OPINIÓN
Vuelvo al atentado de 1992 contra la Embajada de Israel: Hezbollah se lo atribuyó al día siguiente y la Corte Suprema tardó siete años en verlo
Por Osvaldo Bazán
Hace una semana que vengo pensando en este texto. En realidad, vengo pensando en el miércoles que viene, el 7 de octubre. La masacre. Era el tema que me había impuesto. Pero hoy no tengo ganas de convertir este encuentro en los capítulos 7 y 8 de Fauda.
Voy a hablar del 7 de octubre del 2023 a través del 17 de marzo de 1992.
Me retrotraigo 11.529 días para hablar del mismo sinsentido, la crueldad de los de siempre.
Y de la impunidad que lo permite y de la inseguridad en la que nos sumerge.
El martes 17 de marzo de 1992, a las 14:47, una Ford F-100 que había estado en un estacionamiento de Cerrito, entre Juncal y Arroyo, en la ciudad de Buenos Aires, subió a la vereda de Arroyo 916 con las ruedas derechas y explotó.
Así, en el medio de una tarde porteña al final del verano.
Así, en la coqueta Recoleta.
La Ford F-100 llevaba pentrita —uno de los explosivos rompedores y de alta potencia más conocidos del mundo— y TNT en la parte de atrás.
Quedaron argentinos, israelíes, un italiano, un uruguayo, un boliviano y un paraguayo muertos.
Quedaron 240 heridos.
Lo que no quedó fue el edificio de la Embajada de Israel y el consulado, que estaba en obra.
Murieron funcionarios, empleados, albañiles, plomeros, el cura de la iglesia de al lado, tres ancianos de la residencia de enfrente, un taxista y tres personas que pasaban por ahí.
Eso es el terrorismo: morís en cualquier momento, en cualquier lado, en nombre de unos ideales que desconocés, en manos de gente que no te conoce.
Gente en Buenos Aires que murió sin saber por qué.
Ya dos días después, la justicia argentina creía tener una pista indudable. La causa del atentado a la Embajada no pasó por Comodoro Py porque, como lo que había sido atacado era una sede diplomática, correspondió siempre a la Corte Suprema.
Un taxista, Gerardo Horacio Olivieri, el 19 de marzo declaró en la Policía que el día del atentado, a las 14:45, a punto de cruzar Suipacha, un hombre en una moto de gran cilindrada se le cruzó en la calle Arroyo. Clavado, eran los asesinos.
De esa declaración salió el allanamiento de Bulnes 260, 2º A, y la detención de cuatro pakistaníes: Mohammad Nawaz, Azhar Iqbal, Mohammed Azam y Mohammad Nawaz Chaudry.
¡Pakistaníes! ¿Cómo no se nos ocurrió antes?
Les encontraron papeles, dólares y un pasaporte a nombre de Mohammad Abbas Malik. Esa misma semana, personas de Israel y de Estados Unidos volvieron al departamento, para buscar rastros de explosivos en la ropa.
No encontraron nada, pero no importó.
Lo que sí había eran dólares que, según un perito norteamericano le dijo a la Corte, no eran de la misma serie que se habían usado para pagar la camioneta. Pero no importó.
La SIDE informó que no tenía nada sobre ellos. Pero no importó.
No tenían antecedentes. Pero no importó.
Nawaz declaró que había llegado a fines de octubre o noviembre de 1990, con una visa que le consiguió un tal Shahid Pervez. Azam dijo que había entrado el 25 de febrero de 1992, tres semanas antes de la explosión, y que había venido para quedarse. Pero empezaron los problemas: el 27 de marzo el secretario de la causa certificó que las visas de Nawaz y de Iqbal eran falsas; la Cancillería informó que ni la embajada ni el consulado argentino en Pakistán se las habían dado. Los pakistaníes —ya presos— se estaban comprando todos los números en el sorteo de los perejiles del año.
