OPINIÓN
Para que el boom exportador no termine en una batalla por la captura de sus rentas, hay que hacer lo contrario de lo que hicimos hace 20 años
Por 
Víctor Ruilova
La Argentina tiene una oportunidad de las que no se suelen repetir. Las exportaciones de energía y minería superarán este año los 22.000 millones de dólares y seguirán acercándose a las cifras del agro, el sector que desde hace décadas encabeza las ventas externas del país y prevé 33.000 millones de dólares para esta campaña. El contexto internacional nos acompaña: el mundo necesita cobre y litio para electrificarse, gas para reemplazar proveedores poco confiables y alimentos para una clase media que sigue creciendo. Vaca Muerta, la cordillera y la pampa ofrecen todo eso, no es novedad.
Tampoco lo será la demanda que viene asociada con este boom. Ya se instaló la idea de una economía a “dos velocidades”: sectores que crecen, como la energía y la minería, y otros que se achican. Neuquén suma empleo formal mientras el país lo pierde. De hablar de “ganadores y perdedores” a preguntarse cómo repartir la bonanza de los primeros hay un solo paso.
Es cierto que esta demanda es legítima, pero no en el sentido de que haya que quitarles a unos para darles a otros, sino en que debe ser posible explicar de qué manera la energía, la minería y el agro ayudarían a crecer al resto de la economía. Sin esa explicación, la propuesta más a mano volverá a ser la extracción de la renta y la polarización.
Un poco de historia
Hace 20 años, la Argentina vivió un boom con la soja y el petróleo. Los derechos de exportación (retenciones), que habían vuelto con el fin de la Convertibilidad, en 2007 subieron hasta un 35% para la soja. Además, al petróleo se le fijaron retenciones móviles que le dejaban al productor un máximo de 42 dólares por barril en un mundo con el crudo en camino a los 140. En 2008 llegó la ya célebre Resolución 125, que intentó extender esa misma lógica de derechos móviles al campo.
Como para quedarse con una renta de manera compulsiva hacía falta una justificación, fue así que para cobrarle al campo alícuotas que crecían con cada suba de precio hubo que convertir al sector en enemigo del Gobierno, y el conflicto de 2008 hizo exactamente eso. El kirchnerismo perdió la votación en el Congreso, pero salió de esa pelea radicalizado. Aquel mismo año estatizó las AFJP, al siguiente impulsó la Ley de Medios y la dialéctica “pueblo versus corporaciones” se volvió el eje de su discurso. La 125 suele fecharse como el origen de la polarización que ordenó la política argentina durante más de 15 años: la extracción necesitaba enemigos.
El costo económico fue enorme. La renta extraída sirvió para, entre otras cosas, sostener subsidios energéticos que crecían año tras año y postergaban la actualización de las tarifas. Mientras tanto, la producción de petróleo convencional declinaba y, con precios internos pisados, la inversión no llegó para compensarla. El desarrollo del no convencional se demoró. El país que exportaba energía empezó a importarla, y pasamos de la bonanza al cepo cambiario en tiempo récord.
En el agro, el contrafáctico está cruzando el Iguazú. Gracias a un estudio de CIPPEC, sabemos que hace 25 años la Argentina y Brasil producían prácticamente la misma cantidad de granos. Hoy nuestro vecino produce dos veces y media más. Desde el año 2000, Brasil se llevó el equivalente 12 cosechas récord argentinas más que nosotros, unos 475.000 millones de dólares.
La diferencia no fue la tierra ni la tecnología: en los ’90, la Argentina iba adelante en siembra directa y biotecnología. Fue la combinación de retenciones, cepo y trabas a las exportaciones lo que hizo que por cada tonelada de soja el productor argentino recibiera en promedio el 60% de lo que cobraba uno brasileño. Elegimos capturar la renta y ponerle un techo al sector antes que dejarlo crecer, a contramano de lo que hicieron nuestros clásicos competidores.
