castellano. Este encanto no va a ser solo por los autores sino también por la Revolución Francesa y sobre todo de la etapa del "terror jacobino" y sus ejecutores como Robespierre y Saint-Just. Este perfil terrorífico lo va a plasmar en el "Plan de Operaciones", un programa que dictaba los pasos que tenía que seguir el gobierno revolucionario recomendando el accionar más violento con los opositores a la Revolución.
Y siguiendo con esto de la historia, sabemos que La revolución de Francia encontró a Manuel Belgrano cursando estudios en España. Como diría luego en su autobiografía de 1814, se embebió de aquella corriente de pensamiento libertario. Al haberse recibido de Bachiller con medalla de oro. El Papa le concedió un permiso para leer la literatura prohibida (exceptuando la pornográfica y la astrológica de pronósticos, "esa también se consigue” le contaría a su padre en una carta) Leyó y estudió con fruición a Montesquieu, Rousseau y Adam Smith entre otros.
En un artículo publicado en Biografías y vidas, encontramos que: la obra "El contrato social", de Jean-Jacques Rousseau es el resultado final de un proyecto iniciado en 1743. “Este pequeño tratado se ha extraído de una obra más extensa, iniciada sin haber consultado mis fuerzas y abandonada después de algún tiempo. De los diversos fragmentos que podían extraerse de ella, éste es el más considerable, y lo que me ha parecido menos indigno de ser ofrecido al público. El resto ha desaparecido”.
"Si la sociedad es intrínsecamente mala" -se pregunta ahora Rousseau, por fundarse en la desigualdad y haber alejado al hombre del estado de naturaleza (estado primigenio en que el ser humano no vive escindido entre el hecho y el derecho, sino en armonía con su bondad original)-, "¿puede este hombre ya corrompido por la sociedad construir una nueva sociedad justa?"
La respuesta de Rousseau es afirmativa, porque el mal no está en el hombre sino en su relación con la sociedad. La perversión se ha producido por el mal gobierno y es el “corazón del hombre” quien puede cambiar la situación.
En El contrato social, Rousseau establece la posibilidad de una reconciliación entre la naturaleza y la cultura: el hombre puede vivir en libertad en una sociedad verdaderamente igualitaria. El problema fundamental es “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común proporcionada por la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no se obedezca más que a sí mismo, y permanezca, por tanto, tan libre como antes”.
El contrato será, pues, expresión de la voluntad general. La voluntad general, es siempre justa y mira por el interés común, por el interés social de la comunidad, por la utilidad pública. De esa voluntad general emana la única y legítima autoridad del Estado. Si así lo desea, señor/a político/a, puede leerlo de nuevo.
Entonces para Rousseau, "con el ejercicio de la voluntad general la soberanía residirá en el pueblo. Esta soberanía es, por tanto, absoluta, dado que no depende de ninguna otra autoridad política, no estando limitada nada más que por sí misma; es inalienable, dado que la ciudadanía atentaría contra su propia condición si renunciara a lo que es expresión de su propio poder; y, finalmente, es indivisible, ya que pertenece a toda la comunidad, al todo social, y no a un grupo social ni a un estamento privilegiado".
La cuestión es de quién dicta las leyes
Rousseau dice que el "legislador", será “el mecánico que inventa la máquina”. En los dos últimos libros, Rousseau trata del gobierno, al que define como un “cuerpo intermediario establecido entre súbditos y el soberano para su mutua comunicación, a quien corresponde la ejecución de las leyes y el mantenimiento de la libertad tanto civil como política”. Su poder ejecutivo es delegado por el único soberano (el pueblo), y sus miembros podrán ser destituidos por ese mismo sujeto. Rousseau, entonces, parece preferir la democracia como forma de gobierno. Finalmente, Rousseau considera las condiciones del sufragio y las elecciones; propone la antigua Roma como modelo para impedir las transgresiones, y termina con la necesidad de fundar una religión civil, entre cuyos dogmas positivos figurarán la santidad del contrato social y las leyes establecidas como expresión de la voluntad general. Esta religión civil tendría un único dogma negativo: la intolerancia.
Hablemos entonces de los intolerantes de turno en nuestro país
El profesor Daniel Sabsay supo escribir en el diario La Nación que: En el partido "Frente de Todos" se proponen: la destrucción lisa y llana de la independencia judicial. Estamos frente a una escalada de manifestaciones que desconoce la más elemental noción de gobierno limitado que caracteriza a una república. El control de las autoridades es la meta en cuya construcción reposa el Estado de Derecho, concebido en el siglo XVIII por pensadores como Montesquieu, Locke y Rousseau, entre otros, ya que una serie casi diaria de declaraciones, proponen desde la supresión del Poder Judicial hasta la necesidad de designar jueces militantes en la Corte Suprema. Además de las declaraciones del presidente Alberto Fernández a los jueces que están juzgando la conducta de su "jefa". "Les voy a decir a los jueces que actúen dignamente", y luego agregaba que los "jueces van a tener que explicar sus fallos".
