La Unión del Personal Militar, Asociación Civil (UPMAC) ha comunicado que lanzó requerimientos al Poder Ejecutivo Nacional.
Dice en un informe que "En los últimos días, personas muy relacionadas con los más altos niveles del gobierno, se han comunicado con UPMAC a fin de interiorizarse de los problemas que aquejan al personal militar, en particular a los retirados y sus familiares".
Suena a que en el gobierno se hacen los distraídos, cómo si no lo supiesen.
El requerimiento consta de tres partes:
SALARIOS, SITUACIÓN
El objetivo político del Gobierno Nacional durante el período 2003/2015 fue la aniquilación de las FFAA, tanto en el aspecto material como en el moral, a través de todos los mecanismos posibles, siendo los más notorios los juicios por la mal llamada “lesa humanidad” y el ahogamiento presupuestario, cuyo primer efecto fue el aplastamiento salarial, con centro de gravedad en la masa de retirados. En la materia salarial se llegó a un verdadero caos, que por presión judicial desembocó en una suerte de “emprolijamiento” a través del Decreto 1305/12, que uniformó los suplementos no remunerativos y acható drásticamente la escala jerárquica, dejándola en la relación de 2,85 a 1. Una parte de estas inconstitucionales medidas fue subsanada por el mismo gobierno anterior, y otra por el actual gobierno, quedando un tramo importante por resolver. En efecto, la escala jerárquica no fue corregida este año, manteniendo una relación entre extremos de 4,60 a 1 (la original era de 5,35 a 1), y los suplementos no remunerativos son del 25% del Haber Mensual, en promedio, en desmedro del personal militar retirado y los pensionados de las FFAA. Mientras tanto, surgió otra faceta de este agravio: los aumentos de haberes de las FFSS y FFPP crecieron muy por encima de los otorgados a las FFAA, para desprestigio de estas últimas. En la actualidad, sus haberes son superados por los de las FFSS en un 43%, y por los de la PFA en un 67%, en promedio, según un amplio estudio realizado por el Ministerio de Seguridad. Lo expresado anteriormente provocó un importante éxodo de oficiales y suboficiales altamente especializados de las filas de las FFAA con destino a otras Fuerzas o al ámbito privado, como asimismo la pérdida de confianza en las autoridades nacionales ante la ausencia de una solución.
REQUERIMIENTOS
a) Blanqueo de los suplementos por Responsabilidad Jerárquica y Administración de Material, en cumplimiento del reciente Fallo Sosa de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó la integración al sueldo del 100% de los mismos.
b) Simultáneamente una rejerarquización tal que restituya la relación de 5,35 a 1, entre el Haber Mensual del Tte Gral y el del Vol 2da.
c) La equiparación, en promedio, con los niveles salariales de las Fuerzas de Seguridad y Policiales.
