OPINIÓN
La democracia no está en peligro: está funcionando la ley
Por Carlos Mira
Aprovechándose de la ventaja de operar sobre un pueblo cívicamente muy inculto, el kirchnerismo está intentando instalar una idea que conviene desmontar más rápido que tarde: que la democracia argentina estaría en peligro porque existiría una cantidad de argentinos dispuestos a votar a Cristina Fernández de Kirchner y ella no puede presentarse como candidata.
El argumento parte de una confusión elemental: la democracia no es un sistema de votación, es un sistema de gobierno. Y en una democracia constitucional el gobierno es, fundamentalmente, el gobierno de la ley. La voluntad popular se expresa mediante el voto, naturalmente, pero el voto no está por encima de la Constitución, de las leyes ni de las decisiones de la Justicia. No gobiernan las personas, no gobiernan los partidos y tampoco gobiernan las mayorías circunstanciales: gobierna la ley, y la Justicia es la institución encargada de aplicarla.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito que jurídicamente se denomina “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. La condena fue confirmada por Casación y adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema desestimó el recurso de su defensa, luego de que la acusada gozara de todas las prerrogativas que le permiten las distintas instancias del debido proceso.
Ahora bien, hay algo que el lenguaje jurídico, con su inevitable tecnicismo, puede terminar escondiendo detrás de las palabras: para quien no es abogado, “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” puede sonar como una fórmula abstracta, burocrática, casi incomprensible. Al pan, pan y al vino, vino: en el lenguaje común, lo que hay detrás es el robo de dinero público. No digo que “robo” sea la denominación jurídica del delito —no lo es— sino que es la manera sencilla de explicar qué significa, para un ciudadano común, que alguien haya sido condenado por defraudar el patrimonio del Estado. Y ese patrimonio no pertenece a los funcionarios: pertenece a todos los argentinos.
Por eso resulta particularmente absurda la pretensión de presentar la imposibilidad de Cristina Kirchner de volver a ser candidata como una agresión contra la democracia. La pregunta debería ser exactamente la contraria: ¿qué clase de democracia sería aquella en la que una persona condenada en forma firme por robar dinero del pueblo al cual supuestamente representaba pudiera volver a ocupar un cargo desde el cual administrar precisamente los recursos públicos?
Si una persona conserva apoyo electoral después de haber sido condenada, ese apoyo no elimina la condena ni convierte en inaplicable la ley. La popularidad no está por encima de la Justicia y los votos no constituyen una amnistía penal. La democracia garantiza el derecho de los ciudadanos a elegir, pero dentro de las reglas constitucionales y legales que rigen para todos. Si la Justicia, después de un proceso judicial con las garantías correspondientes y luego de atravesar las instancias previstas, determina que una persona está inhabilitada para ejercer cargos públicos, impedirle que se presente no significa destruir la democracia: significa hacer funcionar uno de sus mecanismos esenciales, que es precisamente impedir que alguien esté por encima de la ley.
Lo que debería preocuparnos, entonces, no es que una persona condenada no pueda volver a administrar el dinero de los argentinos, sino que alguien pretenda convencernos de que eso constituye un ataque contra la democracia. Llenarse la boca con la palabra “pueblo” no es democracia; utilizar la confianza del pueblo para obtener poder tampoco garantiza democracia.
La democracia no consiste solamente en votar: consiste en vivir bajo un sistema institucional en el que también quienes gobiernan están sometidos a la ley. Cuando un funcionario utiliza el poder que recibió de los ciudadanos para perjudicar el patrimonio público y la Justicia determina su responsabilidad penal, la consecuencia de esa condena no constituye una falla del sistema democrático. Es exactamente lo contrario: es la República poniendo un límite al poder.
Por eso, cuando se escuche que la democracia está en peligro porque Cristina Fernández de Kirchner no puede ser candidata, conviene recordar una verdad elemental que parece necesario repetir en la Argentina: la democracia no significa que cualquier persona pueda ser elegida. Significa que nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley. Ese es el rule of law. Eso es República. Y eso también es democracia… No sé cuántos años tienen que pasar cuántas y penurias tienen que ocurrir en la Argentina para que la sociedad termine de entender una buena vez semejante simpleza.
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