OPINIÓN
El municipio de Caleta Olivia cerró contrato por más de 720 millones de pesos con una empresa creada en noviembre del 2024, sin experiencia ni capital
Por Rubén Lasagno
En relación con la obra pública provincial la experiencia nos enseña que cuando un intendente o el gobierno central asigna contratos millonarios a empresas sin experiencia, sin capital y creadas para asumir obra pública sin ninguna transparencia: hay corrupción.
El caso que vamos a plantear hoy lo generó el Intendente de Caleta Pablo Carrizo (SER) y tiene que ver con una obra para reparar el natatorio municipal de esa ciudad, a raíz de lo cual mantuvo algunas discusiones con el gobernador Vidal, quien tiene los números muy ajustados y considera que no es momento de emprender obras de ese tipo. Sin embargo, Carrizo se apuró a liquidar el trámite en tiempo record y sacó la Licitación pública N° 02/25 para “Reparación y acondicionamiento del natatorio en el complejo deportivo municipal Ing Knudsen” con fecha de apertura de sobre el día 24 de octubre 2025, plazo de 90 días y un presupuesto oficial de $ 677.908.133,57, es decir casi 678 millones de pesos. La obra fue adjudicada a Servicios Integrales Amulén SRL
Esta empresa fue creada hace un año, no tiene expertise en obra pública, ni antecedentes de construcción de contratos millonarios, no tiene capital social (solo 4 millones de pesos), carece de respaldo financiero y está constituida por gente amiga.
No obstante lo dicho, para ser adjudicatarios de una obra por ese monto de más de 700 millones de pesos, la empresa debe tener capacidad de obra nacional, es decir, el conocimiento y la experiencia previa de haber intervenido en contratos de esta magnitud. Esta empresa no la tiene.
Irregularidades de manual
Más allá de un detalle financiero fundamental que es de dónde Carrizo va a sacar casi 1.000 millones de pesos para invertir y tampoco se sabe cómo reunirá el 20% necesario de ese monto para iniciar la misma, el intendente, por ese monto de dinero y habiendo un solo oferente, está obligado a elevar todo al Concejo Deliberante, cosa que no hizo.
Pero fuera de los fondos, su existencia o no, su manejo espurio o las peleas entre el intendente y el gobernador, Pablo Carrizo ha contratado a una empresa sospechosamente constituida para facturarle al municipio, habrá que esperar el número de factura que emita la constructora.
La empresa Servicios Integrales Amulen SRL, fue creada el 28 de noviembre de 2024 (hace menos de un año), Los socios son el matrimonio de Néstor Enrique Toledo y María Alejandra Pol, con domicilio en Pasaje Tehuelches Nº 1557 de Caleta Olivia y Salvador Toledo Pol, con domicilio en Pasaje Tehuelches Nº 1557 de Caleta Olivia.
El objeto para el que fue habilitada es “Servicios a la industria petrolera y minera, obras civiles, tareas mecánicas, inspecciones no destructivas, trabajos de soldadura, arenado y pintura, mantenimiento de espacios verdes, saneamiento de suelos contaminados, alquiler de equipos, y transporte de cargas y personal”.
Se inició con un capital de 4 millones de pesos y tiene como Gerentes a Salvador Toledo y Néstor Enrique Toledo con domicilio comercial fijado en Ernesto Amancio Mora Nº 2843 de Caleta Olivia. No tiene página web informativa, solo muestra un logo y carece de antecedentes, experiencia de obra, información institucional y contactos y tampoco figura en las redes sociales, un recurso de comunicación fundamental que usan hasta los pequeños emprendimientos. Lo que técnicamente se denomina “una empresa trucha“.
Investigando los antecedentes de los propietarios de la empresa, resultan ser todos integrantes de la misma familia y propietarios de dos conocidos comercios en la ciudad de El Gorosito, teniendo como antecedente inmediato y más conocido, haber sido siempre proveedores del Estado kirchnerista en épocas de Fernanndo Cotillo.
Toledo tuvo, previamente, una empresa vinculada al sindicato petrolero haciendo IND (inspección No Destructiva) sin ningún tipo de experiencia en la materia. Cuando Pablo Carrizo (también petrolero) asumió la intendencia de Caleta, Rafael Guenchenen como secretario General los echó del sindicato.
Se presume que a partir de allí, armaron esta constructora sin ningún antecedente ni resguardo (nacional/provincial), ni capital ni respaldo financiero ni aptitud para el manejo de estos presupuestos, pero con el objetivo de facturarle al municipio del amigo intendente. Y es así que el Intendente Carrizo en licitación y ante un solo oferente, de acuerdo a la ley de obra pública, no hizo lo que debería haber hecho: enviar el contrato para su legitimación ante el Concejo Deliberante de la ciudad o bien, volver a realizar el proceso licitatorio en plazos más acotados.
Esta falta de encaminamiento legal de obras y licitaciones por parte del Municipio implican dos cuestiones: o no tienen idea de los procedimientos de inversión y licitaciones, lo cual está descartado prácticamente de plano porque si algo no juega en estos casos es “la inocencia de los involucrados” o el intendente ha forzado una situación institucional para favorecer a personas de su entorno. Es trabajo de los concejales de Caleta de resolver este dilema.
Agencia OPI Santa Cruz
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