JUZGAR LOS MISMOS HECHOS CON CRITERIOS DISTINTOS

OPINIÓN

Cuando lo hacen los demás, está mal; cuando lo hacemos nosotros, está justificado

Por Pablo Dócimo 

Existe una constante en la política contemporánea que atraviesa ideologías, países y épocas: la tendencia a juzgar los mismos hechos con criterios distintos según quién los protagonice. Aquello que en el adversario se denuncia como violencia, conspiración o desestabilización, en los propios se presenta como una legítima expresión popular.

Esta lógica, profundamente humana pero particularmente visible en la militancia política, encuentra en ciertos movimientos una forma casi sistemática de funcionamiento. En América Latina —y especialmente en la tradición populista— la protesta callejera ha sido elevada al rango de herramienta política privilegiada. Sin embargo, la valoración de esa protesta cambia radicalmente dependiendo de quién la protagonice.

El fenómeno podría resumirse en una frase sencilla: cuando lo hacen los demás, está mal; cuando lo hacemos nosotros, está justificado.

La protesta como herramienta política

Desde el siglo XX, muchos movimientos de izquierda han construido su identidad política en torno a la movilización popular. La calle es presentada como el espacio natural de expresión del “pueblo”, en contraste con las instituciones representativas, a menudo identificadas con las élites.

Dentro de esa lógica, la protesta adquiere una legitimidad casi automática cuando surge desde los sectores que se identifican con causas populares o progresistas.

Pero el problema aparece cuando ese mismo criterio desaparece cuando la protesta proviene de sectores ideológicamente opuestos.

Un corte de calles, una manifestación masiva o una huelga pueden ser interpretados de dos maneras completamente diferentes: Si lo hacen sectores afines, es una protesta legítima contra la injusticia.

Si lo hacen sectores opositores, es un intento de desestabilización o un acto antidemocrático.

La doble vara en América Latina

Este fenómeno puede observarse con claridad en la política latinoamericana. Cuando las movilizaciones se producen contra gobiernos considerados “neoliberales” o de derecha, suelen ser presentadas como expresiones legítimas del pueblo oprimido.

Sin embargo, cuando las protestas ocurren contra gobiernos de izquierda o populistas, con frecuencia son calificadas como, golpes blandos, conspiraciones de la derecha, operaciones del imperialismo, intentos desestabilizadores.

Diversos analistas han señalado esta contradicción, especialmente en relación con la reacción de ciertos gobiernos y movimientos políticos ante las protestas contra el gobierno venezolano, que fueron interpretadas por algunos sectores como conspiraciones externas más que como expresiones sociales genuinas.

La misma lógica aparece en otros contextos internacionales.

El silencio ante la represión

La incoherencia se vuelve aún más evidente cuando entra en juego la represión estatal. En muchos discursos militantes, la represión policial contra manifestaciones opositoras en países occidentales es denunciada inmediatamente como autoritarismo.

Sin embargo, esa sensibilidad desaparece cuando la represión ocurre en regímenes ideológicamente afines.

Las protestas reprimidas en países como Cuba, Venezuela, China, Rusia, Corea del Norte o algunas teocracias islámicas rara vez generan la misma indignación en ciertos sectores políticos que se autodefinen como defensores universales de los derechos humanos.

El resultado es una paradoja política: la defensa de las libertades parece depender menos del principio que de la identidad ideológica del gobierno que las restringe.

La lógica tribal de la política

En realidad, esta doble vara no es solo una cuestión ideológica, sino también psicológica.

Los seres humanos tienden a juzgar a su propio grupo con indulgencia y al grupo rival con severidad. La política moderna, cada vez más polarizada, intensifica este comportamiento.

En sociedades profundamente divididas —como ocurre en varios países de América Latina— esta lógica produce lo que en Argentina se conoce como “la grieta”, una polarización que transforma cualquier hecho político en una batalla moral entre bandos irreconciliables.

En ese contexto, los hechos dejan de evaluarse por lo que son y pasan a juzgarse por quién los protagoniza.

Conclusión

La coherencia es una de las virtudes más escasas en la política.

Defender la protesta cuando la realizan los propios y condenarla cuando la realizan los adversarios no es una postura ideológica: es una forma de hipocresía política.

Una democracia madura exige lo contrario.

Exige principios que se apliquen independientemente del color político.

Porque si la libertad de protestar solo es válida cuando coincide con nuestras ideas, entonces ya no estamos defendiendo un derecho. Estamos defendiendo un privilegio.

Tribuna de Periodistas