AL MAESTRO SIN CARIÑO

OPINIÓN

Los estudiantes universitarios y sus agrupaciones parecen haber entendido algo que sus profesores y los gremios docentes aún no: que este modelo de universidad pública no tiene futuro

por Héctor Ghiretti

La universidad pública argentina se enfrenta a uno de los desafíos más importantes de su historia, sólo comparable con la proscripción sufrida en el gobierno de Onganía y los años del Proceso. En este caso la causa no parece autoritaria, sino que se enfrenta a un proceso grave de desfinanciamiento por parte del Gobierno. Para muchos esto no es más que una forma de persecución ideológica y puede que haya algo de verdad en ello, aunque en lo esencial creo que el embate parece otro escenario más del programa de ajuste del gasto público, aplicado a una institución que ha disfrutado de un notable prestigio a lo largo de las décadas. Mi objetivo de hoy, en cualquier caso, es mirar las reacciones a estas medidas del Gobierno en el ámbito de la comunidad universitaria y, en particular, lo que pasa en el claustro de alumnos y sus relaciones con los profesores, porque creo que los estudiantes y las organizaciones que los representan han entendido mejor que los docentes la situación que vive el país en general y la universidad en particular.

Para empezar y como contexto general, una nota sobre la respuesta sindical docente. Salvo pocas excepciones, el acatamiento a los paros lanzados por los gremios en las últimas semanas estuvo lejos de ser unánime. Los profesores responden de forma desigual a las medidas de fuerza. Las explicaciones al uso son curiosas. Unos dicen que es porque un buen porcentaje de docentes votó a Milei y está de acuerdo con sus políticas. Otros –más curioso todavía– dicen que, para los docentes universitarios, hacer huelga es de gente ordinaria, “de negros”. Lo cierto es que hay una razón sociológica fundamental que deliberadamente se omite u oculta. Sólo el 10% de los docentes en ejercicio posee una dedicación exclusiva. El resto tiene una dedicación semiexclusiva o, la gran mayoría, simple, que es una relación laboral de 10 horas de trabajo por semana.

Esto quiere decir que el ingreso principal de la mayoría de los docentes universitarios proviene de otras ocupaciones: práctica profesional, clases en otros niveles educativos, universidades privadas, CONICET, etc. El congelamiento salarial, por lo tanto, sólo afecta sustancialmente a un número reducido de profesores. Es por eso que el acatamiento al paro es irregular. Usualmente estas particularidades de la sociología universitaria se omiten, en beneficio de la gran pelea por el presupuesto (otro gran eufemismo, puesto que el 90% de su composición corresponde a salarios).

Menos pudores parecen tener quienes critican la frialdad de las agrupaciones estudiantiles frente al reclamo docente. ¿Cómo es posible –se preguntan– que sean tan miopes o tan mezquinas, que no vean que su futuro se juega en esta lucha? Asumen que por su tradición, que proviene del reformismo, el estudiantado es sensible a los reclamos sociales y laborales y es proclive a la radicalización. El cuestionamiento no es solo un reclamo de solidaridad: para los gremios docentes el apoyo de los estudiantes es estratégico. Sin movilización estudiantil, su reclamo pasa desapercibido.

Luchen si quieren

Bueno, quizá haya algunas razones para explicar tan inesperada conducta. Para eso hay que hacer un poco de historia. Voy a valerme de mis propios recuerdos como militante estudiantil. Allá por 1988, cuando empezó a precipitarse el declive del gobierno de Alfonsín y la inflación se desbocaba, los sindicatos universitarios plantearon un plan de lucha muy combativo, con huelgas secuenciadas. El acatamiento fue alto, prácticamente perdimos un cuatrimestre entero.

En las asambleas estudiantiles casi todas las agrupaciones se prodigaban en adhesiones al paro docente, incluida Franja Morada, que estaba en una difícil posición oficialista. Desde UPAU nuestra posición era sencilla: estábamos en condiciones de apoyar el reclamo en la medida en que los sindicatos docentes no suspendieran las actividades. Si ellos se ajustaban a un planteo corporativo y no estaban dispuestos a renunciar a una medida de fuerza que tenía por principales damnificados a los alumnos, no podían exigir que estos hiciesen lo contrario. Lo más interesante de esto es que los sindicatos docentes ni pedían ni rechazaban el apoyo de las agrupaciones estudiantiles. Sencillamente prescindían de los alumnos, lo cual tenía mucho sentido, porque suponía pedir demasiado. “Si quieren apoyar es cosa de ustedes”, nos decían.

Después, en los ’90 y más en los 2000 las cosas se pusieron peor y la política estudiantil se radicalizó ideológicamente. Todas aquellas diferencias y aquellos matices se fueron suprimiendo. También empezó a decaer el poder de los gremios docentes, afectados por el ya mencionado cambio en la composición del claustro. La peronización bajó la conflictividad en la universidad durante el kirchnerismo. El retraso salarial se escondió debajo de la alfombra. Los reclamos, cuando los hubo, encontraron a gremios docentes y agrupaciones estudiantiles en la misma trinchera. Sobre todo durante el gobierno de Mauricio Macri, a pesar de que en esos años se batieron récords de asignación presupuestaria.

