ALGUIEN TENÍA QUE HACERLO

OPINIÓN

Nuestro país conoce de primera mano el alcance del terrorismo patrocinado por Teherán

Por Carlos Mira

La eliminación de amenazas existenciales rara vez ocurre en escenarios ideales. La historia demuestra que, cuando las democracias dudan demasiado frente a regímenes que hacen de la violencia un instrumento político permanente, el costo termina pagándose en vidas inocentes. La acción conjunta de Estados Unidos e Israel contra la estructura estratégica del régimen iraní debe leerse precisamente en ese contexto: no como un acto impulsivo de agresión, sino como una respuesta acumulada frente a décadas de terrorismo, expansión ideológica y represión sistemática.

Ali Khamenei no es simplemente el líder religioso de Irán. Es el arquitecto político de uno de los sistemas más represivos del mundo contemporáneo y el conductor último de una red internacional diseñada para proyectar violencia más allá de sus fronteras. Bajo su liderazgo, el régimen iraní convirtió el terrorismo en política exterior, financiando, entrenando y armando organizaciones que operan como extensiones informales del Estado.

Las acusaciones no nacen de propaganda circunstancial sino de una larga secuencia de hechos verificables: represión sangrienta de protestas internas, ejecuciones masivas de opositores, persecución religiosa, subordinación total de la justicia al poder político y un aparato de control social que castiga incluso la libertad personal más básica. La muerte de Mahsa Amini y la brutal respuesta contra quienes protestaron expusieron ante el mundo un sistema que sostiene su estabilidad mediante el miedo.

Pero para la Argentina, la cuestión no es abstracta ni lejana. Nuestro país conoce de primera mano el alcance del terrorismo patrocinado por Teherán. Los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994 no fueron episodios aislados ni obra de fanáticos autónomos. Investigaciones judiciales argentinas y acusaciones internacionales sostienen que formaron parte de una planificación estratégica vinculada a la estructura de poder iraní y ejecutada a través de Hezbollah, organización financiada y respaldada por el régimen.

Ochenta y cinco muertos en la AMIA no constituyen una estadística: son la prueba concreta de que el terrorismo promovido desde Irán alcanzó el corazón de Buenos Aires. Durante décadas, la impunidad diplomática y la complejidad geopolítica impidieron que los responsables enfrentaran consecuencias reales. Esa deuda histórica explica por qué cualquier acción destinada a limitar la capacidad operativa del régimen iraní tiene también una dimensión moral para los argentinos.

Quienes hoy condenan automáticamente la acción militar conjunta suelen omitir una pregunta esencial: ¿qué alternativa real existía frente a un régimen que combina ambición nuclear, expansión regional armada y utilización sistemática del terrorismo como herramienta política? La disuasión pierde sentido cuando el adversario interpreta cada concesión como señal de debilidad.

Estados Unidos e Israel no enfrentan únicamente a un Estado rival, sino a un proyecto ideológico que considera legítima la destrucción de sus enemigos y que ha demostrado voluntad de actuar indirectamente en múltiples continentes. Ignorar esa realidad en nombre de un pacifismo declarativo equivale, en la práctica, a permitir que la amenaza continúe creciendo hasta volverse irreversible.

Las democracias liberales suelen llegar tarde a las conclusiones que los regímenes autoritarios adoptan desde el inicio: que el poder, cuando no encuentra límites, avanza. La acción coordinada contra la estructura estratégica iraní representa, más que una escalada, un intento de restablecer esos límites.

No se trata de celebrar la guerra. Se trata de reconocer que la pasividad frente al terrorismo estatal también tiene víctimas. Y la Argentina, que aún espera justicia por sus muertos, debería comprender mejor que nadie que la seguridad internacional no se preserva ignorando a quienes han hecho del terror una política de Estado.

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