LA POLÍTICA DEL GARROTE

POLÍTICA / OPINIÓN

Ahuyenta empresarios

Por Florencia Donovan

El Gobierno de Alberto Fernández parece decidido a quemar puentes, no sólo con la oposición después de anunciar la suspensión de las clases presenciales de forma unilateral, sino que también terminó de dinamitar en las últimas horas su vínculo con gran parte del sector privado. Las medidas difundidas ayer para contener la suba de precios no son más que la confirmación para muchos de ellos de que no hay dentro del gabinete económico margen para el diálogo.

La política del garrote esfumó en menos de una semana el esfuerzo que había hecho el Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, por acercarse a los empresarios que participaron del Foro de Llao Llao, en Bariloche, el encuentro organizado por Eduardo Elsztain y la Fundación Endeavor, que cada año reúne durante tres días en el hotel construido por Bustillo a los representantes de algunas de las principales fortunas del país para debatir sobre el futuro de la Argentina.

“Wado estuvo bien. Dijo que había una visión equivocada y prejuiciosa de La Cámpora, que ellos querían más empresas y no menos, y que de hecho él tiene campo, y que se dedica a la actividad agropecuaria”, recordó uno de los presentes. Muchos de los que lo escucharon primero desconfiados y al final casi embelesados hoy están desconcertados. El Frente de Todos es imprevisible: los empresarios no terminan de entender quién define la política económica.

El Foro, sin embargo, no tuvo este año el brillo de otros. La mayoría de sus miembros más relevantes hoy están viviendo en España o en Uruguay. No participó, por caso, ninguno de los referentes de los cinco unicornios –como se conocen a las empresas de tecnología valuadas en más de US$ 1000 millones– que tiene la Argentina, y que solían viajar cada año hasta Bariloche para formar parte del encuentro.

En paralelo, en plena pandemia, del otro lado del Río de la Plata, muchos de los empresarios argentinos que en los últimos dos años decidieron dejar del país –prácticamente hay referentes de todas las grandes fortunas, de todas las industrias– acaban de unirse para crear la Asociación de Argentinos Radicados en Uruguay (AARU), una fundación que ya se registró legalmente, pero que todavía no se presentó en sociedad. La idea de AARU, explican, es poder contar con una plataforma formal a través de cual generar y discutir proyectos que contribuyan al desarrollo de Uruguay. “Queremos devolver la generosidad con la que nos recibieron”, confía, en estricta reserva uno de ellos. La próxima vez que De Pedro quiera realmente seducir al empresariado argentino de peso tal vez deberá contemplar cruzar el charco.

A esta altura está claro que el Gobierno puede tener éxito controlando Precios Máximos, stocks o hasta aplicando la ley de Abastecimiento, pero no puede evitar que las empresas –o sus dueños– dejen el país.

Entre las multinacionales admiten que la Argentina se vuelve, para sus casas matrices, cada vez más irrelevante. Para aquellas que ganan plata, las utilidades que recogen en pesos y luego trasladadas a dólares, pesan poco o nada en sus balances globales. Y para las que sí representan algo, da lo mismo: bajo el férreo control cambiario vigente es imposible que esos dólares lleguen a la casa matriz.

“Si siguen respondiendo con más controles y amenazando con la ley de Abastecimiento es que no entendieron nada de los mensajes que estamos mandando”, advertía, resignado, otro referente del sector privado. La cámara norteamericana, Amcham; la de alimentos y bebidas, Copal, son sólo algunas de las que recientemente hicieron público su malestar por la prórroga del programa Precios Máximos, además de los nuevos regímenes informativos –SIPRE y SIFIRE– con los cuales la Secretaría de Comercio Interior aspira a controlar los precios, las ventas, los stocks y que no haya “productos espejo” que busquen sortear la creciente creatividad fiscalizadora. Sus quejas no terminan de hacer mella en el Gobierno.

A favor del gabinete de Fernández: el empresariado argentino históricamente abusa del recurso. Pero entre las empresas norteamericanas ya hay señales de que el problema podría escalar más allá de la frontera argentina. No importa cuán cordial haya sido la visita del enviado de Joe Biden esta semana –Juan González Román, director para el Hemisferio Occidental–, las cuestiones comerciales corren por otro carril. Desde la Secretaría de Comercio Exterior de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) hicieron sondeos hace algunas semanas entre empresas norteamericanas y realizaron un relevamiento sobre los controles cambiarios y a las importaciones –las SIMIS– vigentes en el país. La última vez que se realizó un relevamiento similar, durante la gestión de Cristina Kirchner, la USTR terminó presentando con una demanda en contra de la Argentina ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Ya en el pasado el Departamento de Comercio norteamericano demostró tener independencia operativa de la política diplomática: en 2018, en el mejor momento de la relación entre Donald Trump y Mauricio Macri, Estados Unidos decidió trabar el ingreso al país del biodiesel argentino, cercenando exportaciones por unos US$ 1600 millones.

Para los empresarios, los interlocutores dentro del equipo económico que hasta ahora se mantenían como bastiones de la moderación perdieron peso relativo o han decidido endurecerse. No está claro si por instinto de supervivencia o por convencimiento. El ministro de Economía, Martín Guzmán, es un ejemplo de lo primero. “La inflación es un problema multicausal que se ataca, primero, desde la política macroeconómica (fiscal, monetaria y cambiaria); y segundo, con políticas de precios e ingresos que ayuden a alinear comportamientos y expectativas con los objetivos definidos en el Presupuesto”, twitteaba el 2 de marzo pasado. Desde entonces, dentro de su propio equipo se encargaron de voltear uno de los pilares de los cuales dependía su plan de estabilización de la inflación para el 2021. La suba de tarifas, anticiparon tanto desde el Enargas como desde la subsecretaría de Energía Eléctrica –que depende del propio Guzmán–, no superará el 9% (contra el 30%, que estimó el Ministro, que debían subir para controlar el peso de los subsidios). Si quedaba algo en pie del presupuesto, la hoja de ruta que Guzmán defendió a capa y espada, el dato de inflación de 4,8% de ayer se ocupó de hacerlo trizas. La única promesa pública que pudo sostener es la de mantener el dólar planchado. Porque incluso con las restricciones anunciadas el miércoles, los economistas empiezan a dudar de que el rebote de la actividad económica anticipado por el Ministro finalmente se cumpla.

El desconcierto de los privados a esta altura es total. Mientras Guzmán está en el exterior intentando dar señales de acercamiento al FMI, desde el kirchnerismo duro le minan las intenciones con declaraciones imprudentes. O en el Congreso, la alianza oficialista avanza con proyectos –como la reforma de Ganancias– que claramente no estaban contemplados en el Presupuesto avalado por el Ejecutivo.

Pero también, el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, uno de los de mayor diálogo con el sector privado, ahora se volvió para los empresarios una incógnita. Pese a que en diálogos privados dijo en más de una ocasión que su intención era ir abandonando el programa de Precios Máximos –que contiene gran parte de las categorías de productos que se encuentran en la góndola de un supermercado– para quedarse con el de Precios Cuidados, en el cual participan voluntariamente las empresas con 650 productos que sirven para marcar precios de referencia– la realidad es que la Secretaría de Comercio Interior, que forma parte de su cartera, no se alinea a esa idea con sus actos. Pareciera que los escribas del Boletín Oficial no están siempre en la Casa Rosada.

(LA NACIÓN / Ilustracion: Alfredo Sabat)