POSTERGAR EL PAGO DE LA DEUDA

POLÍTICA / OPINIÓN

La columna de Vicente Massot

Gobernar para los aliados. 

Vicente Massot

El comunicado que el miércoles de la semana pasada, tras finalizar su estadía en Buenos Aires, dio a conocer el Fondo Monetario Internacional, llenó de regocijo al presidente de la Nación y a buena parte de sus acólitos. Semejante euforia se entiende en razón de la necesidad perentoria que tiene el kirchnerismo de llevar agua a su molino. Al celebrar el texto de los técnicos de aquel organismo, la Casa Rosada ponderó cuanto le convenía, de la misma manera que pasó olímpicamente por alto lo que no rimaba con su estrategia.

Hubo, pues, una lectura sesgada. Extraer la conclusión de que, finalmente, el FMI le había dado la razón al populismo criollo al sostener que la deuda argentina es impagable, no agrega nada a lo que se conocía desde hace rato. Chocolate por la noticia. Hasta un chico en edad escolar estaba al tanto del asunto. Que nuestro país no se encuentra en condiciones de honrar sus compromisos externos de carácter financiero representa, a esta altura, una verdad digna del célebre Perogrullo.

Hay un segundo dato—este sí favorable a la administración de Alberto Fernández— imposible de soslayar. El Fondo adoptó un criterio respecto de los bonistas que ya lo había adelantado en el caso ucraniano. No se anduvo con vueltas a la hora de decir que éstos deben contemplar una quita importante en orden a sus pretensiones. En una palabra, pareció convertirlos en el pato de la boda. Haciendo un poco de historia, vale recordar que en su momento, con idioma algo diferente, Anne Krueger —cuando en forma interina fue suyo el sillón en el que hoy se sienta la búlgara Kristalina Georgieva— defendió una posición similar.

El tercer dato de relevancia no está escrito en ningún lado del comunicado. Pero, por omisión, quedó en claro —dando por terminada la polémica que, días atrás, habían protagonizado Cristina Fernández y un alto directivo del FMI— que no existe margen para pensar en la posibilidad de una quita ni en el capital ni tampoco en los intereses de la deuda contraída con el organismo. Si Cristina Fernández y el presidente de la Nación creían seriamente en lo que habían voceado semanas atrás, ahora pueden darse por enterados y vencidos.

Y hay un cuarto punto relevante que fija la posición del Fondo acerca de la necesidad de un ajuste. Claro es que en el comunicado de marras no se deja leer esa palabra que —como ninguna otra— eriza la piel kirchnerista. Adoptando un idioma menos beligerante aunque no por ello menos severo en punto a las asignaturas pendientes del Frente de Todos, los responsables del organismo de crédito no dejaron lugar a dudas. Al par de reconocer ciertos logros en la lucha contra la inflación y el manejo de las reservas, adelantaron que se requerirán esfuerzos adicionales sin los cuales la sustentabilidad fiscal correría riesgos. Claro como el agua.

La estrategia del gobierno se puede resumir —sin entrar en detalles que aún no conocemos— en esto: cerrar con el FMI un acuerdo que contemple la postergación de los pagos hasta el fin del mandato de Alberto Fernández (2023) y con base en semejante alivio financiero reactivar la economía, que de momento no ofrece señales de poder salir de la recesión en la que se halla sumergida desde los tiempos de Macri. Dando por sentado que el Fondo no aceptará quitas, en la Casa Rosada desean una alianza que le haga menos traumática la negociación con los bonistas.

Si hay entendimiento con el Fondo nadie supone que a aquéllos podrá llevárselos de las narices e imponerles unas condiciones leoninas, que no estén en condiciones de rechazar. Pero si las negociaciones con Kristalina Georgieva tienen un final aceptable para las partes, la relación de fuerzas en la pulseada con los acreedores privados favorecerá en primera instancia al kirchnerismo. Un escenario así planteado favorecerá las chances de que Martín Guzmán pueda salirse con la suya, fijando una quita sustantiva.

Tal como están planteadas las cosas, todo llevaría a pensar que un acuerdo razonablemente beneficioso para la estrategia del gobierno podría hallarse al alcance de la mano. No habrá de anunciarse mañana ni el próximo mes pero es probable que antes de mitad de año las negociaciones que lleva adelante Martín Guzmán toquen a su fin. Es todavía una incógnita, en cambio, qué puede suceder con los tenedores de bonos. De manera especial los que se rigen por la ley norteamericana. El espaldarazo que recibió la administración kirchnerista de parte del FMI no los convierte en rehenes nuestros, aunque les restrinja el campo de maniobra.

Está claro que mientras duren los conciliábulos entre el equipo económico y los acreedores, la economía real no saldrá del letargo en el que se encuentra. Alberto Fernández y su ministro estrella intentan por todos los medios mantener en alto el tono, entre optimista y por momentos épico de sus pronósticos, en atención a que se han juramentado a no revelar ni siquiera un punto o una coma del plan que anunciarán luego de cerrar —si lo consiguen— los acuerdos respectivos con el FMI y los bonistas.

Sin embargo, y más allá de la letra chica del plan que tanto se hace esperar, hay dos sillares sobre los cuales se asentará. Respecto de los mismos no hay necesidad de mayores esperas. Por un lado, el titular de la cartera de Hacienda no dejó lugar a confusiones cuando dijo que hasta 2023 —o sea, durante los próximos cuatro años— no estaba en su agenda realizar ajuste fiscal ninguno. Por el otro, acaba de trascender que el Poder Ejecutivo elevará en los días por venir el monto de las retenciones al campo: en 10 % en el caso de la soja y porcentajes algo menores al maíz y al trigo.

Alberto Fernández está convencido de que su base electoral —todavía mayoritaria— aguantará la situación por la que atraviesa y los padecimientos que ésta conlleva por espacio de varios meses más. No se hace ilusiones con brotes verdes —al estilo del macrismo— ni supone que le será fácil anunciar buenas noticias de carácter económico. Por eso, sus decisiones se toman en consonancia con la satisfacción mínima de las necesidades de las tribus sociales afines. Sólo aumentan las jubilaciones para los que cobran menos de $ 20.000. Las futuras alzas en las tarifas de gas y de electricidad —tal cual lo adelantó Santiago Cafiero, aun cuando el presidente lo haya desmentido— al momento de aplicarse alcanzarán únicamente a los que, según el criterio gubernamental, estén en condiciones de abonarlas. La carga impositiva, de buenas a primeras, vuelve a recaer sobre el sector más eficiente y que, a su vez, menos votos tiene y ha sido en general reacio a secundar las políticas del kirchnerismo: el campo.

En este orden de prioridades, hay un error que la administración populista afincada en Balcarce 50 desde diciembre pasado no está dispuesta a cometer. Aprendió de la experiencia macrista lo que no debe hacer: ni callarse respecto de la herencia recibida ni obrar en contra de los sectores que son históricamente sus aliados. Cambiemos, a pesar suyo, terminó comprometiendo la suerte de las clases medias urbanas que le habían permitido ganar las elecciones presidenciales del año 2015. El Frente de Todos es en eso mucho más realista: tratar de que el peso del ajuste tenga que asumirlo en buena medida el 40 % del electorado que le fue adverso. Que tenga éxito o fracase en esta empresa es asunto abierto a debate.

Vicente Massot / Prensa Republicana