LA MORA ES PARTE DEL PROCESO

OPINIÓN

A pesar de la angustia de las familias endeudadas, los salvatajes propuestos por la oposición sólo impedirán que el crédito llegue a quienes han estado históricamente excluidos del sistema

Por

Víctor Ruilova

La morosidad del crédito bancario en Argentina se instaló en los últimos meses como tema central de la discusión política, con lecturas que van desde el diagnóstico de una crisis sistémica hasta el pedido de una intervención estatal generalizada. El problema es real y, sobre todo entre las familias, considerable: según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, en mayo el 12,8% de los créditos a los hogares estaba en situación irregular, mientras que la mora de las empresas era de apenas 3,5%. En el Congreso se acumulan proyectos para intervenir sobre el problema y dirigentes opositores empezaron a describirlo como una consecuencia directa del programa económico: la diputada peronista Lucía Cámpora dijo que “todos están endeudados” y lo atribuyó al “modelo económico de Javier Milei”, mientras que Andrea Freites, también de Unión por la Patria, habló de un nivel de endeudamiento “histórico” y propuso reducir intereses y refinanciar deudas hasta en 36 cuotas. Otras iniciativas van bastante más lejos. Un proyecto de la izquierda propone suspender por dos años las ejecuciones y embargos de los deudores alcanzados y, según el nivel de ingresos, condonar hasta el 100% de algunas deudas. Otro proyecto de Unión por la Patria crearía una plataforma administrada por ANSES para negociar quitas de intereses y, en ciertos casos, de capital, y planes de pago de hasta cinco años.

La sensibilidad social hacia quienes no pueden pagar es legítima. Pero la respuesta que se esboza en el debate público, y en especial en las mentes de legisladores creativos solamente repetiría el error institucional que Argentina viene cometiendo desde hace décadas. Este impulso explica en buena medida por qué el crédito al sector privado es minúsculo comparado a nuestros países vecinos.

Dimensionemos primero el problema, para separar señal de ruido. El sistema bancario tradicional concentra la enorme mayoría del stock de crédito al sector privado, y su cartera irregular es sustancialmente menor a lo que las cifras agregadas más difundidas sugieren. El grueso del problema está concentrado en el segmento no financiero: fintechs, cadenas de retail (como supermercados), tarjetas no bancarias, plataformas digitales de préstamo, donde la mora supera el 30% y donde operan más de 12 millones de personas bajo un marco regulatorio distinto. Esta diferencia es importante: proyectar la fragilidad del segmento no bancario sobre el sistema financiero en su conjunto distorsiona la magnitud real del problema y, más importante, ubica mal el diagnóstico.

La deuda en las categorías de riesgo intermedio del sistema bancario está por debajo de un salario privado registrado. No son familias arruinadas por hipotecas o prendarios en default; son saldos de tarjeta y préstamos personales acumulados sobre franjas de ingresos medios y bajos que efectivamente están bajo presión. Además, las estimaciones más recientes indican que la mora ya dejó de crecer, y los bancos están refinanciando cartera irregular, sin esperar decreto ni programa oficial. Es el sistema haciendo lo que corresponde: absorber el episodio, endurecer criterios de otorgamiento (algo que ya venía sucediendo) y reestructurar caso por caso. Nada de esto minimiza el costo humano ni la angustia de los deudores individuales. Sí obliga a discutir el fenómeno con las proporciones correctas.

El diagnóstico dominante atribuye la crisis a dos culpables: las tasas de interés altas y los bancos y las fintech, sobre todo Mercado Libre, que habrían colocado crédito irresponsablemente sobre familias sin capacidad de repago. En esa historia la mora es síntoma de un modelo económico que ahoga a las familias mientras el sistema financiero lucra. La conclusión natural de este discurso es que quien generó el problema debe absorber el costo: los bancos mediante quitas obligadas, el Estado mediante moratorias, la sociedad mediante regulación que impida la reincidencia. Es una historia moral coherente y tiene la ventaja retórica de identificar villanos claros. Es la narrativa favorita de los legisladores que se embanderan como paladines defensores de la sociedad y que en la próxima sesión del Congreso pedirán la palabra para presentan sus proyectos de ley (dicen que hay más de 30) con soluciones al problema.

Salir de la inflación

Argentina venía de una crisis inflacionaria severa entre 2023 y 2024, con una inestabilidad que podía derivar en un escenario de hiperinflación. Cuando un país sale de un episodio así se produce una secuencia conocida: primero la normalización monetaria que trae consigo tasas reales positivas, recuperación de la demanda de dinero, restablecimiento de la intermediación financiera, y después una expansión rápida del crédito desde una base deprimida. Ese fue el patrón argentino en 2024 y 2025, con el crédito al sector privado creciendo alrededor de 40% en términos reales.

Cuando un sistema pasa rápido de restringir a expandir, dos cosas ocurren al mismo tiempo. Del lado de la oferta, los bancos incorporan deudores cuya calidad de repago es difícil de observar ex ante: aprenden a discriminar solo cuando ven a ese segmento desempeñarse. Del lado de la demanda, muchos hogares que estaban excluidos del crédito acceden por primera vez a un menú de opciones y toman decisiones con la lógica de las dos décadas de inflación crónica (la cuota fija se licúa con la inflación), pero que ahora había perdido potencia.

