EMERGENCIA PERMANENTE

OPINIÓN / POLÍTICA / Por Mariano Berguero

Con plazos indefinidos

Menor actividad económica, más desempleo e informalidad, y alza de la pobreza. Los tres componentes ya eran críticos en el país antes de la pandemia del Covid-19. A partir de la irrupción del nuevo coronavirus, estas variables, las más sensibles de la economía, se agravarán. La contracción de ingresos del sector privado en general y en las administraciones estatales de todos los niveles ya es fuerte y crecerá en magnitud, descuentan funcionarios y economistas por igual. Córdoba, más que nunca, no es una isla.

Con la cautela del caso y sin adelantar movimientos, la Provincia analiza alternativas excepcionales. En la caja de primeros auxilios del Centro Cívico asoma una droga de carácter extremo: echar a andar bonos provinciales a la calle. Hace una semana, en este espacio, se adelantó que cerca del gobernador Juan Schiaretti no descartan tomar esa vía ante la cercanía de un cada vez más probable cuello de botella financiero.

Córdoba no es el único distrito que analiza esta variable: Santa Fe y Entre Ríos, socios en la Región Centro, estudian paliativos parecidos. Schiaretti, el santafesino Omar Perotti y el entrerriano Gustavo Bordet se convencen cada día más de que la ayuda nacional reclamada podría no ser suficiente.

El resentimiento del circuito comercial y productivo –flujo de casi el 40 por ciento de los ingresos del fisco cordobés– avanza en paralelo a la enfermedad. Es un dramático juego en tándem: el pico de la propagación se tomará de la mano con el máximo de la paralización económica.

Es el resultado de la opción draconiana que adoptó el presidente Alberto Fernández. La salud por encima de la economía, aunque la primera opción destruya a la segunda.

En ese marco, los plazos se vuelven críticos. Los escenarios posibles y sus consecuentes políticas de acción son distintos dependiendo de cuánto dure la crisis sanitaria.

Cerca del jefe del Estado hay una valoración positiva de la conducta general de la población ante la implementación de la cuarentena obligatoria.

Más allá de los ajustes que se toman sobre la marcha, en el entorno del Presidente consideran que es “poco” lo que se puede seguir restringiendo sin terminar de asfixiar la actividad económica. Mientras, se insiste con ahínco en la difusión de detenidos por incumplir el aislamiento social obligatorio. Actúa como un concientizador forzoso. Al que se suma el drama italiano y el español, con muertes diarias de más de medio millar. Es el ejemplo a no imitar en el que se apoya el Gobierno nacional para advertir cuál es el riesgo cercano.

En la Residencia de Olivos, desde donde Alberto Fernández lidera el comité de crisis, recién tomarán nuevas decisiones en torno de la cuarentena al filo del 30 de marzo. Se descuenta, sin embargo, que la medida se extenderá hasta Semana Santa.

“La evaluación general de cómo funcionó la medida de aislamiento se hará recién en los próximos días, cuando puedan medirse los efectos concretos de la cuarentena. Todo lo que se diga mientras tanto es relativo. No ayuda a tomar decisiones de fondo. El Presidente esperará ese panorama general para extender, endurecer o flexibilizar la medida”, comentó en las últimas horas un funcionario cercano al jefe del Estado.

En ese mismo ámbito, hay voces que aseguran que, en un escenario optimista y de control efectivo de la propagación del virus, la normalidad perdida podría restaurarse en unos 60 días. Esa estimación se asienta en la creencia de que el pico de la enfermedad se dará a finales de abril o a principios de mayo. De ser así, se especula que serán necesarios otros 30 días para que el país logre cierta calma.

Mariano Berguero / Editor adjunto de Política diario La Voz