Tres vías
La experiencia de la región y del mundo muestra que un boom de recursos puede traccionar al resto de la economía por al menos tres caminos: el crecimiento del territorio donde ocurre, la expansión de capacidades asociadas y la estabilidad macroeconómica, que hace posibles a los otros dos y a la vez se alimenta de ellos. Ninguno es automático. Los tres le piden algo al Estado, pero no lo que hizo en 2008. No le piden extraer renta ni repartir subsidios, sino construir infraestructura, capacidades y reglas. Veamos cada uno de ellos en detalle.
En primer lugar, una actividad extractiva puede funcionar como un enclave: producir mucho en un lugar y dejar poco en su entorno. Para evitarlo, el boom debe ser capaz de “refundar” ciudades: que la gente se radique con su familia, que los servicios se diversifiquen y que aparezcan empresas locales que crezcan con la demanda. Brasil hizo esa transición con su agro: la población de sus regiones agropecuarias creció casi tres veces más rápido que la del resto del país. La diferencia con un enclave la hizo la infraestructura: rutas, ferrocarriles, hidrovías y puertos acompañaron el avance de la producción hacia el interior.
Neuquén está hoy en el punto en que se define cuál de los dos caminos toma. Entre los censos de 2010 y 2022, su población pasó de 550.000 a 710.000 habitantes, un aumento de casi 30%, el doble del promedio nacional. Según el gobernador, otras 22.000 personas se radicaron en la provincia en el último año. En Añelo, la localidad más cercana a Vaca Muerta, ya se siente la presión sobre la vivienda, las escuelas, la salud y los servicios públicos.
El boom necesita dos tipos de infraestructura. La primera saca la producción: gasoductos, oleoductos, plantas de GNL, que en buena medida financian los propios proyectos. La segunda hace habitable la cuenca: agua potable, casas, escuelas, hospitales, rutas. Esa no la financia nadie automáticamente. Además, Vaca Muerta es una cuenca concentrada, no una frontera agrícola que se extiende por millones de hectáreas. Para que genere una red de ciudades, tiene que conectarse con actividades que sí se extiendan en la misma geografía. La infraestructura que construye el boom puede servirles si se diseña para eso.
En segundo lugar, fue Ricardo Hausmann con su Atlas de la complejidad económica —una herramienta digital y un libro publicado en 2011— quien explicó que los países no se diversifican hacia cualquier lado, sino hacia actividades que usan capacidades parecidas a las que ya tienen. Un sector se vuelve una locomotora cuando obliga a acumular capacidades que después sirven para hacer otras cosas.
El agro argentino es el mejor ejemplo. Alrededor de la siembra se desarrollaron proveedores y conocimiento: una industria de maquinaria agrícola radicada en su gran mayoría en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Se desarrollaron también servicios de siembra y cosecha, semillas y biotecnología. Esas capacidades no quedaron encerradas en el campo: son piezas disponibles para armar actividades nuevas.
La energía puede generar un proceso similar, y la escala de su demanda ya es visible. Las empresas locales certificadas como proveedoras pasaron de poco más de 300 a fines de 2023 a más de mil este año. Y hay actividades nuevas en camino, como los proyectos para producir fertilizantes con gas de Vaca Muerta. Las capacidades que acumuló durante décadas la metalmecánica del agro están más cerca de lo que parece de las que demanda la cuenca.
Las reglas, sin embargo, no siempre tiran para el mismo lado. El RIGI exige que cada gran inversión destine al menos el 20% del gasto en proveedores a empresas nacionales, siempre que su oferta esté disponible en condiciones de mercado de precio y calidad. Para el RIGI, un proveedor es local si está constituido en el país y la mayoría de su capital está en manos de titulares con domicilio fiscal argentino.
