POLÍTICA / SOCIEDAD
Rubén Ovelar es, además, el intendente de La Cumbre, en uso de licencia. (La Voz / Archivo)
Por Juan Federico
El titular en Córdoba del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), Rubén Ovelar, fue imputado por el fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian, por el delito de desobediencia a la autoridad.
En concreto, a Ovelar se le reprocha que el Pami no hizo caso a una orden judicial tras el amparo que debió presentar la familia de un adolescente que quedó tetrapléjico en el verano de 2016 a raíz de un accidente en la pileta del club Instituto, en la sede social ubicada en el barrio de Alta Córdoba.
El joven, de entonces 14, resultó con serias lesiones el 3 de febrero de 2016 cuando se arrojó a esa pileta y sufrió la fractura de columna, lo que le ocasionó una tetraplejia espástica por traumatismo raquideomedular cervical.
Si bien en un primer momento logró que el Pami Córdoba le cubriera la atención médica, al año la obra social dejó de asistirlo de manera integral, según el amparo que iniciaron su abuela y su madre.
Las mujeres le solicitaron al Pami que continuara cubriendo el 100 por ciento del tratamiento de neurorrehabilitación intensivo y transporte, pero, ante los reiterados incumplimientos de la obra social, debieron iniciar una batalla legal en los Tribunales federales de Córdoba.
En noviembre de 2018, ante un pedido de la familia, el Pami había rechazado una cobertura para la rehabilitación multidisciplinaria en un centro especializado. En su descargo, la obra social indicó que los profesionales que lo trataban no eran prestadores del Pami y que el número de sesiones solicitadas era excesivo, según consta en el expediente.
Ante esto, abuela y madre presentaron un recurso de amparo que fue otorgado en noviembre de 2019 por el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro.
En la resolución, el magistrado le ordenó al Pami una cobertura integral del tratamiento de neurorrehabilitación intensivo en el centro de salud solicitado, que se hiciera cargo también del transporte, ida y vuelta, desde el hogar hasta el Centro, y que en 20 días acreditara la cancelación de todo lo adeudado hasta entonces.
Pese a ello, en la Justicia se entiende que el Pami no hizo caso a aquella orden judicial y continuó negando las prestaciones solicitadas. “Ovelar, como titular, había desobedecido la manda judicial, cumpliendo tardíamente o incumpliendo por completo”, reprocha el fiscal Hairabedian al momento de la imputación.
El adolescente hoy tiene 17 años y, según un informe médico que fue presentado en Tribunales federales en octubre último, se observa un gran deterioro en su estado clínico y funcional, ya que no está recibiendo el tratamiento adecuado.
Según este informe, el joven padece el incremento de problemas respiratorios, dolores, deformidades y contracturas que impiden un buen descanso, lo que atenta de manera notable contra su calidad de vida.
Consultado por La Voz, Ovelar dijo que aún no había sido notificado de ninguna imputación por parte del fiscal federal. No obstante, aclaró que se trataba de un caso anterior a que él asumiera al frente del Pami-Córdoba y en términos generales explicó que los casos de amparos que se presentan en contra de la obra social son manejados por el área de Asuntos Jurídicos.
“Se cumple con todo lo que ordena la Justicia, salvo que haya alguna imposibilidad de cumplir por algún requisito especial que hayan fijado y no sea posible de encontrar en el país o no esté reglamentado por las autoridades de salud”, agregó.
Fiscal Federal. Maximiliano Hairabedian firmó la acusación. (Nicolás Bravo / Archivo)
Demoras
Por su parte, la asesora oficial Mercedes Crespi, que ha participado en diversos amparos similares contra obras sociales y prepagas que demoran la cobertura a sus afiliados, valoró la decisión del fiscal Hairabedian.
“Nunca conseguimos desde la defensoría que los fiscales le prestaran la atención que nosotros creemos necesaria para este tipo de situaciones. Hasta que el año pasado asumió Hairabedian en la Fiscalía N° 3 y comenzó a ocuparse de otra manera, porque hasta entonces para las obras sociales era más barato incumplir que cumplir con lo que le decía la Justicia”, explicó.
En ese sentido, fuentes judiciales que conocen cómo es el laberinto judicial en el que ingresan esas acciones de amparo para intentar lograr las coberturas de obras sociales y prepagas indicaron que en medio de las dilataciones que estos procesos suponen las familias de los pacientes se terminan por endeudar de manera notable para ir cubriendo los gastos impostergables que las atenciones médicas suponen.
Por ello, indican que la imputación penal de los responsables puede ser un camino que ahora se abra en el campo judicial para evitar esta clase de dilataciones.
¿Quién es?
Rubén Ovelar es el actual intendente de la localidad de La Cumbre, en uso de licencia. Pero su currículum político es mucho más ancho. Se desempeñó como autoridad del extinto Ipam durante el primer gobierno de José Manuel de la Sota, y luego fue funcionario del Poder Legislativo, bajo el ala de Carlos Alessandri. Con el padrinazgo del hoy senador nacional Carlos Caserio, fue dos veces elegido intendente de esa localidad del Valle de Punilla y en febrero de 2020 quedó al frente de la delegación Córdoba del Pami. En noviembre último, Ovelar quedó envuelto en una polémica pública luego de que la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, abrió una investigación de oficio por la supuesta violación a las normas sanitarias dispuestas por la cuarentena durante la inauguración en La Cumbre de un bar del hijo de él. “Se trata del bar de uno de mis hijos y de un socio. Yo estuve 15 minutos. Sí, había exceso de personas ahí. Lo manifesté incluso. La Municipalidad labró un acta y procedió a la clausura”, reconoció Ovelar en aquella oportunidad en declaraciones a la prensa.
(La Voz)
Comentarios
Publicar un comentario