Diputados nacionales de distintos bloques de la oposición lograron unificar un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y ratificaron que para el jueves pedirán una sesión especial para discutir el tema.
Entre los puntos básicos está el pedido de prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esas partidas cada 3 meses con un mecanismo que tenga en cuenta el índice del precios al consumidor (IPC) y la variación de la canasta básica.
"El Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción", aseguró el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la unidad de los bloques para presentar un solo proyecto. Según informó el sitio Infobae.
Tras la presentación del proyecto, el legislador resaltó que "la oposición está unida y decidida a aprobar la Emergencia Alimentaria porque" entiende "que es una necesidad urgente".
El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que la iniciativa "busca darle al ministerio de Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete las herramientas administrativas" para destinar mayor presupuesto a "los comedores, las intendencias y las provincias".
En declaraciones a radio Futurock, el dirigente kirchnerista consideró que la norma permitiría también que estas licitaciones "sean lo más ágil posible, lo más potente y transparente posible". "Me imagino que no habrá muchos diputados que quieran volver a sus provincias planteando que se negaron a tratar la emergencia alimentaria", destacó Rossi.
El Gobierno, en tanto, recibió a la cúpula de la CGT para abordar el tema y volvió a cuestionar a la oposición por hacer una utilización "política" de ese reclamo, aunque no aclaró cual será su posición en el Congreso.
El Gobierno acordó con la cúpula de la CGT un mecanismo de apoyo logístico de los gremios para contener la demanda de los comedores para los sectores más vulnerables y en paralelo la Casa Rosada analizará una ayuda social extra a los desocupados de los gremios que integran la central obrera.
A la vez, se debatió un programa alimentario para los sindicatos que estén con afiliados desempleados. Se trataría de una tarjeta alimentaria que complementaría la ayuda social que ya tiene acordada la Nación con la Confederación General del Trabajo.
La colaboración entre el gobierno y la CGT fue acordada en una reunión entre la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el ministro de Producción, Dante Sica, y la cúpula de la central obrera representada por Carlos Acuña, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer.
Durante el encuentro con Stanley y Sica, los líderes gremiales expresaron su preocupación por la profundización de la pobreza y el impacto de la inflación en los precios de los alimentos que afecta de manera directa a los sectores más desprotegidos y a los desempleados.
Tanto los funcionarios del Gobierno como de la CGT coincidieron en que en estos momentos no hace falta declarar la emergencia alimentaria, ya que hay herramientas para asistir a los más necesitados con la ley vigente.
Así, el Gobierno alineó su discurso en torno a este tema, ya que tras la reunión de Mauricio Macri con su gabinete, Alejandro Finocchiaro –ministro de Educación– pidió a la oposición que "no se utilice el sufrimiento de la gente para hacer política" y destacó que "en la ley votada en septiembre de 2016 se establecieron todo tipo de herramientas para situaciones como la que estamos viviendo, que de hecho ya las está usando la ministra Stanley".
Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclararon además que la semana pasada se aumentó el 50% el monto de las raciones de comedores y merenderos, aumentaron cantidad de compra de comida, se hizo un acuerdo para sacarles el IVA a productos esenciales, se les dio el bono de 1.000 pesos para todos los chicos que tienen Asignación Universal por Hijo (AUH) y aumentaron las jubilaciones y planes con la actualización del salario mínimo vital y móvil. Además, está en estudio entregar un bono de $5.000 al sector privado.
Quiénes & Porqué / Infobae
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