POLÍTICA / LOCALES
Cruz del Eje, es en razón de detectar graves irregularidades ambientales y ordena paralizar todas las obras vinculadas directa o indirectamente al proyecto
La medida fue dictada en el marco de una acción de amparo ambiental colectivo presentada por la Comunidad Indígena Territorial Comechingona Sanavirón Tulián y vecinas y vecinos de la región con el acompañamiento de las Dras. Ananda Lavayen y Maria Laura Carrizo Morales, ante las graves irregularidades detectadas en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el riesgo de daño ambiental, cultural y arqueológico que podría causar.
En su resolución, el Tribunal aplicó de manera expresa el principio precautorio, destacando que cuando existe peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no puede justificar la inacción del Estado. En este sentido, sostuvo que permitir el avance de las obras podría generar impactos irreversibles sobre el ambiente, la biodiversidad, el bosque nativo y el patrimonio cultural y arqueológico de la zona.
Entre los puntos más relevantes señalados por la Justicia se encuentran:Graves falencias en el Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo contradicciones técnicas y falta de información clave.
Violación del derecho de acceso a la información y a la participación ciudadana, ya que la audiencia pública fue meramente formal y sin participación real de la comunidad.
Ausencia de consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena, a pesar de tratarse de un proyecto emplazado en su territorio ancestral y dentro de la Reserva Arqueológica Provincial Quilpo.
Falta de evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos de las distintas obras proyectadas en la zona.
Riesgo de afectación a zonas de bosque nativo protegidas y al equilibrio del perilago del Dique Cruz del Eje.
La resolución ordena suspender la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia y paralizar todas las obras vinculadas directa o indirectamente al proyecto, hasta que se dicte sentencia definitiva o se cuente con información suficiente que permita una evaluación ambiental adecuada.
Para la Comunidad Indígena Tulián, este fallo representa un nuevo triunfo histórico. En 1806, la comunidad obtuvo judicialmente el reconocimiento de su territorio frente a la Corona Española. En 2014, la comunidad logro el cierre de la mina Cerro Negro en Quilpo, mina que sólo permaneció 24 horas en su territorio. Hoy, esta resolución vuelve a reafirmar que la comunidad sigue ejerciendo su rol ancestral como guardiana del territorio.
Por su parte, para la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de San Marcos Sierras la sentencia es un enorme reconocimiento a meses de trabajo y movilización, que comenzó con pedidos de informe, análisis minucioso del proyecto, reuniones con autoridades, de tejer redes, de difundir lo que sucedía, de cuidar el territorio con guardias permanentes para evitar que sigan desmontando y de buscar asesoramiento legal, buscando que la justicia frente el proyecto ante los graves daños que causaría. que llevó a presentar esta medida cautelar favorable junto a la Comunidad Tulián.
Sin dudas, el fallo representa un precedente clave en la defensa del ambiente y de los derechos de las comunidades, y reafirma que el desarrollo no puede avanzar vulnerando normas ambientales, culturales y constitucionales.
“La Justicia volvió a dejar en claro que no hay desarrollo posible sin participación ciudadana, sin respeto por los pueblos indígenas y sin protección del ambiente”, señalaron las y los amparistas”.
Texto: Gentileza Comunidad Tulián
CDM Noticias
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