POLÍTICA / OPINIÓN
¿Quién dijo que no había plan?
A casi ocho meses del tercer gobierno de Cristina -sí, del gobierno de Cristina Fernández- no es ningún secreto algo que quien suscribe sostiene desde diciembre de 2010: el kirchnerismo no tiene ningún plan de gobierno.
Tal es así que en las primeras semanas de gestión K, cuando a quien ocupa el cargo de presidente, Alberto Fernández, se le preguntaba precisamente por el plan de gobierno, especialmente en lo que al pago de la deuda se refiere, decía: "No es verdad que no tenemos plan, es verdad que no lo contamos. Y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Sería descubrir las cartas. Estamos jugando al póker y no con chicos", en respuesta a preguntas de alumnos durante la clase magistral que brindó en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciense PO París).
Luego, Fernández se limitó a decir que "el plan es poner en funcionamiento la economía argentina", resaltando que para ello se reunió con empresarios en todos los países que visitó recién había asumido la Presidencia. Pero en ningún momento dijo cuáles eran los planes.
Casi tres meses después, el 25 de abril, dijo textualmente: "Hemos organizado un plan para enfrentar la pandemia desde el punto de vista económico".
Evidentemente, el supuesto plan fue un rotundo fracaso ya que estamos inmersos en la peor crisis económica de las últimas décadas; peor que la de 2001/2.
Finalmente, en una entrevista ofrecida al Financial Times el 19 de juli,o aseguró: “Francamente, no creo en los planes económicos, creo en los objetivos que nos podemos fijar".
Y en honor a la verdad, lo único creíble de estas afirmaciones de Alberto es la segunda parte a la respuesta dada al diario británico: "creo en los objetivos que nos podemos fijar". Esa parte sí es creíble, y los objetivos fijados desde el comienzo de su supuesta gestión, por orden de Cristina, obviamente, son dos. El primero consta de dos puntos que se relacionan entre sí: la reforma judicial para salvar a los funcionarios K en general, y a la vicepresidenta en particular, de todos los procesos judiciales pendientes e instalar el "ministerio de la venganza". El segundo objetivo es hacer caja, para ellos, obviamente, y tratar de cooptar todo lo que se pueda para el estado.
El intento de expropiar Vicentin y ahora Edesur son dos claros ejemplos. No nos olvidemos de que todavía no llevan ni ocho meses de gobierno.
Esos son, claramente, los dos planes que tiene el gobierno, que se resumen simplemente en acumular poder e impunidad.
Ahora bien... de los dos planes, sin dudas, el más diabólico es el de reformar la Justicia y aumentar la cantidad de miembros de la Suprema Corte de Justicia, ya que habiendo logrado esto, lo demás será solo un trámite, como en la mejor de las dictaduras.
En una entrevista realizada por el periodista Marcelo Longobardi al Constitucionalista Daniel Sabsay por Radio Mitre, explicó que el proyecto de reforma judicial presentado por Alberto Fernández busca moldear el sistema de acuerdo a las necesidades del Poder Ejecutivo y consideró que “es un juego muy perverso”.
“Va a transformar a la Corte Suprema en una suerte de cuarta instancia, cuando es una instancia extraordinaria que revisa que se haya respetado el debido proceso”, consideró Sabsay, quien recordó: “En su momento, en uno de los fallos fundantes la llamaban ‘el arca de las libertades públicas’. Me la quieren marchitar. Es un modo de cambiar la Corte para amoldarla a las necesidades del gobierno de turno”.
“Acá se quiere ampliar la Corte de Justicia, lo demás en blablá. Es un revestimiento”, aseguró Sabsay, quien remarcó que el proyecto “encubre el verdadero propósito, que es algo muy perverso. No olvidemos que el Presidente como la señora Kirchner habían dado cátedra sobre por qué no agrandar la corte”. “¿Qué necesitan? Que un grupo de sabios le digan “no, tienen que ampliarla muchachos”.
Sabsay consideró que la comisión es inconstitucional “porque el Ejecutivo no puede influir en las funciones del Judicial. El artículo es categórico”. Tenemos a dos grandes penalistas donde uno defiende a la expresidenta y otro al expresidente de la AFIP”. “Si eso no es una presión, ¿qué es una presión?”, preguntó.
Haciendo un paralelismo, el constitucionalista indicó: “¿Se imagina lo que sucedería si la Corte decidiera armar una comisión para estudiar el Poder Ejecutivo?” Sabsay consideró que esta presentación es “una cosa rimbombante donde uno exhibe algo que no es para nada plural. Son todos del mismo palo”.
“Acá se quiere ampliar el número de miembros con un propósito bien claro: crear salas. La idea es que cada sala decida respecto de lo que compete a su fuero. Si en la Penal pongo ‘amigos penalistas’, cuando llega la causa que tanto desvela a la expresidenta y a los que la acompañaron, entonces ahí ya tengo arreglada la cosa. Eso es abiertamente inconstitucional. Habría que reformar la Constitución para eso. La Constitución habla de una Corte Suprema de Justicia”, explicó el referente en derecho constitucional.
Para finalizar, Sabsay aseguró: “Buscan la impunidad. Un estado de derecho está para sancionar, no para garantizar la impunidad, si no sería una distorsión”.
Realmente, es imposible agregar algo más a lo dicho por el prestigioso constitucionalista, salvo una reflexión muy personal: volvieron peores.
(Tribuna de Periodistas)
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