ECONOMÍA / OPINIÓN
Que solo reclaman sus aportes
Por Walter R. Quinteros
Señalaba la Agencia oficialista Télam que la nueva propuesta de movilidad previsional, que impulsa el gobierno nacional para que rija a partir de marzo del año próximo, prevé un ajuste semestral que se determinará a través de la aplicación de una fórmula proporcional conformada por la evolución de los salarios y la recaudación impositiva.
¿Cómo van a evolucionar los salarios? La CGT está en alerta, ayer se originaron discusiones.
¿Quién controla la recaudación impositiva?
En el diario LA NACIÓN dicen: Que la recomposición de las jubilaciones quede sujeta a la evolución de la recaudación impositiva y que se deje de lado la inflación, tal como propone el Gobierno, no es una buena idea y es algo que tendrá efectos no alineados con el objetivo de la movilidad, según afirmaron varios expertos en temas previsionales y economistas consultados por LA NACION. Entre los riesgos está el de que se produzcan alteraciones en función de reformas tributarias, que podrían hacer que el cálculo arroje en determinados períodos resultados desvinculados del poder adquisitivo de los haberes, que es, en definitiva, lo que debería preservarse. También se advierte que el índice podría sufrir una alta volatilidad, provocada por los cambios de ciclos económicos.
Dicha fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley N° 26.417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, y será puesta a consideración de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional por el Poder Ejecutivo con el objetivo de que comience a regir a partir del próximo año.
El proyecto es resultado de un trabajo conjunto que llevaron adelante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Economía.
La futura fórmula buscará reemplazar a la suspendida Ley 27.426 -sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri- que ponía el eje en la evolución de la inflación, sin tener ninguna correlación entre la movilidad jubilatoria y los recursos disponibles.
Los juegos matemáticos
En los dos años que tuvo vigencia la ley suspendida, el haber mínimo de los jubilados cayó un 19,5% en términos reales.
La misma cifra perdieron los jubilados en once meses de este gobierno que lo hizo "por Decreto"
"La fórmula que se propone es sustancialmente la misma a la sancionada en el año 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el año 2015", señalaron fuentes del Palacio de Hacienda.
Para los "cráneos" del Anses: "La nueva fórmula de movilidad enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo busca recuperar la misma evolución de los haberes que alcanzaron los jubilados entre 2009 y 2017, cuando aumentaron el poder de compra un 26 por ciento".
Después de casi ocho meses de brutal receso de la economía en su conjunto no hay casi sector de la producción, el comercio, y menos aún de los trabajadores, que no haya sufrido un deterioro real de sus ganancias e ingresos, por la conjunción de menor actividad y aceleración de la inflación. Y también los haberes de los jubilados y pensionados que percibían en marzo algo más que la mínima, porque recibieron ajustes diferenciados por decreto.
Los datos oficiales que se vuelcan en la base del Ministerio de Economía mostraban a comienzos de 2020 que, al contrario de la percepción que tiene el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, la caída de la capacidad de compra de los haberes del sector pasivo y de la ayuda social fue inferior con la fórmula “macrista de 2017” a la que se hubiera registrado de no haberse modificado la fórmula de actualización de la movilidad jubilatoria de la era “kirchnerista” de 2008, bajo el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El ministro Guzmán dijo entonces: “lo que se ha hecho en el gobierno de Mauricio Macri con las jubilaciones al cambiar la fórmula de ajuste en 2017 es muy grave, es inaceptable. En el único año que la economía creció (2017) se decidió cambiar la ley para no compartir las ganancias con los jubilados"; luego “comenzó a caer y ahora hay sectores que están con mucha vulnerabilidad”, agregó.
En ambos casos, se verificó un notable deterioro respecto de la inflación, con el viejo método fue de 22,1%, y con el nuevo se atenuó a 17,3%, porque frente a una tasa acumulada de alza de los precios al consumidor de 115,8% en ese período, el ajuste efectivo fue de 78,5%, y el hipotético de no haber aprobado el Congreso cambios en 2017 hubiese sido de 68,2%, una diferencia real entre ambos métodos de 6,1 por ciento.
Infobae dice también que: Ahora, la propuesta de los legisladores del Frente de Todos que analizaron con el ministro Martín Guzmán no solo propone volver al anterior régimen de actualización semestral, pese a que el consenso del mercado proyecta aceleración de la inflación y consecuentemente mayor velocidad de pérdida real de los ingresos con haberes fijos, como es el caso de los jubilados y pensionados, sino que además le impone un tope de aumento real en el año de 3 por ciento.
Una total muestra de desprecio hacia el jubilado.
De ese modo, en el mejor de los casos, la recuperación del poder de compra perdido de las jubilaciones y pensiones desde 2018 no se logrará antes de 6 o 7 años, cuando la perspectiva, de superarse pronto la crisis sanitaria, del proceso de mejora real podría resultar notablemente más acelerado.
La recaudación tributaria ha estado afectada en el corriente año por la drástica caída real de los ingresos vinculados a la actividad económica, como IVA, Cheque y Combustibles, entre otros; mientras que el Ripte, remuneración Imponible Bruta del Trabajador Estable también subió notablemente menos que la inflación, por la combinación de recorte de la jornada laboral en diversas actividades y rezago en el aumento de los salarios convencionados.
