ACOMODOS, CORRUPCIÓN E INCUMPLIMIENTOS

INFORME

Secretos y miserias de Juan Martín Campos, el nuevo titular de NASA

Por Nicolás Sanz

La flamante designación de Juan Martín Campos como nuevo presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) generó cierta inquietud en el sector energético, ya que su nombramiento llegó inmediatamente después de su cuestionado paso por la presidencia de Dioxitek SA, donde su gestión estuvo marcada por una sucesión de escándalos.

Así lo pudo chequear Tribuna de Periodistas, ya que Campos, un bioquímico con trayectoria en la Autoridad Regulatoria Nuclear, fue presentado por el Gobierno como la solución técnica para normalizar NASA tras la renuncia de Demián Reidel, quien dejó el cargo envuelto en denuncias por corrupción, pero su propio historial en la proveedora de dióxido de uranio siembra dudas sobre la transparencia de esta nueva etapa.

Durante su mandato en Dioxitek, la empresa quedó en el ojo de la tormenta por la designación de Federico Ramos Nápoli, quien se desempeñó inicialmente como Gerente General y lugar al que llegó tras haber sido secretario de comunicación digital y redactor de Karina Milei, sin contar con experiencia previa en el sector de energía atómica.

A este cuestionable manejo de recursos humanos se sumaron graves denuncias de corrupción interna, destacándose el caso del vicepresidente de la compañía bajo el mando de Campos, Ernesto Daniel Kirchuk, quien fue señalado por facturar servicios personales a la propia empresa por montos que triplicaban su salario oficial.

Cabe destacar que apenas un mes después de asumir su rol, Kirchuk comenzó a facturarle a la propia empresa estatal bajo conceptos como “honorarios por servicio de asistencia tecnológica”.

El vicepresidente facturaba aproximadamente $3,5 millones mensuales, cifra que triplicaba su salario oficial como vicepresidente, el cual rondaba los $1,1 millones. Cabe destacar que el físico responde al entorno de Santiago Caputo.

Lejos de ser eyectado, Kirchuk abandonó la presidencia de Dioxitek para regresar a su puesto en la Comisión Nacional de Energía Atómica, de donde se encontraba con licencia política desde septiembre de 2024.

Asimismo, en términos financieros, la herencia de Campos en Dioxitek dejó un déficit operativo de unos 4 mil millones de pesos según reveló una auditoría interna, lo que puso a la firma al borde del cese de pagos y dejó en riesgo real el suministro para las centrales Atucha y Embalse.

Paralelamente, su gestión fue incapaz de resolver el histórico conflicto por la planta de Alta Córdoba, acumulando nuevas denuncias de incumplimiento de normativas ambientales y desoyendo los reclamos de los vecinos por el traslado de la industria fuera del ejido urbano.

En esa línea, desde el año 2014, la Municipalidad de Córdoba dispuso la clausura definitiva de la planta porque su actividad es incompatible con el uso de suelo de un área residencial.

Sin embargo, la planta sigue operando gracias a sucesivas medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal, que prioriza el interés nacional de no interrumpir la generación de energía eléctrica.

El mayor escándalo ambiental es el depósito de 57.000 toneladas de residuos de uranio enterrados en el predio. Aunque la empresa asegura que están confinados de forma segura, la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) denunció que representan un riesgo radiológico para los vecinos de Alta Córdoba.

Por todo lo antedicho, durante la presidencia de Juan Martín Campos en Dioxitek, se mantuvo la promesa de trasladar la producción a la nueva planta en Formosa, pero el déficit operativo de $4.000 millones y las demoras en las obras en el norte impidieron el cierre de la sede cordobesa, obligando a mantener activa una infraestructura considerada obsoleta y peligrosa.

Asimismo, fueron los propios vecinos quienes alertaron sobre el deterioro en el mantenimiento de la planta de Córdoba debido al recorte presupuestario, lo que aumentó el temor a posibles fugas o accidentes.

Ahora, al frente de Nucleoeléctrica Argentina, Campos asume la responsabilidad de liderar el proceso de privatización parcial de la compañía, un rol de extrema sensibilidad donde sus antecedentes en Dioxitek actúan como una pesada sombra sobre la legitimidad y transparencia de los próximos movimientos del Gobierno en el área nuclear.

Tribuna de Periodistas



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