El 26 de marzo, el juez Levene les tomó declaración y a los dos días escribió que no había mérito para tenerlos presos y los soltó, aunque siguieron durante años en el expediente. Se abrió otra causa por las visas falsas, pero, por más que busqué, no encontré qué pasó con eso que demostraba alegremente que en la frontera argentina había una puerta giratoria con el cartel de «entrá».
En un informe de una comisión de juicio político de la Cámara de Diputados por otro tema, en mayo de 2002 reconocen que la pista pakistaní «fue la que mayor atención acaparó, tanto en los medios periodísticos como en el tribunal, durante los primeros años de investigación».
Siete años estuvieron en el expediente los pakistaníes que habían conseguido una visa de manera ilegal, pero no habían puesto ninguna bomba. Recién en diciembre del ’99, los cuatro quedaron sobreseídos de manera definitiva.
No tenían nada que ver con el caso.
¿Y si no eran los pakistaníes? ¿Quiénes eran?
El 10 de mayo de 1999, la Corte dijo que el atentado lo había hecho la Yihad Islámica, brazo armado de Hezbollah.
¿Cómo llegó, siete años después, la Corte a esta conclusión?
Desde antes aún del atentado, en febrero del ’92, la embajada argentina en Beirut —Líbano— había contado un dato que, de haber sido dimensionado en toda su gravedad, quizás hubiera salvado las vidas perdidas.
En esos cables se contaba que el 16 de febrero de 1992, un mes antes del ataque en Recoleta, helicópteros israelíes habían atacado a un convoy en el sur del Líbano y habían matado al clérigo chiita Abbas al-Musawi, uno de los creadores de Hezbollah y su secretario general, a su mujer, a su hijo Hussein y a cuatro escoltas. Musawi llevaba encima varias decenas de asesinatos en el sur del Líbano y el norte de Israel; era un reconocido carnicero humano, tanto que su sucesor fue el temible Hassan Nasrallah.
Ese mismo día Hezbollah dijo que iba a cobrar esa muerte.
Y fue lo que hizo.
El 1 de marzo en Estambul, dos semanas antes del atentado en la calle Arroyo, dos hombres tiraron granadas contra la sinagoga Neve Shalom, y un ciego que pasaba quedó herido.
El 7 de marzo en Ankara, diez días antes del atentado en la calle Arroyo, una bomba puesta en el auto mató al jefe de seguridad de la embajada de Israel. Tenía 37 años. Dos llamados a un diario turco se atribuyeron el ataque: uno a nombre de la Yihad Islámica y otro a nombre de una Organización de la Venganza Islámica.
La venganza había comenzado.
Diez días después explotó la camioneta en la Embajada de Israel en Argentina.
El 18 de marzo, ¡el día siguiente del atentado!, la agencia internacional UPI informó que la Yihad Islámica se atribuyó el atentado en un comunicado difundido en Beirut. El grupo dijo que era una de sus operaciones contra «el enemigo sionista», en una guerra abierta hasta la desaparición de Israel, y que el suicida era un argentino convertido al islam, Abu Yaser. Dedicaba el ataque a Hussein Musawi, el hijo muerto en el convoy del 16 de febrero. Los diplomáticos argentinos en el Líbano, obviamente, lo ratificaron.
Nunca existió «Abu Yaser»: no hay pasaporte, DNI, ingreso al país ni cadáver con ese nombre.
Para que quede claro: un día antes de que un taxista dijera que vio una moto y la Corte Suprema y los medios argentinos salieran corriendo atrás de los pakistaníes de la calle Bulnes, ya la prensa internacional avisaba que un proxy terrorista de los iraníes se hacía cargo del atentado. Pero la Corte tardó siete años en reconocerlo.
