POLÍTICA
La auditoría oficial detectó beneficiarios que no cumplen los requisitos legales
Por Redacción
Cuando la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la Ley de Discapacidad, el oficialismo tuvo que efectuar modificaciones sustanciales pedidas por los bloques dialoguistas.
El oficialismo cedió en ítems polémicos que buscaban dar de baja beneficios clave, garantizando que continúe la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, una cobertura estatal elemental para quienes padecen cuadros de incapacidad para trabajar y no disponen de recursos básicos.
Pensiones fantasmas
A pesar del compromiso parlamentario y a la espera del debate en el Senado, la Casa Rosada avanzará por vía ejecutiva y dará de baja cerca de 20.000 pensiones por invalidez laboral que fueron catalogadas como irregulares luego de una exhaustiva auditoría sobre un padrón de 1.100.000 beneficiarios en todo el país.
En los despachos oficiales sospechan que existen cientos de miles de prestaciones asignadas a personas que no reúnen las condiciones exigidas por la normativa. Los funcionarios libertarios definieron estas asignaciones como “pensiones fantasmas” y adelantaron que las revisiones recién comienzan, por lo que las medidas de ordenamiento se profundizarán en las próximas semanas.
Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que la poda administrativa no afectará los derechos adquiridos de quienes presenten diagnósticos fehacientes. “Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan”, explicaron voceros gubernamentales.
Cronograma
El cronograma oficial prevé que los primeros resultados de las inspecciones se difundan de manera inminente entre martes y jueves. Las conclusiones iniciales derivarán en la interrupción de transferencias de fondos a miles de usuarios irregulares, lo que generará reclamos públicos y quejas sectoriales que se extenderán en el tiempo.
Dentro del oficialismo señalan que el crecimiento exponencial del padrón ocurrió durante el mandato de Alberto Fernández, período en el cual afirman que primó un reparto con fines proselitistas. La anterior administración del Frente de Todos había celebrado en mayo de 2023 haber alcanzado las 300.000 pensiones otorgadas, pero en el Gobierno aseguran que se concedieron a personas sin incapacidad física comprobable.
Tensiones internas por el gasto y financiamiento
El inminente recorte coincide con una sostenida crisis de financiamiento en las entidades prestadoras. Las negociaciones por la nueva ley abrieron fisuras internas: mientras el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el funcionario Diego Santilli mostraron receptividad, el ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei cuestionaron el incremento del gasto público.
Al mismo tiempo, en el Ministerio de Salud existe recelo sobre si las modificaciones normativas beneficiarán directamente a las personas vulnerables o terminarán engrosando las ganancias de los contratistas privados vinculados al área médica de la discapacidad.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sigue de cerca los números del presupuesto proyectado para solventar la ley aprobada. Pese al disgusto que el costo fiscal causa en la cartera económica, el Gobierno optó por acelerar la revisión administrativa para recortar erogaciones fraudulentas.
Clausura de fundaciones fantasmas
La depuración excede los haberes individuales e incluye instituciones privadas subvencionadas.
Se da en territorio bonaerense, donde las autoridades procedieron a la clausura de prestadores que cobraban cifras multimillonarias: el caso más resonante involucra a la Fundación METAS, radicada en la localidad de La Reja, en el partido de Moreno.
Las inspecciones sobre esa entidad constataron que las instalaciones estaban cerradas, sin luz, sin provisión de agua y colmadas de basura. A pesar de su estado edilicio de abandono total, la firma facturó al Estado más de 6.200 millones de pesos entre los años 2017 y 2025 bajo la fachada de un Servicio de Apoyo a la Integración Escolar.
Los desmanejos bajo análisis alcanzan a titulares que perciben un ingreso mensual cercano a los 380.000 pesos sumado a la cobertura médica estatal del programa Incluir Salud. Los aliados legislativos ya anticiparon que respaldarán la supresión de estos subsidios siempre que los expedientes cuenten con el debido sustento probatorio y documental.
El frente judicial en la agencia de discapacidad
Los controles habían quedado demorados tras el escándalo de presunta corrupción desatado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En aquel episodio se filtraron audios del entonces director ejecutivo, Diego Spagnuolo, que referían a una supuesta recaudación indebida de coimas y derivaciones ilegales, lo que motivó su inmediata destitución por presunta falta de ética pública.
La investigación penal a cargo del fiscal Franco Picardi, con respaldo de los magistrados Sebastián Casanello y Ariel Lijo, derivó en el procesamiento judicial del exfuncionario por contrataciones con sobreprecios en la compra de medicamentos, mientras la Casa Rosada busca cerrar ese foco de conflicto acelerando las bajas de beneficios apócrifos.
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