LA OBRA SOCIAL DE LAS FFAA, SITUACIÓN
El Decreto 637/2013 dio lugar a la creación del IOSFA, Instituto de Obra Social de las FFAA, a partir de la unificación del IOSE (entidad autárquica) y de las Direcciones de Bienestar de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina (DIBA y DIBPFA), con sus respectivas estructuras. El fundamento esgrimido para tal decisión fue una supuesta mala administración de las mismas, aunque la causa de los problemas administrativos fue que la mayor parte de los haberes de las FFAA eran de carácter no remunerativo (en negro). Tampoco se contaba con los aportes patronales. Tras seis años de manejo por funcionarios ajenos a las FFAA, el IOSFA ha pasado por las manos de un Administrador y tres Presidentes del Directorio sin que se haya completado siquiera su unificación definitiva y sin que se hayan cumplido –ni por aproximación– las metas porcentuales de gastos en salud exigidos por el mismo decreto. Más aún, el desorden administrativo y la falta de transparencia se ven reflejados en las auditorías internas, y las numerosas inconsistencias detectadas por nuestra Asociación han derivado en una denuncia penal radicada en el Juzgado Nro 11 de Comodoro Py. A modo ilustrativo se transcribe un párrafo del Acta de Directorio Nro 87, del 24 de abril de 2019: …“Agrega el Grl de Br (R) FIGUEROA que, así como en Córdoba, en todo e IOSFA existe incompetencia en la línea gerencial que cobra sueldos de primera con rendimientos de baja calidad, esto se ve reflejado en que el DIRECTORIO aprobó una nueva orgánica que tenía como consecuencia la reconversión del Sistema de Auditoría de Facturación, el cual se está implementando sin la intervención ni una directiva de la Gerencia de Planeamiento que oriente y coordine a las distintas gerencias y subgerencias involucradas, no se cumple lo establecido por el DIRECTORIO y es una exposición clara de la incapacidad de gestión.” Por último, el IOSFA debe ser DE Y PARA LAS FFAA. Se financia con aportes de los afiliados, en forma solidaria, y las contribuciones patronales que le corresponden al Estado Nacional como empleador. Su presupuesto no incide en el Presupuesto Nacional, por lo que no se justifica la intervención del Estado designando a un administrador ajeno a las FFAA.
REQUERIMIENTO
Designación de un oficial superior de las FFAA como Presidente del Directorio del IOSFA, preferentemente con el grado de General o equivalente, que acredite la experiencia y el conocimiento necesarios para dicha función.
DERECHOS HUMANOS, SITUACIÓN
El objetivo político del Gobierno Nacional durante el período 2003/2015 fue la aniquilación de las FFAA, tanto en el aspecto material como en el moral, a través de todos los mecanismos posibles, siendo los más notorios los juicios por la mal llamada “lesa humanidad” y el ahogamiento presupuestario, cuyo primer efecto fue el aplastamiento salarial, con centro de gravedad en la masa de retirados. Con un criterio de venganza y no de justicia, se omitieron todas las salvaguardas y se violaron todos los principios constitucionales –comenzando por el de igualdad ante la ley– que pudieran obstaculizar el juzgamiento y encarcelamiento de quienes integraron las Fuerzas Represivas que evitaron el triunfo de las organizaciones terroristas en la década del ´70. La arbitrariedad ha sido el común denominador de este infausto proceso que –combinado con el “curro de los Derechos Humanos” –continúa en estos días. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo por Detenciones Arbitrarias de la ONU, entregadas a este gobierno en el año 2018, no han tenido efecto alguno.
Veamos algunas cifras actuales: Personas de 70 años o más de edad detenidas en penales: 92. De éstas, ocho tienen entre 80 y 90 años de edad. Tiempos de prisión preventiva (considerando que la ley establece un máximo 2 años, eventualmente, hasta 3): de las 1028 personas cuyas fechas de detención se conocen, surge lo siguiente:
Tiempo promedio de prisión preventiva: 6, de 78 años
Cantidad de detenidos en prisión preventiva (sin sentencia firme): 1.087 personas.
Tiempo máximo de prisión preventiva, a la fecha: 17 años y 10 meses.
Sobre un total de 508 fallecidos, 167 lo han sido durante el actual gobierno, y la gran mayoría de ellos sin sentencia firme. Estas son algunas de las principales irregularidades que configuran una verdadera negación de justicia.
REQUERIMIENTOS
1) Cese de la Secretaría de DDHH como querellante en las causas llamadas de Lesa Humanidad, siendo éste un resorte exclusivo del PEN
2) Cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo por Detenciones Arbitrarias de la ONU, en todos los casos de exceso de tiempo en Prisión Preventiva.
3) Pase a prisión domiciliaria de los detenidos en establecimientos carcelarios enfermos y/o mayores de 70 años.
4) Retiro de placas y cualquier otro tipo de reconocimiento honorífico en el ámbito nacional y CABA (especialmente Parque de la Memoria), referidos a personas reconocidas por su participación en actos terroristas durante gobiernos democráticos.
Fuente: UPMAC
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