POLÍTICA
El esquema habría movilizado cerca de 3.200 millones de dólares en sobornos cobrados a empresarios para autorizar importaciones durante un período estimado de 16 meses
La Justicia motoriza en estas horas un presunto sistema de coimas millonarias que habría funcionado durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.
Según los cálculos de los sabuesos, el esquema habría movilizado cerca de 3.200 millones de dólares en sobornos cobrados a empresarios para autorizar importaciones durante un período estimado de 16 meses.
La cifra surge de un promedio del 10% sobre un flujo mensual de operaciones por unos 4.000 millones de dólares. Si bien los periodistas remarcaron que se trata de versiones difíciles de comprobar judicialmente, coincidieron en que los testimonios de empresarios son numerosos, consistentes y cargados de indignación.
Entre los presuntos operadores señalados aparece el nombre de José Sebastián Jabbaz, procesado en la causa de “La ruta del dinero K”, quien habría tenido un rol clave en el manejo de los fondos. También se mencionó a Matías Tombolini, entonces secretario de Comercio, cuya gestión habría estado marcada por desprolijidades, incluyendo reuniones con múltiples interesados que esperaban con valijas y maletines, lo que generaba sospechas dentro y fuera del edificio.
A Tombolini lo habría sucedido su segundo, Germán Cervantes, mientras que en la cúspide de la estructura de decisiones figuraban tres hombres de extrema confianza de Massa: Raúl Pérez, jefe de asesores, Franco Mollo, su histórico secretario privado, y El propio Massa, como máxima autoridad del ministerio.
El circuito incluía varios organismos: Secretaría de Comercio (Tombolini), AFIP (Carlos Castagneto), Aduana (Guillermo Michel) y el Banco Central.
Cada autorización requería el visto bueno de esas “cuatro terminales”, lo que habría abierto paso a un esquema de facilitadores y gestores que cobraban por agilizar los trámites. El dinero se entregaba en dólares billete, con una tarifa que arrancaba en el 10% del valor autorizado y que, con confianza, podía bajar hasta el 8%. Incluso se ofrecían “descuentos por cantidad” o promociones “2×1”.
Los facilitadores eran abogados, despachantes o personas ligadas a la política. Se mencionaron locaciones como barrios privados (como La Damasia en San Fernando), hoteles de lujo en Puerto Madero (como el Hilton y el Faena) e incluso bares donde se realizaban las entregas de dinero. Según los testimonios, algunos abogados conocidos por sus tatuajes —apodados “el hombre ilustrado”— actuaban como intermediarios clave con llegada al Frente Renovador.
Si bien existen presentaciones judiciales, como la de diputados de la Coalición Cívica que impulsaron una causa y solicitaron aplicar la Ley del Arrepentido, hasta el momento la justicia federal no logró avances significativos. Según los periodistas, la causa tramitada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Carlos Taiano solo duró entre cinco y seis meses antes de perder impulso.
Una de las dificultades para avanzar es que muchos empresarios que habrían pagado sobornos temen convertirse en cómplices si dan testimonio. Sin embargo, algunos habrían manifestado su intención de declarar, hartos de un sistema que consideran profundamente corrupto.
En la parte superior del presunto esquema, el rol de Franco Mollo y Raúl Pérez habría sido clave: Mollo se encargaba de recibir los datos y coordinar el lugar de entrega del dinero, mientras que Pérez supervisaba que las “operaciones” se completaran sin fugas.
Todo esto habría ocurrido con la presunta participación o al menos el conocimiento de Sergio Massa, lo que, de comprobarse, implicaría una de las tramas de corrupción más importantes de los últimos años en Argentina, con ramificaciones que, según algunos testimonios, incluso habrían tocado sectores de la oposición.
Tribuna de Periodistas
Comentarios
Publicar un comentario