OPINIÓN
Una humillación mayúscula
Por Carlos Mira
La Argentina asistió ayer a una escena que, por su potencia simbólica, trasciende largamente el episodio judicial concreto. Quien durante años encarnó el epítome del poder total —rodeada de liturgia, privilegios y una narrativa de intangibilidad— fue obligada a descender a la condición más elemental de cualquier ciudadano frente a la ley: dar su nombre, su apodo, la filiación de sus padres y detallar sus antecedentes penales ante un funcionario judicial común y silvestre. Para cualquiera, un trámite; para quien se creyó por encima de todos, una humillación mayúscula.
Ese instante debería ser leído como una lección necesaria. No para regodearse en la caída ajena, sino para reinstalar una noción básica que la Argentina había extraviado: el poder es transitorio, la ley es permanente. El descenso a tierra de quien se percibía como una suerte de reina debería ser tomado con la máxima seriedad por todos aquellos dirigentes que, seducidos por la lógica del mando, comienzan a confundirse con la idea de imperio. No hay coronas eternas en una república; sólo responsabilidades que se delegan y que, llegado el caso, se rinden.
Ahora bien, la escena también interpela a la propia Justicia. No alcanza con exhibir, en un momento puntual, la capacidad de someter al poder político. La credibilidad del sistema judicial sigue erosionada por años de opacidad, demoras y sospechas. Si esta imagen pretende convertirse en un punto de inflexión, deberá estar acompañada por un proceso sostenido de depuración interna, transparencia y rigor. De lo contrario, el gesto quedará como una excepción espectacular dentro de una regla aún demasiado porosa.
El mensaje alcanza también al gobierno actual. No hay indicios de que el presidente ambicione una vida de excesos ni de privilegios desmedidos; por el contrario, todo sugiere una inclinación personal hacia la frugalidad. Pero precisamente por eso, el estándar debe ser más alto, no más laxo. Apelar a la teoría del costo marginal para relativizar o justificar los lujos de funcionarios —por más eficientes o cercanos que sean— resulta un argumento impropio de una administración que se propone romper con los vicios del pasado.
La sociedad argentina ha dado, en este sentido, un paso cualitativo. Ha dejado de medir la gravedad del uso indebido de los recursos públicos por su cuantía y ha comenzado a juzgarlo por su esencia: el uso en provecho personal es reprochable en sí mismo, independientemente de si el costo marginal es alto o bajo. Esa vara, más exigente y más sana, es la que debe consolidarse.
La imagen de ayer debería ser incorporada como material pedagógico. No por morbo, sino por su valor formativo. Que los jóvenes vean qué ocurre cuando el poder se desvía de su propósito y se utiliza para enriquecerse bajo la coartada de ayudar a los más vulnerables. Que comprendan que no hay relato que resista indefinidamente el contraste con la realidad.n
Y no estaría de más que esa misma imagen circule también en los despachos, en los pasillos y en los ámbitos donde se ejerce el poder cotidiano. Como recordatorio permanente de que la función pública no es un privilegio, sino una carga; que su finalidad primera no es el beneficio de quien la detenta, sino la creación de condiciones para que cada ciudadano, por sí mismo, pueda progresar y mejorar su destino.
Ayer no cayó una persona: se resquebrajó una ilusión de impunidad. Que esa grieta no vuelva a cerrarse depende, ahora, de todos.
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