POLÍTICA
Fracasado el intento de avanzar con la eliminación de las PASO y la introducción de las “colectoras”, el Gobierno avanza con el Plan PAS. El objetivo es que Milei gane en primera vuelta y Karina negocia con los gobernadores plata y acuerdos políticos
Sin festejo ni feriado nacional, el Gobierno da vuelta la página del Mundial y empieza una nueva etapa: la de la reelección de Javier Milei. Es lo único que importa y hasta la propia Karina Milei, otrora defensora a ultranza de arrasar el país con el sello de La Libertad Avanza, está dispuesta a supeditar toda la estrategia electoral a garantizar el triunfo electoral del hermano. El fantasma del gobierno fallido de Mauricio Macri acecha los pasillos de Casa Rosada, y la gestión libertaria está decidida a hacer todo lo posible para ganar en primera vuelta. Y la clave para lograrlo es la eliminación de las PASO.
“Arranca la etapa pre electoral que acelera los acuerdos políticos”, grafica un funcionario nacional, unas horas antes de participar de la reunión de la mesa política que encabezó Karina el martes en Casa Rosada. Cada funcionario tiene sus prioridades. El Presidente, que no participa de las reuniones de la mesa política, quiere avanzar con la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Luis Caputo, con la reforma de la ley de Inocencia Fiscal. Federico Sturzenegger, con su Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya intentó aprobar cuatro veces en el Senado y fracasó.
La prioridad de la mesa política, mientras tanto, es otra: conseguir los votos para avanzar con la reforma electoral mientras se negocian el resto de las leyes. No es la agenda pública que el Gobierno quiere instalar puertas afuera, pero es la que sostiene puertas adentro. La urgencia es simple: el Gobierno apuesta a ganar en primera vuelta en 2027, y para eso necesita tener el frente interno ordenado y a la oposición atomizada. Sin Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno busca asegurarse de que el peronismo llegará partido a la elección general.
El objetivo original, sin embargo, se evidenció imposible: ni los gobernadores ni el PRO tienen ningún interés en avanzar con la eliminación de las PASO. Así se lo hicieron saber a Diego Santilli hace casi medio año, cuando todavía era ministro del Interior, y han sostenido la postura desde entonces. Descartado el Plan A, el Gobierno esbozó un Plan B: suspender las PASO en 2027 y modificar la Boleta Única de Papel (BUP) de modo de habilitar la inclusión de adhesiones –coloquialmente conocidas como “colectoras” aunque no llevan ese nombre en el caso de la BUP– de categorías inferiores de votación a una categoría superior, como la presidencial.
Este plan, que le permitía a los gobernadores adherirse a una boleta de LLA sin resignar sus propios candidatos a legisladores nacionales, se chocó con la resistencia de algunos mandatarios. Hasta la propia jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, salió a diferenciarse en público de la estrategia. “No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, afirmó, hace un par de semanas, anticipándose al rechazo que ya percibía entre los senadores del radicalismo y el PRO.
Frente a la resistencia de los senadores aliados, el Gobierno activó una tercera estrategia: la eliminación de la obligatoriedad de las primarias, mejor conocida como el Plan PAS. Esta propuesta fue ideada originalmente por el PRO, quien buscó salir de la encerrona que le proponía el oficialismo con una alternativa que dejaba viva la posibilidad de ir a primarias abiertas y simultáneas, pero quitándole el peso de una interna obligatoria.
La propuesta no resuelve la impugnación oficial –es decir, el costo fiscal que implica para el Estado garantizar internas partidarias–, pero sí el desafío estratégico. “Las primarias, al no ser obligatorias, pierden su funcionalidad. Favorecen al oficialismo porque no tiene competencia”, explica una senadora con diálogo cotidiano con Cristina Fernández de Kirchner que observa, con irritación, que los gobernadores peronistas, otrora integrantes del mismo frente del que ella formó parte, están dispuestos a acompañar con su voto esta última propuesta del Gobierno.
La lógica que subyace a esta alternativa es que las internas, al no ser obligatorias, no arrastrarán un gran caudal de votantes. Si en las PASO de 2023 participó el 70% del electorado, en el Gobierno especulan con que unas PAS no convocarán a más del 40% del electorado. Y si a eso se le suma que el oficialismo no participará, ya que Milei no irá a una interna con nadie, la elección pierde fuerza predictiva. Es decir, deja de funcionar como una gran encuesta y contiene el efecto negativo que podría tener si el Gobierno perdiese las PASO.
En Casa Rosada miran con atención la experiencia del macrismo y el Frente de Todos, cuando la derrota en las PASO aceleró la incertidumbre económica. El objetivo es impedir que una derrota en las elecciones internas arrastre una corrida cambiaria que perjudique la estabilidad económica y, con ello, las posibilidades de reelección de Milei. Unas primarias sin oferta oficialista y con una participación menor al 50% despejarían cualquier “riesgo kuka”, como le gusta decir al ministro de Economía.
La alternativa de las PAS, a su vez, dejaría al peronismo sin herramienta para dirimir su internismo. “Es el Presidente el que elige al candidato de la oposición, ¿quién va a querer ir a una interna así?”, se pregunta una dirigenta cristinista, aludiendo a una debilidad que el massismo también ya empezó a identificar: sin internas obligatorias, ningún candidato opositor se arriesgará a que el oficialismo le intervenga su interna abierta con el objetivo de empoderar al candidato más débil.
El Gobierno se muestra confiado de que, de fallar los primeros dos planes, esta tercera alternativa servirá para empezar a allanar el camino de cara a la reelección de Milei. El objetivo es llevar el tema al recinto a partir de septiembre, pero dependerá de los acuerdos políticos que Karina y Santilli cierren en cada provincia. Ningún gobernador quiere regalarle a Milei la llave de su reelección a cambio de nada: piden recursos y la garantía de que no les armarán listas competitivas en sus distritos.
En el primer caso, el Gobierno comenzó a cumplir. La semana pasada, la Nación habilitó un adelanto financiero por $400 mil millones para Córdoba, pero no fue la única provincia beneficiada. También liberó más de $25 mil millones en materia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones. Todo esto solo en una semana, con el compromiso de seguir enviando.
El segundo caso es más difícil, pero los gobernadores saben que no les queda otra que confiar. “Si no acompañamos la puerta se cierra, al menos así nos garantizamos una promesa”, admite un peronista del norte grande que anticipa que, cuando llegue el momento, votará con el Gobierno.
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