Los argentinos aprendieron a evaluar las cuotas de un crédito bajo el supuesto implícito de que la inflación se comería su valor real en meses. Cuando la inflación baja, esa expectativa deja de cumplirse. Es un shock cognitivo, no solo económico. Y se combinó con otro efecto conocido: el rezago con el que los salarios reales se recuperan al desacelerar la inflación. Los salarios ajustan según inflación pasada, de modo que cuando el índice frena, el poder adquisitivo mejora en los meses siguientes. Esa mejora percibida activa expectativas favorables sobre los ingresos futuros y valida en lo inmediato la decisión de endeudarse. La pro-ciclicidad del crédito retroalimenta el proceso: consumo, actividad, ingreso, más crédito.

El resultado combinado es una expansión rápida en la que los hogares de ingresos medios y bajos subestiman la persistencia real de las cuotas y sobreestiman la trayectoria futura de sus ingresos. No es irresponsabilidad de los deudores ni conspiración de los bancos: es la combinación previsible de una experiencia inflacionaria interiorizada durante décadas con un régimen monetario nuevo cuyas señales todavía no se terminan de asimilar. La mora resultante no es un fracaso del proceso: es el proceso.

Sobre ese fenómeno general se monta un problema específico del mercado no bancario. Los hogares vulnerables acceden a préstamos de menor monto, mayor costo y menor plazo, y suelen usar el crédito para consumos menos postergables. Cuando el crédito se flexibiliza y aparecen nuevas ofertas de fintechs, plataformas de tarjeta no bancaria y proveedores digitales de rápido acceso, esos hogares quedan expuestos a una multiplicidad de opciones que no tenían en el pasado y a mecánicas publicitarias diseñadas para minimizar el peso percibido de la cuota. El resultado son las tasas de mora del 30% en el segmento no bancario, muy por encima del promedio del sistema, concentradas justo en la franja de deudores donde es mayor la asimetría de información y económica. Es una falla regulatoria que la discusión de “buenos vs malos” evita, y que debería estar en el centro del debate.

Ojo con los salvatajes

Una moratoria generalizada por decreto atacaría el componente macro del deterioro al costo de destruir el aprendizaje que representa el ciclo crediticio. Y el precedente argentino de ese error está a mano: la larga historia de moratorias, cambios en los contratos y salvatajes es la razón por la cual el mercado hipotecario argentino estuvo congelado por más de 20 años. Un Estado que cambia las reglas ex post cuando el clamor social se vuelve rentable políticamente, es en realidad enormemente costoso.

El default, percibido como sin consecuencias, se incorpora al precio del crédito futuro. Los bancos prestarán menos, más caro y con más garantías; los deudores en el borde del sistema, esos que hoy son objeto de simpatía política, serán los primeros excluidos de la próxima expansión. Sería una redistribución regresiva doble: los que pagaron subsidian a los que no, y los que hoy quedan afuera del sistema pagan mañana la desconfianza que la moratoria imprimió sobre el instrumento crediticio. La abstinencia frente al salvataje al deudor no es crueldad, es la condición institucional del desarrollo financiero de largo plazo.

Ahora, rechazar el salvataje generalizado no equivale a defender la inacción. Hay una agenda de política pública que combina disciplina sistémica con atención al caso individual, y que Argentina nunca terminó de construir. La transición desde una economía acostumbrada a la licuación hacia una economía con una deseable tasa de interés real positiva requiere una reeducación financiera. Cuando el marco cognitivo de los deudores fue formado por cuatro décadas de inflación crónica, no se puede pretender que un régimen monetario nuevo se lea correctamente sin acompañamiento. Ninguna de estas medidas descansa en trasladar la pérdida al Estado o al balance bancario. El sistema y los deudores deben aprender a operar bajo reglas nuevas y ese aprendizaje puede facilitarse sin ser eludido.

El desarrollo del crédito es un juego repetido. Cada intervención “salvadora” compra alivio inmediato al precio de contraer el crédito futuro, y Argentina jugó ese juego tantas veces que el ratio crédito/PBI se fue achicando y hoy es el más bajo de la región. La mora dejó de subir, la refinanciación se está haciendo, y la magnitud real del problema es menor a lo que las cifras agregadas sugieren. El sistema está procesando el episodio como corresponde en un mercado que empieza a funcionar. La respuesta institucionalmente correcta no es la moratoria sino construir el andamiaje que permita procesar el ajuste sin destruir el mercado y sin abandonar a los deudores más frágiles. La molestia inmediata es el precio de romper el ciclo. Volver a pagarlo en refinanciaciones oficiales, congelamientos por decreto o quitas generalizadas es asegurarse de tener esta misma conversación dentro de diez años, con un mercado nuevamente reducido y una nueva generación de deudores excluidos.

Revista Seúl