HISTORIAS
Un fraude monumental con lingotes que iban y venían. Involucró a funcionarios, bancos y al poder político de los años '90
La grieta legal que fue una mina de oro
Todo comenzó con una decisión aparentemente técnica. El 28 de octubre de 1992, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo firmó la Resolución 1239, que estableció el esquema de "arancel espejo": un mismo porcentaje de arancel para la importación y de reintegro para la exportación de cada posición aduanera. La medida buscaba estimular las exportaciones, pero tuvo un efecto colateral imprevisto —o quizás previsto por algunos—: creó un incentivo perverso para exportar oro.
El oro monetario —lingotes destinados a reservas— ingresaba al país exento de aranceles e IVA, como si fuera una divisa extranjera. Pero en lugar de destinarse al sistema financiero, más de 60 toneladas de oro fueron vendidas a talleres y empresas exportadoras que las transformaban mínimamente en medallas, cajas de relojes o contactos eléctricos. Luego las exportaban declarando valores abrumadoramente sobrevaluados y cobraban reintegros aduaneros de entre el 10% y el 15%.
El negocio era redondo: el valor agregado real en las plantas locales era de apenas el 1% o 2% del costo total, pero los reintegros se calculaban sobre el valor declarado de exportación, inflado artificialmente. En un caso documentado, Casa Piana declaró la exportación de 50.400 medallas a 104 pesos cada una, cuando el costo real de elaboración era de solo 6,10 pesos por pieza. Con esa sobrefacturación, cobraron casi 500.000 pesos de reintegro sobre un costo real de producción de apenas 307.440 pesos.
La "calesita": el ciclo infinito del fraude
El mecanismo, descripto por los investigadores como una "calesita" o "carrousel", funcionaba en un ciclo perfecto:Importación subsidiada: los bancos Galicia, Baires y Velox importaban lingotes de oro desde Suiza bajo la figura de "oro para uso monetario", sin pagar aranceles ni IVA.
Manufactura mínima: empresas como Casa Piana, Talami, Rodhio y Casa Eise transformaban someramente el metal en manufacturas de ínfimo valor agregado.
Exportación sobrefacturada: se simulaba la exportación a compradores internacionales como Handy & Harman, MTB Bank o Aurofin, declarando precios exorbitantes.
Cobro de reintegros: con documentación apócrifa, se cobraban del Estado los reintegros aduaneros y créditos fiscales por exportaciones inexistentes o sobrevaloradas.
Fundición y retorno: en el exterior, las manufacturas eran fundidas en refinerías como Valcambi (Suiza) y reconvertidas en lingotes "good delivery", listos para ser importados nuevamente por los bancos locales.
El ciclo se reiniciaba una y otra vez, multiplicando las ganancias ilícitas. Según las estimaciones judiciales, el fraude superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones declaradas, con un perjuicio directo al Fisco de entre 150 y 200 millones de dólares.
Advertencias ignoradas: el Estado miró para otro lado
Lo que hace aún más grave el escándalo es que no fue un secreto. Desde agosto de 1993, inspectores de la Policía Aduanera advirtieron formalmente sobre el ilícito. Los subinspectores Oscar Salvi y Damián Sierra elevaron la nota ANPACS, señalando que "los montos percibidos por las empresas a título de reintegro (12,5 y 15 por ciento) son mucho mayores que el valor agregado (1 a 2 por ciento)", violando el Código Aduanero. Solicitaron suspender los pagos e iniciar una investigación. Sus reclamos fueron ignorados.
El 28 de diciembre de 1993, el administrador de la Aduana Gustavo Parino envió la Nota "Reservada" AN 704 al secretario de Ingresos Públicos Carlos Tacchi y al viceministro Carlos Sánchez, advirtiendo que Casa Piana planeaba exportar 80 millones de dólares en 1994. Tacchi recomendó por escrito, al día siguiente, eliminar totalmente los reintegros al oro. Sin embargo, el equipo económico dilató la medida durante casi dos años, solicitando informes adicionales a diversos funcionarios.
El costo de esa demora fue astronómico: aproximadamente u$s 80 millones en subsidios indebidos.
"El Día D": fuga de información y maratón exportadora
El 1 de agosto de 1994, Cavallo firmó la Resolución 923, que condicionaba los reintegros al uso progresivo de oro nacional. La norma iba a publicarse en el Boletín Oficial el 9 de agosto. Pero el secretario de Minería, Ángel Maza, filtró el texto completo por fax al lobbysta de Handy & Harman, Carlos Axel Augspach, con una nota manuscrita: "De acuerdo a lo conversado".