El diario La Nación señalaba algunas frases de Alberto Fernández para reformar la Justicia:
"La defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecue a la norma y que el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión".
"Se fue perdiendo transparencia judicial, la Justicia tiene que funcionar bien para todos".
"El proyecto crea la Justifica Federal Penal. Proponemos consolidar una Justicia independiente. Proponemos organizar mejor la Justicia Federal".
"Con el primer golpe militar que arrebató la presidencia constitucional de Hipólito Yrigoyen, comenzó un lamentable proceso de intromisión de la política en las decisiones de nuestros tribunales".
"Buscamos superar el hecho de que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas, que tienen el poder de decidir en la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediáticas".
"Es hora de poner en el escenario la cuestión judicial. Para tener un mejor Estado de Derecho, proponemos consolidar una Justicia independiente, regida por normas de transparencia y procesos con celeridad y eficiencia".
"Digamos nunca más a una política que judicializa los disensos".
"Los cuatro años que precedieron mi asunción como Presidente de la República estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho".
"Semejante poder debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión. Esas personas siempre deben imponer justicia en el mismo momento en que la ley se quebranta y el orden social se altera".
"A su vez, la Agencia Federal de Investigaciones volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales".
"Con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno".
"La pandemia nos hermanó, no es hora de imponer decisiones".
"Ninguna sociedad avanza sin justicia. Las reglas se olvidan con los intereses. La sociedad demandó un nuevo sistema judicial".
"Sin Justicia independiente no hay República".
"El principio de inocencia fue vulnerado. Es tiempo de iniciar los cambios".
"Nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó. Y reafirmé ese mismo compromiso ante el Parlamento argentino en el mismo instante en que asumí la Presidencia de la Nación".
"Ese nivel de concentración tampoco ha servido para que la administración de justicia se desarrollara con la eficacia adecuada. Es fácil observar la manipulación de los tiempos del proceso que les permite a los jueces y juezas actuantes impulsarlos o detenerlos en función del 'clima político' imperante. A eso el saber popular terminó calificándolo como ‘justicia pendular’".
"Para que nadie siembre dudas es necesario dejar expresamente aclarado que la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del Juez Natural. La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando".
"Los miembros del Consejo tendrán plena autonomía y libertad para recomendarme lo que crean conveniente. No existe en mi ánimo, contrariamente a lo que muchos han repetido, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo. Sé de las cualidades intelectuales de cada uno de ustedes y sé que no estarían aquí si se sintieran limitados o limitadas a expresarse libremente".
"He dedicado más de treinta años de mi vida a estudiar y a enseñar derecho. Por más que por momentos la realidad parezca contradecirme, estoy convencido de que la institucionalidad en la democracia moderna es una condición necesaria para pensar el desarrollo. Ninguna sociedad avanza sin un servicio de justicia que solo responda a la necesidad de imponer la ley allí donde se ha quebrantado".
"No he llegado hasta aquí para defraudar a los alumnos y alumnas que me oyeron en las aulas de la universidad pública reivindicar la importancia de preservar las reglas del debido proceso. Sé que esas reglas se olvidan cuando en los tribunales entran a tallar intereses económicos o políticos".
"Es hora de tener una justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos".
¿El desconocimiento de la Constitución?
Cuesta creer que el presidente, un profesor de Derecho de la UBA, desconozca el artículo 109 de la Constitución, que establece que "en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales...".
Distintos medios señalaban esta semana que Fernández dijo: “En la Justicia nosotros tenemos que meter mano, sin ninguna duda; meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente hablando, con leyes. Hay que cambiar procedimientos y formas”.
“Si al Procurador se le puede poner un término, ¿por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”.
“A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración. ¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. Porque en verdad, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y la mejor forma de enseñar es sembrar dudas”, consideró el jefe de Estado hace unos días atrás.
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial le respondía al Presidente. “La vigencia plena de la Constitución Nacional y de las Constituciones provinciales necesita de Poderes Judiciales independientes que puedan garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos" y que; “Constituye un debilitamiento claro de la independencia judicial relativizar lo dispuesto en el art. 110 de la Constitución nacional en cuanto a la permanencia en los cargos judiciales pretendiendo abrir paso a la transitoriedad o periodicidad en su ejercicio”, explicaron los magistrados Omar López y Ariel Ariza.