En paralelo se produjo un alejamiento de la política estudiantil de las demandas y necesidades de los estudiantes: condiciones materiales del cursado, horarios, facilidades para compatibilizar trabajo o familia y estudio, simplificación administrativa, etc. Las agrupaciones dejaron de atender las demandas corporativas en tanto que eran incompatibles con sus propios intereses políticos o (lo que se suponía que eran) los de la universidad pública en su conjunto.

Clases hubo

Todo esto cambió en el fatídico año de 2020. La pandemia impulsó a muchos gobiernos a tomar medidas radicales, pero pocos llegaron al punto al que lo hizo el de Alberto Fernández. La decisión de pasar a todos los niveles educativos a una modalidad remota sin tener en cuenta la peculiaridad de las prácticas educativas, los requerimientos psicológicos de jóvenes y niños y la disponibilidad de medios tecnológicos para llevarla a cabo tuvo consecuencias devastadoras, que todavía se están manifestando. Fue un desastre anunciado.

Por un tiempo pensamos que el nivel universitario iba a adaptarse algo mejor a esta modalidad. Suponíamos que, debido a su madurez psicológica, el estudiante universitario tenía suficiente capacidad de autogestión. Pues bien, esas certezas se fueron al diablo a poco de arrancar las actividades online y las clases por Zoom. La madurez psicológica de los jóvenes era ciertamente mayor que la de adolescentes y niños, pero no tanto como pensábamos. Al menos, desde el punto de vista de la educación. También ellos necesitaban el contacto físico y la convivencia espacial con compañeros y maestros.

Muchos advertimos de forma temprana que este régimen sólo podía ser una excepción breve, que no debía extenderse en el tiempo. En una fecha tan avanzada como mediados de 2021 todavía estábamos pidiendo el retorno a la presencialidad. El disimulado lockout universitario no solamente puso en evidencia la fragilidad psicológica de los alumnos y su dependencia de los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. También mostró a las claras el endeble compromiso de muchos –muchísimos– docentes con su labor. Para ellos, el régimen de la virtualidad supuso entrar al mejor de los mundos posibles, al reducir al mínimo el trabajo que demandaba la docencia, sin abandonar la comodidad de casa y con el sueldo asegurado. En muchas universidades públicas la resistencia de los docentes a volver a la normalidad del régimen presencial fue resuelta y denodada, prolongándose indebidamente durante años.

Hubo otra revelación, no menos brutal y definitiva: la notoria complicidad de los gremios docentes y las agrupaciones estudiantiles con la monstruosa decisión de cerrar las universidades. Me interesa detenerme en la dirigencia estudiantil, incluso en sus formas más radicalizadas. No solamente aceptó con sumo conformismo y pasividad la suspensión de elecciones de centros de estudiantes y de representantes en los órganos de gobierno de las universidades, sino que fue cómplice con una total desmovilización del gremialismo estudiantil, de la cual todavía no se ha recuperado.

Todo esto, sin embargo, parece haber cambiado después de la cuarentena. Los dirigentes estudiantiles entendieron que sin clases no hay alumnos, y sin alumnos no hay universidad. A diferencia de los docentes, que poseen una posición consolidada dentro de la institución, la política estudiantil le vio las orejas al lobo. No es casual que sus agrupaciones moderadas (Franja Morada, el peronismo universitario, las diferentes tribus del reformismo) hayan emergido del régimen excepcional de la pandemia con una lógica más corporativa que ideológica, mucho más sectorial que generalista. Una suspensión indeterminada (“hasta que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario”) de las actividades, como proponen ahora algunos sectores radicalizados de los docentes y los alumnos, los enfrentaría a una pérdida definitiva de representatividad ante estudiantes que pueden tolerar cualquier cosa, menos que los dejen sin clases ni exámenes. El horno ya no está para bollos.

Fin de ciclo

Existen otras razones para explicar la reciente mutación de la política estudiantil. Las agrupaciones también ven la escasa disciplina que se observa en los gremios docentes. ¿Por qué deberían volcar su capacidad de convocatoria –si es que la conservan– en una pelea que los afectados principales sólo están dispuestos a dar parcialmente? También es probable que estén analizando la coyuntura mejor, más objetivamente que los gremios docentes. Nada contribuiría de forma más directa al discurso oficialista, en las actuales circunstancias, que un paro por tiempo indeterminado, o medidas más radicales como la toma de facultades. Una universidad otra vez cerrada.

Cabe agregar un motivo más, que trasciende la coyuntura. Estoy muy lejos de idealizar la política estudiantil universitaria. Incluso me parece que se encuentra en ella una de las causas de nuestra baja calidad dirigencial. Pero es probable que, a diferencia de sus propios maestros, encastillados en la defensa cerrada de sus antiguas posiciones, los alumnos estén mejor preparados para interpretar los signos de los tiempos.

Quizá entienden mejor que ellos el hecho de que, de un modo u otro, el actual sistema universitario no tiene futuro y que con este Gobierno o el que le suceda, la reforma y el ajuste son inevitables. Los viejos tiempos de la política estudiantil vinculada a la militancia revolucionaria, las ideologías y los grandes relatos del siglo XX podrían estar tocando a su fin. La brecha entre los dirigentes-militantes y un alumnado que tiende a relacionarse con la educación universitaria como un sector más de servicios no ha hecho sino ensancharse. A fin de cuentas, son los dirigentes los que deben mostrarse receptivos con la nueva sensibilidad juvenil para poder representarla.

(Dibujo: Ziperarte)

Revista Seúl