De ahí que en un escenario de perspectiva de reactivación de la economía en su conjunto la proyección de aumento de esas dos variables debiera ser notablemente mayor que la inflación, pero no se trasladará a los jubilados y pensionados sino hasta un tope adicional de 3% por año.
Y además, con la proyección de aceleración de la tasa de inflación y paso de trimestre a semestre de las próximas actualizaciones, los ajustes volverán a quedar más rezagados en términos reales. Pero es funcional a la intención del ministro Guzmán de acelerar el recorte proyectado en el gasto público para reducir el déficit fiscal, de modo de llegar a un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, aunque al costo de provocar un peor resultado para los jubilados y pensionados del que podrían haber obtenido con la restauración de la fórmula que rigió en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri.
Se vienen los juicios
De ahí que el consenso de los asesores previsionales anticipa una nueva de ola de juicios contra el Estado, con un costo fiscal futuro notablemente mayor que lo buscado con el ahorro presente.
Por un lado, porque no se compensa a los jubilados por las pérdidas en sus haberes frente a la inflación de los últimos años y, además, si el próximo año los aumentos otorgados quedan por debajo de los aumentos promedio que reciben los trabajadores activos, por el impacto del tope que pone la recaudación.
“La movilidad de los jubilados va a representar no solo la capacidad recaudatoria del Estado, sino su voluntad política. Va a haber un conflicto de políticas sociales, porque para mejorar el empleo y la producción podrán tomarse medidas que signifiquen un sacrificio recaudatorio, y entonces el sacrificio será de los jubilados. Los jubilados terminarán pagando el costo de la totalidad de las medidas sociales. Es absurdo”, advirtió la abogada Elsa Rodríguez Romero, especialista en Seguridad Social.
Según la abogada, la movilidad de los jubilados tiene que seguir a los salarios, pero la fórmula solo la contempla en un 50%. “Le van a dar a los jubilados la mitad de algo que el año que viene va a aumentar poco, como los salarios y la otra mitad de algo que va aumentar menos todavía. Los jubilados van a tener menos aumento que los trabajadores activos. ¿Quién controla el esfuerzo que debe hacer el Estado para aumentar la recaudación? Si al cabo de un tiempo, la movilidad da menos que el índice salarial, en una magnitud determinada, va a haber juicios”, estimó Rodríguez Romero.
Por su parte, el abogado previsionalista Adrián Tróccoli destacó que el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que mide la evolución de los salarios, puede verse afectado en los próximos meses porque muchos convenios colectivos se firmaron con aumentos no remunerativos, que luego no son reflejados.
Pero para Tróccoli es clave que el proyecto no haya contemplado las pérdidas pasadas. “El haber máximo de las jubilaciones en los últimos tres años perdió un 30% frente a la inflación.
Los Jubilados fueron los más perjudicados.
El Gobierno dice que la ley mira para el futuro. Al no devolverles ese 30%, tienen derecho a reclamar —dijo el abogado—. Esto no es solo una cuestión de movilidad. La fórmula es mirar una foto y no la película”.
“Esta nueva fórmula no digo que sea buena o mala. Pero mantendría el nivel actual. Y el nivel actual ya está en el subsuelo. No va a recomponer el daño de los últimos tres o cuatro años. En 2016, con una fórmula similar, los jubilados perdieron un 5% contra la inflación, porque se disparó. Con una inflación alta, la fórmula no funciona y eso no se puede ignorar″, aseguró Tróccoli.
Para Rodríguez Romero, entre 2009 y 2017, cuando la fórmula de movilidad que se aplicó fue similar, no se generaron reclamos judiciales porque en esos años la recaudación coincidía con el índice salarial.
En tanto, el Gobierno defendió la fórmula propuesta: en un documento difundido este martes, destacaron que tiene “sustentabilidad jurídica” al recuperar la esencia de la fórmula de 2008 que no tuvo litigios y es “jurídicamente robusta”.
Además, señalaron que la nueva fórmula cuenta con sustentabilidad, ya que considera la evolución de los salarios, los recursos de la Anses (tributarios y totales) y la evolución de los beneficios del organismo. Y también con suficiencia, ya que garantiza que en momentos de crecimiento, los beneficiarios se vean favorecidos ante el aumento de los salarios y la recaudación por sobre la inflación.
Conclusión
Si se aplicaban los aumentos previstos por la Ley 27.426, sancionada en 2017, las jubilaciones hubiesen tenido un incremento acumulado de todo 2020 del 42 por ciento.
Las subas otorgadas hasta ahora por decreto fueron de entre 3,75% y 12,96% en marzo, dependiendo del nivel de ingresos; de 6,12% en junio y de 7,5% en septiembre
El cálculo surge de considerar las subas que habrían resultado en marzo (11,56%), junio (10,89%), septiembre (9,88%) y diciembre (4,48%), según estimó para el último tramo del año la abogada previsionalista Andrea Falcone. Ese número final agregado, 42%, se ubica, hasta el momento, por encima de la inflación del 36,9% esperada por los economistas, de acuerdo al promedio del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.
En tanto, las subas otorgadas hasta ahora por decreto fueron de entre 3,75% y 12,96% en marzo, dependiendo del nivel de ingresos; de 6,12% en junio y de 7,5% en septiembre. El resultado acumulado fue inferior al que habría resultado de la aplicación de la Ley de Movilidad para el mismo período, explicó Falcone.
(La Gaceta Liberal con información de Notiar / Infobae / La Nación)
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