La filtración desató lo que la Policía Aduanera denominó "El Día D". Entre el 7 y el 8 de agosto de 1994, las empresas involucradas exportaron u$s 58 millones en oro en solo 48 horas, aprovechando los subsidios de la normativa saliente antes de que entrara en vigencia la restricción. Fue una corrida frenética que reflejó hasta qué punto los operadores tenían información privilegiada y capacidad de reacción.
Dimensión internacional: sobrefacturación del 19.000%
Mientras en la Argentina los controles brillaban por su ausencia, la Aduana de EEUU en Miami ya investigaba las operaciones desde marzo de 1993. El agente especial Charlie Adan detectó importaciones sobrefacturadas hasta en un 19.000%: medallones de cobre comprados como chatarra a u$s 0,50 eran declarados a u$s 95,40 al ingresar a territorio estadounidense.
Las firmas involucradas —Intergold Corp., Mold Dies & Novelties, Handy & Harman, MTB Bank— estaban bajo investigación por sobrevaluación, estafa y lavado de dinero. La causa estadounidense avanzó mucho antes que la argentina, evidenciando la gravedad del entramado y su proyección internacional.
Entramado político: protección desde el poder
El fraude no habría sido posible sin la complicidad o la omisión deliberada de altos funcionarios. La estructura de responsabilidades incluye:Ministerio de Economía: Domingo Cavallo, Carlos Sánchez y Néstor Stancanelli demoraron 20 meses en cortar los reintegros, permitiendo el desfalco.
Secretaría de Minería: Ángel Maza no solo filtró la Resolución 923, sino que impulsó exenciones impositivas para la refinería vinculada a la trama.
Aduana y DGI: Gustavo Parino "cajoneó" las alertas de la Policía Aduanera; Ricardo Cossio, titular de la DGI, ignoró denuncias de evasión desde junio de 1994 y recién ordenó investigar en marzo de 1995.
Poder Judicial: el juez Guillermo Tiscornia, apodado "El Mudo", absorbió las causas para garantizar impunidad local. Las denuncias por contrabando terminaron neutralizadas mediante "autodenuncias" en su juzgado.
El vínculo con el poder político se extendió incluso al entorno presidencial. El 6 de octubre de 1994, el Salón Blanco de la Casa Rosada fue sede del lanzamiento oficial de Refinería Riojana SA, con la presencia del presidente Carlos Menem, el secretario de Minería Ángel Maza y el gobernador riojano Bernabé Arnaudo. La inversión anunciada era de apenas 5 millones de dólares, un monto insignificante para el sector minero, pero contó con una audiencia privada previa en el despacho presidencial.
Detrás de la operación estaba Eduardo Vázquez, abogado e inversor socio de Enrique Piana, quien en noviembre de 1994 asumió la representación legal del Grupo Yoma, propiedad de la familia presidencial. Los trámites de radicación y exención impositiva de Refinería Riojana SA en La Rioja fueron encomendados a Luis Alberto Reynoso, gerente general de Curtidos Riojanos y hombre de extrema confianza de Emir Yoma. Reynoso inscribió la empresa fijando como domicilio legal su propia vivienda particular.
Violencia mafiosa: cuando el caso trascendió lo económico
El escándalo no fue solo un fraude financiero. Cuando la investigación judicial comenzó a avanzar, la respuesta fue el terrorismo mafioso.
El 21 de junio de 1996, Patricia Lanusse de Rawson, hermana del fiscal federal Pablo Lanusse —quien investigaba el fraude—, fue brutalmente interceptada y atacada con más de cien tajos en el cuerpo. La palabra "ORO" fue grabada con un cúter en su frente. El atentado conmocionó al país y bautizó definitivamente el expediente en la prensa como "La Mafia del Oro".
El fiscal Lanusse ya había sufrido un ataque con cuchillo en 1996 y diversas amenazas, incluyendo intimidaciones al jardín de infantes de su hijo y seguimientos de la SIDE. Las investigaciones posteriores sugirieron que estos hechos fueron maniobras de distracción orquestadas en el contexto de disputas de poder internas del gobierno menemista.
