ARRANCA LA BATALLA JUDICIAL POR LA REFORMA LABORAL

POLÍTICA

En el Gobierno aseguraron que llegarán hasta la Corte Suprema y algunos señalaron que el juez que emitió el fallo debió haberse excusado

Por Mariano Obarrio

En el gobierno de Javier Milei las "reformas históricas" duran menos que los festejos de los funcionarios porque suelen toparse con el freno judicial. Pero la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello anunció que saldrá a ponerle el pecho a la adversidad y apelará el fallo de la justicia laboral que frenó en los tribunales mediante una medida cautelar los 83 artículos de la Ley de reforma laboral que La Libertad Avanza había celebrado como si fuera el final del desempleo y del trabajo en negro.

"Por supuesto que el Gobierno va a apelar y seguirá todas las instancias judiciales hasta la Corte Suprema", dijo a iProfesional uno de los funcionarios más importantes del Ministerio de Capital Humano. La ministra Sandra Pettovello emitió un comunicado para explicarlo en tono épico.

El Gobierno irá a fondo para defender la reforma laboral en la Justicia

La medida cautelar fue dictada por el juez nacional del Trabajo número 63, Raúl Horacio Ojeda, que de ese modo procedió a congelar la ley, suspendió 83 artículos, los principales, al menos por ahora. En la Casa Rosada aseguraron a iProfesional que llegarán hasta la Corte Suprema, pero mientras tanto no regirá la reforma laboral.

El Ministerio de Capital Humano, señaló en un comunicado que "con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 -en la causa Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa" Expte. CNT 10308/26- por el cual suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral".

Prosiguió: "El Ministerio reafirma su firme compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores".

En ese sentido, ratificó que "se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno. El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia".

En ese texto iba una carga misilística para el peronismo, la justicia laboral y la CGT. El presidente Milei había presentado la reforma laboral como el mayor éxito de su gobierno despues del decreto 70/23 y aseguró que permitirá crear más puestos de trabajo y eliminar el trabajo informal. Sin embargo, los índices laborales siguen cayendo: el Indec señaló que 2025 terminó con un 7,5% de desempleo y luego de dos años de gestión libertaria se cerraron 22.000 Pymes y 300.000 empleos.

El golpe judicial no fue menor. Ocurrió justo cuando en la Casa Rosada todavía brindaban por el fallo favorable en Estados Unidos que evitó pagarle 18.000 millones de dólares al fondo Burford por el caso YPF. Entre copa y copa, llegó la noticia menos festiva: la justicia laboral local le puso un freno de mano a una de las reformas más buscadas del mileísmo.

Al gobierno de Milei lo corren los tiempos: las apelaciones en segunda instancia llevarán meses y luego la Corte Suprema podría dormir el expediente mientras llegan las elecciones presidenciales de 2027. Si bien las Pymes y los empresarios aseguran que la reforma no creará empleo, muchos estaban de acuerdo con avanzar en ella para reducir costos laborales.

"Vamos a ir hasta las últimas consecuencias", señalan desde el Gobierno

La respuesta oficial fue inmediata al juez del Trabajo Raúl Ojeda, casi automática. "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias", repiten en Balcarce 50, como si se tratara de un mantra de gestión o una cláusula estándar del manual libertario. Traducido: habrá apelación, contraapelación y todo el recorrido judicial disponible.

Pero no se quedaron ahí. En voz baja -aunque lo suficientemente alta como para que se escuche- algunos funcionarios deslizaron que el juez Ojeda "debería haberse excusado". Para la política argentina, cuando un fallo no es favorable, lo que no funciona es el juez.

El expediente que desató la tormenta judicial fue presentado por la CGT, que pidió la inconstitucionalidad de buena parte de la reforma. El juez Ojeda no resolvió el fondo -todavía-, pero sí consideró que había elementos suficientes para dictar una medida cautelar y evitar que los cambios entren en vigencia antes de tiempo. En buen romance, mejor frenar ahora que lamentar daños después.

Los artículos clave de la reforma laboral suspendidos por el juez

La lista de artículos suspendidos no es menor ni decorativa. Incluye modificaciones sensibles: desde cambios en la Ley de Contrato de Trabajo hasta nuevas reglas sobre huelga, representación sindical, teletrabajo y plataformas digitales. También toca cuestiones delicadas como indemnizaciones, tercerización y el principio "in dubio pro operario", una especie de mandamiento histórico del derecho laboral argentino. También impugnó el Fondo de Asistencia Laboral con el cual las empresas deberían pagar las indemnizaciones.

En la ley quedó establecido que cada empresa deberá destinar entre 1,5% (grandes) y 2,5% (Pymes) de las cargas sociales a un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que será una cuenta individual de cada empresa que acumulará fondos hasta que sean suficientes como para indemnizar despidos. Esos fondos que aportan al FAL dejarán de aportarlos a la Anses para sostener las jubilaciones de los pasivos.

Para el Gobierno, en cambio, la discusión debería ser otra. En su presentación, el Estado cuestionó la legitimación de la CGT para representar a todos los trabajadores, la existencia misma de un "caso concreto" y defendió -con lógica institucional- la presunción de legitimidad del Congreso. Suspender una ley, advierten, no es un detalle técnico: es meterse de lleno en la división de poderes.

El juez, sin embargo, compró parcialmente el argumento sindical. Reconoció la representación colectiva de la CGT y entendió que la cautelar era necesaria para evitar "daños irreparables" si la ley comenzaba a aplicarse. Un concepto que en tribunales pesa más que cualquier discurso sobre competitividad o clima de negocios.

Los argumentos del Gobierno consistieron en que la ley es fundamental para incentivar las inversiones y que de ese modo se crearían más fuentes de trabajo e incentivaría la formalización del trabajo en negro, pero el magistrado señaló que ello excede a su competencia, que es interpretar las leyes a la luz de la letra y el espíritu de la Constitución.

Como si hiciera falta sumar tensión, no es el único frente judicial. Días antes, otro fallo había suspendido artículos de la misma ley en el ámbito del comercio, a partir de una presentación del sindicato que conduce Armando Cavalieri, uno de los jefes sindicales más alineados con la Casa Rosada. Señal de que la batalla recién empieza y será, como suele ocurrir en la Argentina, larga, fragmentada y con final abierto, seguramente en la Corte Suprema.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la reforma es clave para atraer inversiones y modernizar el mercado laboral. La Justicia responde que primero hay que ver si es constitucional. Y la CGT celebra cada pausa como una victoria estratégica: para la central obrera, ganar tiempo es más importante porque sabe que corre con el reloj del desgaste del capital político de Milei.

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), expresó que el fallo es "algo grato para el movimiento obrero ya que la justicia laboral declaró muchos artículos, incluso más de los que habíamos presentado nosotros, como inconstitucionales".

En el medio, la ley queda en un limbo: aprobada, cuestionada, suspendida y apelada en un camino más o menos largo hacia la Corte Suprema. Es decir, vigente en los discursos y en la pela política, pero en pausa en la realidad. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, Milei tendrá una carrera contra el tiempo para demostrar que la reforma laboral pueda crear trabajo y en caso de una caída del empleo tendrá a los culpables perfectos: la CGT y los jueces laborales.

iProfesional