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Las denuncias y actuaciones judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, de Barrios de Pie y otros grupos
Por Facundo Chaves
Seg煤n pudo saber Infobae de fuentes oficiales, en la causa se ejecutaron 贸rdenes de 27 allanamientos. Se trata del resultado de las investigaciones judiciales que se iniciaron a ra铆z de una presentaci贸n ante el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Entre los acusados figuran, entre otros, Jerem铆as Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y V谩squez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. Tambi茅n est谩 bajo la lupa la actuaci贸n del Movimientos Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
En el listado de investigados tambi茅n figuran Giana Luc铆a Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo V谩squez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iv谩n Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, Mar铆a Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fern谩ndez Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, Mar铆a Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, seg煤n se indic贸.
La Sala I de la C谩mara Criminal y Correccional Federal dej贸 firme un pedido de allanamiento y la intervenci贸n de l铆neas telef贸nicas a varios acusados por el delito de extorsi贸n. De acuerdo con las actuaciones a las que tuvo acceso Infobae, los acusados “habr铆an exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participaci贸n en marchas y manifestaciones p煤blicas y/o la entrega de una porci贸n del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
De acuerdo con la instrucci贸n del caso, que estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, “se encontraban reunidos los elementos de convicci贸n suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -pertenecientes a domicilios particulares de los requeridos; sedes de comedores populares: Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Ku帽a Guapa y Caminos de Tiza, dep贸sitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas- todo ello a fin de proceder a la aprehensi贸n de los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares”.
“De las intervenciones efectuadas se desprend铆a que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos il铆citos provenientes de las extorsiones a trav茅s de ‘cooperativas’, desconoci茅ndose el destino final de ese dinero, raz贸n por la cual solicit贸 el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para as铆 determinar si obtuvieron un r茅dito econ贸mico como resultado de los hechos de coacci贸n y extorsi贸n investigados”, estableci贸 la decisi贸n que firm贸 la semana pasada la Sala I de la C谩mara.
Para el tribunal, “reviste particular importancia lograr el secuestro de los dispositivos electr贸nicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayor铆a de las exigencias coactivas y extorsivas eran transmitidas por all铆, as铆 como tambi茅n planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentaci贸n vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificaci贸n o con personas jur铆dicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de c谩pitas, cuotas, alquileres o mercader铆a; tarjetas bancarias o comprobantes de extracci贸n de dinero en efectivo”.
Seg煤n inform贸 el Ministerio de Seguridad esta ma帽ana, el tribunal orden贸 el secuestro de los dispositivos electr贸nicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayor铆a de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, as铆 como tambi茅n planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentaci贸n vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada unidad de certificaci贸n o con personas jur铆dicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de c谩pitas, cuotas, alquileres o mercader铆a; tarjetas bancarias o comprobantes de extracci贸n de dinero en efectivo.
Al respecto, se inform贸 que fueron secuestrados “millones de pesos, d贸lares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia”.
Tras los operativos, la Justicia tambi茅n logr贸 captar “los chats de apriete” de las personas que realizaron las denuncias en el 134, las cuales las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios mensajes recibidos por WhatsApp y donde quedaron las explicitadas las maniobras de extorsi贸n para concurrir a las marchas.
“Del an谩lisis de las pruebas se pudo establecer que no ten铆an concurrencia espont谩nea a las movilizaciones. Se acredit贸 tambi茅n que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vend铆an y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar pol铆ticamente”, se indic贸 en un comunicado. Y agregaron pruebas que revelan que la gente que no pod铆a ir a una marcha ten铆a que acreditarlo mediante certificados m茅dicos.
Una pelea de fondo
El Gobierno, desde el inicio de la gesti贸n, puso en marcha una pol铆tica de fuerte confrontaci贸n con las organizaciones sociales que ven铆an intermediando en la distribuci贸n y gesti贸n de la ayuda social. Esa disputa se cristaliz贸 en un protocolo que redact贸 el Ministerio de Seguridad para evitar los cortes de tr谩nsito y en un cambio en la forma de gestionar los planes, que instrument贸 el Ministerio de Capital Humano, sin la participaci贸n de piqueteros.
Las organizaciones sociales vienen realizando manifestaciones callejeras de manera peri贸dica, sin que lograran, hasta ahora, cambios en la pol铆tica que activ贸 la administraci贸n nacional.
(Infobae)
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