SOCIEDAD
En colegios porteños
Por Pablo Trapiani
El abogado José Magioncalda, en representación de Reset Republicano, lanzó una acción de amparo ante la justicia porteña con el objetivo de exigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el cumplimiento efectivo de la legislación en materia de integridad pública.
La presentación judicial surgió a raíz de la omisión detectada en la implementación de contenidos curriculares obligatorios sobre ética pública en todos los niveles del sistema educativo, tal como lo establecen el artículo 80 de la Ley local 6357 y el artículo 41 de la Ley nacional 25188.
Estos determinan que la formación en valores éticos y transparencia debe ser un componente específico y constante en la trayectoria pedagógica de los estudiantes.
La base del reclamo se sustenta en una solicitud de información pública previa, a través de la cual el propio Gobierno de la Ciudad admitió que estos temas no forman parte de los programas de estudio actuales.
Según se desprende del expediente que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 1 a cargo de la jueza Romina Tesone, la ausencia de estos contenidos priva a los alumnos de conceptos fundamentales para la formación ciudadana.
Entre los ejes ausentes se encuentran los principios de imparcialidad, rendición de cuentas, transparencia y austeridad que deben regir el desempeño de cualquier funcionario público en ejercicio de sus funciones.
La demanda puntualiza que la currícula actual ignora el tratamiento de figuras para la salud democrática, tales como el nepotismo, el conflicto de intereses y el uso indebido de la publicidad oficial para la promoción personal de los funcionarios.
Magioncalda, en tal sentido, sostiene que el deber de impartir estos conocimientos es una obligación del Estado desde la sanción de la ley nacional en 1999 y la norma local de 2014.
El paper califica de preocupante la falta de un cronograma concreto para la ejecución de estas reformas educativas, señalando que el Gobierno se limita a proyectar una implementación progresiva sin establecer plazos ciertos ni metas verificables para el nivel secundario.
Desde la agrupación Reset Republicano vinculan esta carencia educativa con la persistencia de casos de corrupción y la debilidad de las instituciones para prevenirlos.
Asimismo, el planteo afirma que la formación de una ciudadanía consciente es el mecanismo primario para evitar que sectores de la dirigencia se apropien de los recursos públicos.
De este modo, el amparo busca una orden judicial que obligue a las autoridades educativas a integrar de manera inmediata y específica la ética pública como un pilar central del aprendizaje, garantizando que los futuros ciudadanos posean las herramientas necesarias para supervisar el manejo de la cosa pública.
Tribuna de Periodistas
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