“La Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa su categórico desacuerdo con las manifestaciones del Presidente de la Nación relativizando el valor de la permanencia en los cargos judiciales establecida como base de la independencia judicial” y que, “es esperable desde las más altas funciones del Estado un afianzamiento de las disposiciones de la Constitución como así también el respeto a las reglas establecidas por los constituyentes para garantizar la forma de Estado republicana y democrática” y remarcaron que, “la existencia de Poderes Judiciales independientes supone el compromiso institucional para preservar las condiciones que la hacen posible” y advirtieron que, “desde la FAM pensamos que no es bueno sembrar dudas acerca del alcance de las garantías que la Constitución Nacional establece para proteger los derechos y garantías de la ciudadanía, siendo el mejor camino trabajar para fortalecerlas”.
Ante esto, Alberto Fernández en un acto dijo: “Yo sé que es abrir un debate difícil, complejo. No estoy proponiendo de hacerlo ahora, estoy reaccionando frente a una pregunta que nos dice por qué no elegimos a los jueces, pero creo que son todos temas para que pensemos, para que debatamos cómo poder construir un mejor servicio de Justicia”.
Pero el sentido de la independencia de poderes...
El sentido es evitar todo tipo de injerencia del titular del Ejecutivo en la órbita del Judicial.
¿Acaso ha olvidado el presidente que los jueces son los encargados de controlar la actividad de los poderes políticos, Ejecutivo y Legislativo?
Miren quién habla
Cristina Elisabeth Fernández viuda de Kirchner ha sostenido siempre que la separación de poderes y las libertades públicas y privadas no están al servicio de los intereses del pueblo.
A todo esto, el exjuez Zaffaroni había elevado su propuesta de "ley extraordinaria de revisión" de causas judiciales. Otra vez aparece nítido el propósito de hacer que el poder político, en este caso el Legislativo, invada la órbita del Judicial. Dicho sea de paso, el concepto de "ley extraordinaria" que por cierto, no está contemplado en la Constitución.
Traduciendo sus palabras, el exmiembro de la Corte Suprema había adelantado en el 2019 que buscará revisar las causas judiciales por la comisión de delitos de corrupción de los que están acusados exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner y aclaraba que la revisión recaerá sobre las causas de los que llamó "presos políticos", en referencia a los políticos detenidos por casos de corrupción. Además, manifestó que habrá que hacerle algunos "parches" a la Constitución, (a pedido de su jefa) sin especificar de qué modo, y ampliar el número de miembros de la Corte y proponía que, los Fernández, podrían armar una Corte a la medida de las necesidades de su gobierno. (No de la ciudadanía argentina, por cierto.)
El huevo de la serpiente
Como conclusión llegamos que Zaffaroni considera que: "Una lectura adecuada de la ley fundamental indica que el Legislativo debe dictar las leyes de organización de la Justicia y los códigos de procedimiento, pero que lo que no puede hacer, sin contrariar seriamente a la Constitución, es inmiscuirse en causas en desarrollo o en las ya juzgadas, pues esta intervención sería inconstitucional".
El exmiembro de la Corte Suprema considera que su propuesta sería una salida constitucional, ya que "tenemos por primera vez en 30 años presos políticos". Esta conclusión, lejos de hacer honor a la memoria de los desaparecidos durante el último proceso militar, los desprecia al compararlos con procesados y condenados por haber cometido serios hechos de corrupción.
Cabe aclarar que "preso político" es aquella persona a la que se mantiene en la cárcel o detenida de otro modo sin haber cometido un delito tipificado, sino porque sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido sobre la Justicia. Este tipo de detenidos no existe en nuestro país. Al contrario, los juicios por corrupción se ajustan al debido proceso y les conceden a los imputados las garantías que este contiene.
En realidad, Zaffaroni le apuntó siempre a la destrucción del concepto de "res iudicata" o de "cosa juzgada", es decir, la resultante de la labor jurisdiccional, insusceptible de ser alcanzada por otra actividad estatal.
Zaffaroni, lejos de ofrecernos herramientas que permitan la mejora de la Justicia, agrega un mecanismo que redundará en mayor imprevisibilidad, menor separación de poderes, destrucción de la independencia de la Justicia. Un salto al vacío que tiene por meta explícita o implícita la destrucción de la República -concluyó Sabsay -.
El ideólogo que pretende destruir la máquina perfecta de la democracia que señaló Rousseau, se llama Eugenio Raúl Zaffaroni ex juez, jurista, jurisconsulto, escribano y criminólogo argentino. El asesor de este gobierno. El huevo de la serpiente.
De ahí, la importancia de su voto.
(La Gaceta Liberal)
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