Las escuchas de causas de narcotráfico revelaron la participación de sicarios como Roberto "Tano" Di Martino en los atentados, sumado al asesinato impune de investigadores policiales como el subcomisario Jorge Omar Gutiérrez.
Protagonistas: un puñado de firmas
El negocio estuvo concentrado en un puñado de empresas creadas o reconvertidas específicamente para la captación de reintegros:Casa Piana SA: liderada por Enrique José Piana ("El Duque"), Miguel Seligmann y Rubén Gobbi. Su facturación mensual saltó de 200.000 pesos en 1992 a más de 20 millones en 1994. Exportó más de 260 millones de dólares a EEUU y creó firmas pantalla como C&P Mining, Gemmodesign y American Precious Metals.
Talami SA: adquirida como sociedad de papel por Oscar Daniel Yaya y el inversor suizo Duzan. Exportó medallas toscas y 561.700 cajas de reloj para ser fundidas en la refinería Valcambi (Suiza). Generó exportaciones por más de u$s 114 millones.
Casa Eise SA: de Edgardo Roggenbau, pasó de facturar u$s 3,4 millones en 1992 a u$s 96 millones en 1994. Proveedora ficticia de Casa Piana para generar crédito fiscal falso de IVA. Contrabandeó 700 kg de plata en autos con doble fondo.
Rodhio SRL: de Luis Ricigliano, empresa unipersonal reconvertida en gigante exportador. Se asoció con Casa Piana y Handy & Harman para fundar Refinería Riojana SA.
Aurosur SA: radicada en Tierra del Fuego para cobrar adicionalmente los reembolsos por puertos patagónicos.
La red bancaria incluyó al Banco Galicia, Banco Baires (dirigido por Antonio Roberto Lanusse) y Banco Velox. En el exterior, los compradores y pantallas fueron Handy & Harman, MTB Bank (Manfra, Tordella & Brookes) e Intergold Corp., entre otros.
Fraude fiscal: créditos de IVA
Además de los reintegros aduaneros, las empresas reclamaban a la DGI la devolución del IVA sobre insumos y servicios de fabricación. Para ello, crearon redes de proveedores ficticios y utilizaron facturas apócrifas. Casa Piana vendió créditos fiscales espurios al Banco de Quilmes por un valor de 21,8 millones de dólares entre 1993 y 1995.
Entre marzo y mayo de 1995, el grupo de inspección conocido como "Los Intocables", comandado por José María Peña, recopiló la prueba documental contundente sobre la evasión impositiva masiva y la creación de créditos fiscales de IVA apócrifos. Pero para entonces, el grueso del fraude ya se había consumado.
Más de dos décadas de impunidad
La causa tuvo una tramitación extremadamente larga, extendiéndose por más de dos décadas. El 27 de marzo de 1997, Enrique Piana fue detenido por el FBI en un hotel de East Hampton (Nueva York) por orden del juez estadounidense Donald Haneke, marcando el colapso definitivo del grupo exportador.
Sin embargo, en Argentina, las condenas por asociación ilícita y estafa contra los principales implicados recién quedaron firmes en años recientes, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso punto final judicial al caso.
Espejo de la degradación institucional
"La Mafia del Oro" no fue un hecho aislado de delincuencia económica común. Fue la manifestación corporativa de un sistema de hipercorrupción e impunidad estructural. Las estructuras del Estado —Aduana, DGI, ministerios y fuerzas de seguridad— operaron activamente o por omisión cómplice para permitir el vaciamiento fiscal.
La colusión entre el poder económico, los operadores políticos y magistrados corruptos generó una red de protección impenetrable. Y cuando la justicia independiente —encarnada en figuras como el fiscal Pablo Lanusse— intentó desmantelar el núcleo de la trama, el sistema recurrió al terrorismo mafioso y a la violencia física como último recurso de intimidación institucional.
El libro de Marcelo Zlotogwiazda, "La Mafia del Oro: La mayor estafa al Estado argentino permitida desde el Poder", se consolida como una cruda radiografía de la degradación institucional de la Argentina de los años noventa. Una época en que la connivencia entre el poder político y el delito económico puso en vilo las bases de la democracia y el Estado de derecho.
Hoy, a casi tres décadas de los hechos, el caso sigue siendo una advertencia: cuando las instituciones fallan y los controles se debilitan, el crimen organizado encuentra terreno fértil para operar. Y el costo no solo se mide en dólares: se mide en la confianza ciudadana en el Estado y en la justicia.
Diario NORTE
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