Recién el 23 de diciembre de 1999, los pakistaníes fueron sobreseídos definitivamente y apareció el nombre de Imad Fayez Mughniyah, también conocido como Hajj Radwan, como procesado. Era libanés y había nacido en 1962. Lo procesaron como jefe de la seguridad exterior de Hezbollah, según habían informado los servicios secretos de Estados Unidos, Alemania y la SIDE, y en 1992 era el responsable de la Yihad Islámica. La Corte entendió que eso bastaba, lo citó a indagatoria y pidió su captura internacional.
No hay constancia de que Imad —o Hajj, a esta gente le encanta tener más de un nombre, se ve que son gratis— haya entrado al país. Sin embargo, esa citación fue un grito en el desierto que Imad —o Hajj— nunca escuchó.
Siete años después, el 20 de diciembre de 2006, repitió la captura de Mughniyah, y agrega un dato: dice que «reitera el pedido de captura junto con la de El Reda».
¿Quién es este El Reda que aparece de golpe y qué pito toca en el desastre? ¿Cómo «reitera»? ¿Cuándo lo pidió que no me enteré?
José Salman El Reda, que, con su amor por los muchos nombres, también es conocido como Salman El Reda o Abdallah, es un colombiano-libanés que vivió en la Triple Frontera. Según la Corte, fue una pieza logística importante de Hezbollah. O sea, el que trajo la plata desde el Líbano, el que se encargó de todos los detalles para que explotara la Ford F-100 en Recoleta. Pero El Reda parece haber sido muy efectivo, tanto que el juez Rafecas lo procesó hace pocos días, el 21 de septiembre, en otra causa, en la de la AMIA, y por lo mismo: habría sido el organizador de los dos atentados.
Ocho meses después del atentado, El Reda estuvo preso en Rosario. Sí, catorce años después recién la Corte lo empezó a buscar y un año y ocho meses antes del segundo atentado donde habría participado.
Claro que la detención rosarina no tuvo «nada que ver» con los atentados.
El 23 de noviembre de 1992, lo detuvieron en el Banco Nación de Rosario, cuando intentaba cambiar 5.000 dólares falsos. Ese día allanaron la habitación 1006 del hotel República, en donde se alojaba bajo el nombre de Manuel Gutiérrez, y encontraron 30.000 dólares más, también falsos. La fiscalía del caso AMIA, años después, los llamó «superdólares, de los que se atribuían a Irán y a Hezbollah» y usó la calidad de la falsificación como indicio de pertenencia al grupo.
Ahora bien, si encuentran al tipo con 30.000 dólares falsos, ¿cómo es que no lo dejaron preso?
Porque apareció el hermano, Samuel, y pagó la fianza de 20.000 dólares; los El Reda son así.
Desprendidos.
Por si hace falta una aclaración, Samuel —hermano del sindicado como organizador del atentado a la Embajada de Israel— tiene una alerta roja de Interpol, el fiscal Nisman había pedido su detención y hace dos semanas Rafecas lo procesó como coorganizador de la AMIA. Se ve que eso de organizar atentados mortales contra gente común es algo que les viene de familia.
Para que quede claro, entre uno y otro atentado, uno de los organizadores de al menos uno y quizás los dos ataques estuvo preso y salió porque su hermano, organizador del ataque que vendría meses después, pagó una fianza. Los dos anduvieron alegremente por el país repartiendo dólares falsos, mientras la justicia perseguía a cuatro pakistaníes que a esta altura de la nota ya me dan lástima.
Ahora bien, estamos en 2006: el pescado sin vender y dos pedidos de captura de la Corte Suprema que no dan ningún resultado.
La muerte de 22 personas seguía sin castigo.
El jefe de seguridad de Hezbollah, Imad Fayez Mughniyah, no apareció jamás por Argentina y ya es mejor que no lo esperen.
El 12 de febrero de 2008, le pusieron un explosivo en el apoyacabezas de su camioneta y murió en Damasco; se ve que no era un tipo muy querido. Interpol mandó el acta de defunción. Y se levantó su pedido de captura por… obvias razones.