La ley neuquina, en cambio, es más dura: no permite certificar a empresas que pertenezcan a grupos económicos no neuquinos, o que estén controladas por ellos o vinculadas a ellos. La metalmecánica de Rafaela, Marcos Juárez o el conurbano bonaerense, justamente la que tiene las capacidades más cercanas, queda así afuera de la preferencia provincial. Y el conocimiento práctico viaja con las personas y las empresas: cada aduana interior, como las que ya existen con Ingresos Brutos, frena su difusión. Que circulen el trabajo y el capital es la condición para generar riqueza.
Por último, el boom ayuda a la estabilidad macroeconómica al atacar el problema que frenó a la Argentina durante décadas: el déficit externo. En 2025, la balanza comercial energética tuvo el mayor superávit de su historia y explicó casi siete de cada diez dólares del superávit comercial del país. Un país sin crisis de balanza de pagos tiene menos devaluaciones, menos inflación y más crédito, y eso importa sobre todo lejos de Vaca Muerta. Buena parte de la capacidad de innovar de la Argentina está anclada en sus conurbanos y aprovecha las ventajas de productividad que da la densidad, con mercados de trabajo profundos, proveedores cercanos y conocimiento que circula. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran casi tres de cada cuatro empresas que hacen investigación y desarrollo.
El caso más claro es la economía del conocimiento, que con 10.000 millones de dólares ya es el tercer complejo exportador del país y acumula más de la mitad de todas las exportaciones de servicios. Durante años, este sector dedicó su energía a sobrevivir y no a innovar. Desde 2019 paga derechos de exportación. Después le tocó sufrir un cepo con brechas cambiarias que superaron el 100%. Una empresa que tiene que resolver cómo cobrar sus exportaciones y cómo cubrirse de la inflación y la volatilidad cambiaria no invierte en su próximo producto. La estabilidad es lo que les permite volver a usar su escala para innovar.
De este modo, la estabilidad no es únicamente un logro de gobierno para defender, sino el canal por el que el boom llega a quienes nunca pisarán Neuquén. Y también es la primera víctima de cualquier atajo.
Lo que falta
El Gobierno nacional tiene muy en cuenta la tercera pieza. La estabilidad macro es su principal apuesta y a la vez su principal logro, mientras el RIGI ordena las reglas para las grandes inversiones. A las otras dos las mira, por momentos, de reojo. Su narrativa explícita acerca del desarrollo territorial es la migración. Proyecta para los próximos 30 años que dos millones de personas se mudarán a la zona de Neuquén y Río Negro, un millón a San Juan y Catamarca y otro millón a Salta y Jujuy. Pero la proyección no dice nada sobre la infraestructura y los servicios que exige ese crecimiento. Brasil, con décadas de rutas, puertos y crédito, vio cómo algo menos del 3% de su población se mudaba a sus regiones agropecuarias en 30 años. Los cuatro millones proyectados equivalen a casi el 9% de la población argentina. En proveedores, el desarrollo quedó librado al piso del RIGI y a leyes provinciales que cierran la puerta al resto del país.
Si el boom no se convierte en desarrollo, el atajo de la extracción volverá a aparecer, encarnado en una oferta política que siempre está disponible. No necesariamente la oposición actual, cuyo historial pesa, pero alguien siempre estará dispuesto. El RIGI protege en los papeles a los grandes proyectos durante décadas, pero en la Argentina tenemos memoria. Ya sabemos cómo han terminado ciertas promesas de estabilidad garantizadas por ley: derogadas entre aplausos en el Congreso, con la subsiguiente convalidación de la Corte Suprema. Los candados legales protegen proyectos, no narrativas.
El atajo viene con su precio incluido. Hace 20 años aprendimos que la extracción compulsiva de renta necesita un enemigo para justificarse, y que la polarización que produce dura mucho más que la renta recaudada. En aquel momento, la pregunta fue cuánto le sacamos a un sector. Esta vez debería ser otra: por qué caminos el petróleo, la minería y el campo van a volver a ser la fuerza que saque adelante y arrastre al resto del país. Esa pregunta tiene respuestas, y conviene empezar a darlas antes de que prime la tentación de repetir fracasos anteriores.
Revista Seúl
Comentarios
Publicar un comentario