OPINIÓN
El escándalo que reabre el debate sobre la ética en el poder
Por Diego Goldberg
El viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Nueva York por la llamada “Argentina Week 2026” volvió a poner sobre la mesa una discusión que en Argentina aparece una y otra vez: ¿Alcanza con cumplir la ley o hay algo más que se le debe exigir a quien maneja el Estado?
Porque el punto no es solo ese viaje ni las sospechas de enriquecimiento ilícito que empezaron a circular. El tema de fondo es otro: la delgada línea entre lo que es legal y lo que, simplemente, está mal.
La famosa Ley 25.188 de Ética en la Función Pública marca la cancha para todos los que trabajan en el Estado, desde el empleado más bajo hasta el funcionario más poderoso. Habla de transparencia, de responsabilidad, de rendir cuentas. En los papeles, está todo bastante claro.
El problema es cuando se baja a la realidad. Ahí es donde empieza el cortocircuito: cumplir formalmente la ley no siempre significa actuar de manera ética. Y menos todavía cuando los controles son flojos o directamente inexistentes.
El consultor político Carlos Fara lo explica sin vueltas: si un funcionario siente que no va a tener consecuencias —porque la Justicia tarda, porque hay impunidad o porque todo se diluye—, entonces el incentivo para respetar la ley baja. Y, en paralelo, crece la tentación de cruzar la línea.
Desde otra mirada, la politóloga Carla Carrizo plantea que este tipo de casos no son excepciones, sino síntomas de algo más profundo. Arrancan como situaciones confusas —como mezclar lo público con lo privado—, pero terminan mostrando posibles violaciones claras a la ley.
Y a medida que aparecen más datos, el foco cambia: ya no se discute solo el viaje, sino posibles conflictos de intereses o información que no fue declarada. Entonces surge una pregunta incómoda: si las reglas existen, ¿por qué se actúa como si no estuvieran?
Según explicó Carrizo al portal El Auditor, hay varias respuestas, y ninguna es tranquilizadora. Primero, muchas leyes no se reglamentan del todo, lo que las deja medio “en el aire”. Segundo, la propia política evita controlarse a sí misma. Y tercero, hay algo más difícil de cambiar: una cultura donde ciertos abusos de poder no generan el rechazo que deberían.
En ese contexto, la falta de castigos concretos no solo debilita la ley, también moldea la percepción social. Y ahí aparece otro problema: la naturalización.
Fara lo dice claro: mucha gente ya da por hecho que hay corrupción en todos los gobiernos, sin importar el color político. Que pasó antes, que pasa ahora y que va a seguir pasando.
Esa idea termina generando una lógica bastante peligrosa: mientras haya resultados, muchos están dispuestos a mirar para otro lado. Es decir, lo ético pasa a segundo plano frente a lo práctico. Así se instala una frase que se repite como justificación automática: “pasa en todos los gobiernos”.
¿Impacta esto en la confianza? Sí, pero de una manera particular. La gente desconfía, pero al mismo tiempo lo ve como parte del sistema. Como si fuera una regla no escrita. Ahora bien, cuando los resultados no aparecen, ahí sí el desgaste es mucho más fuerte.
Para Carrizo, el problema va todavía más allá. Advierte que esta dinámica no solo afecta a la política, sino a toda la sociedad: más desigualdad, más polarización o, en el otro extremo, apatía, bronca y hasta formas de violencia. Y sin embargo, insiste en algo clave: las reglas ya existen. No hay que inventarlas.
Lo que falta es hacerlas funcionar de verdad. Reglamentar lo que quedó a medio camino, crear organismos de control que no dependan de la propia política y, sobre todo, establecer límites que se cumplan en serio.
Porque al final, la discusión no es técnica ni jurídica. Es mucho más simple —y más incómoda—: que lo que está mal, esté mal en serio. Y que el poder, alguna vez, tenga límites que no se puedan esquivar.
Tribuna de Periodistas
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