El otro buscado desde 2006, José El Reda, desapareció después de la fianza rosarina de 1992. La captura por la Embajada sigue abierta: la Corte la reiteró en 2006 y el 15 de octubre de 2015.
No se cumplió.
No declaró.
En 2023, la fiscalía de la otra causa, la AMIA, pidió también su detención, como Abdallah Salman, alias José. Un informe de la SIDE ubica a José en una casa en la calle As’ad Al-As’ad en el sur de Beirut, y el Mossad ubica a Samuel también en Beirut y, si bien no lo alcanzó la justicia, al menos se está quedando pelado (sic). Algo es algo.
Tuvieron que pasar siete años —1992/1999— desde el atentado para que la Corte Suprema dijera que los primeros acusados —los pakistaníes perejiles— no tenían nada que ver y redirigiera la investigación hacia el proxy de Irán, Hezbollah.
Pasaron siete años más —1999/2006— para que la Corte Suprema pidiera la indagatoria de dos personas.
Pasarían nueve años más en donde no pasó nada.
Nada.
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Recién el 3 de marzo del 2015, en la inauguración del año judicial, Lorenzetti —contestando una chicana que dos días antes había lanzado en la apertura del año legislativo la entonces presidenta CFK— dijo que hubo una sentencia en 1999, anterior a su Corte, que encontró culpable a Hezbollah, que las partes la consintieron y que el tribunal no podía modificarla porque era cosa juzgada.
Tardó nada el Centro de Información Judicial para publicar un informe que desmentía a Lorenzetti. Decía que está probado cómo ocurrió el atentado y señalaba la responsabilidad del grupo, de Mughniyah y de El Reda, y que la investigación continuaba, que nada de «cosa juzgada». De hecho, Augusto Belluscio, que había firmado el fallo del ’99, dijo que no se resolvió nada y que se ordenó continuar.
Lo cierto es que el tole tole sirvió para mover un poco el avispero y, pocos meses después, en septiembre del 2015, la Corte —también con la firma de Lorenzetti— repitió la orden de captura de José Salman El Reda y agregó otra contra Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman.
¿Quién es Suleiman?
Un agente de Hezbollah, que había sido detenido en Jordania en junio de 2001.
¡2001, cuando acá todavía estábamos con los pakistaníes!
El bueno de Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman —otro al que los nombres le salen gratis— habría contado que en 1991 viajó a San Pablo y que a principios de 1992, en Foz de Iguazú, recibió explosivos y los trajo a la Argentina en un ómnibus, escondidos en cajas de comida.
En 2022, Infobae publicó un informe del Mossad que suma nombres que la Corte no condenó: Talal Hamieh, como comandante junto a Mughniyah, y Malek Obeid, alias Houssam, el armero que habría venido a preparar la carga. Ese papel dice que viven en el Líbano y en Irán.
Desde 2015, no se mueve una hoja en el expediente del primer atentado de un grupo terrorista extranjero en Argentina.
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.
Nunca se ejecutaron los pedidos de indagatoria y no se sabe qué dice Interpol, si algún país contestó o no a esos pedidos.
Nunca se identificó al que compró la Ford que estalló en Recoleta, por la que se pagaron 20.500 dólares en una agencia con un documento brasileño falso a nombre de Elías Ribeiro Da Luz.
Hezbollah —Irán— está detrás de las dos causas, pero todavía no se decidió si se unen o no.
La impunidad con la que se movieron por el país los responsables de la bomba en la Embajada les sirvió a los terroristas iraníes para saber que podían volver a hacerlo.
Y lo hicieron, dos años después.
Hace 34 años que la Corte Suprema de Justicia mantiene impunes esos asesinatos.
O al menos, no se ve ningún movimiento al respecto.
Hoy, Hezbollah y su jefe, Irán, saben que pueden actuar en Argentina sin costos.
No es la mejor manera de enfrentar otro 7 de octubre.
Tengan ustedes un buen fin de semana.
Revista Seúl
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